Las historias del salvadoreño Kilmar Abrego García y la cubana Heidy Sánchez Tejeda ponen en entredicho la eficacia de ambos, cien días después de «iniciados los mandatos» de USCIS y Trump. Pero esto no es lo único malo que tenemos cien días después de haber llegado Donald Trump al poder.
Cien días después del inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump, su política migratoria, reforzada por un Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) transformado en aparato punitivo, ha dejado tras de sí una estela de dolor, confusión legal, retrocesos institucionales y cifras económicas preocupantes. Lejos de restaurar la «seguridad nacional» prometida, el gobierno ha puesto en duda el compromiso de Estados Unidos con el estado de derecho y los derechos humanos, con los casos de Kilmar Abrego García y Heidy Sánchez Tejeda como ejemplos emblemáticos del fracaso.
El caso Abrego García: falsedad, arbitrariedad y desprecio judicial
Kilmar Abrego García, salvadoreño residente legal bajo protección contra la deportación desde 2019, fue deportado por la fuerza a El Salvador el 15 de marzo de 2025. ¿La razón? Un presunto vínculo con la pandilla MS-13 sustentado, según el propio presidente Trump, en una fotografía manipulada donde supuestamente lucía tatuajes alusivos a la organización criminal. Una afirmación rotundamente falsa, desmentida por expertos en pandillas, jueces y hasta por el propio Departamento de Estado, que ha reconocido que la imagen fue editada digitalmente.
El presidente Trump, en entrevista con ABC, se negó a reconocer el error. Al contrario, insistió en que las letras “MS13” estaban tatuadas en los nudillos de Abrego. En vez de rectificar, desvió la atención y convirtió un acto de brutal negligencia administrativa en un circo mediático.
En realidad, lo que Trump mostraba como evidencia de la militancia de Abrego García a la M-13 era una imagen alterada en redes sociales, donde símbolos como una hoja, una cruz y una calavera —visiblemente inocuos— habían sido acompañados por un texto sobreimpreso con las letras “MS13”. Trump confundió esa edición digital con un tatuaje real y, cuando el periodista Terry Moran intentó corregirlo, respondió con irritación y prepotencia: “¿Por qué no dices simplemente que sí lo tiene y seguimos con otra pregunta?”, exigiendo que se tomara por verdad lo que era una mentira evidente, tal y como lo recoge The New York Times. Cualquier semejanza con un ex líder cubano que todos conocemos es pura coincidencia.
Lo cierto es que Abrego fue deportado a un país donde su vida corre peligro, y encerrado en una megacárcel diseñada para los criminales más peligrosos del continente. Todo esto pese a una orden judicial federal de 2019 que prohibía expresamente su expulsión a El Salvador. La Corte Suprema, en una decisión unánime, ordenó al gobierno «facilitar su retorno». Hasta hoy, la administración Trump ha incumplido con descaro.
La narrativa oficial sigue oscilando entre el absurdo y la desfachatez: que si el joven fue deportado por error, que si ahora ya no hay forma legal de traerlo de regreso, que si El Salvador lo retiene como un criminal. En realidad, todo parece indicar que hay una decisión política de ignorar la ley, incluso si eso significa dejar en evidencia a los propios jueces nombrados por republicanos.
Y por si fuera poco, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó clara la postura del gobierno: si Abrego García regresa a EE.UU., será deportado de inmediato otra vez. Lo dijo en CBS sin rodeos, afirmando que “no está bajo nuestro control” y que “está en su país”. Lo que ignora —o pretende ignorar— es que la deportación original fue ilegal y en violación de una orden judicial. La administración no solo actúa al margen de la ley, sino que se jacta de hacerlo.
Heidy Sánchez Tejeda: madre deportada, bebé abandonada
El segundo caso paradigmático es el de Heidy Sánchez Tejeda, cubana residente en Tampa, esposa de un ciudadano estadounidense y madre de una bebé de un año. Heidy estaba en proceso de legalización migratoria mediante una petición I-130 presentada por su esposo, Carlos Yuniel Valle. No tenía antecedentes penales ni había cometido infracción alguna. Sin embargo, el 22 de abril fue llamada sorpresivamente a una cita adelantada por ICE. Al presentarse con su hija lactante y una asistente legal, fue detenida sin posibilidad de defensa y deportada de inmediato a Cuba, separándola de su bebé y su esposo.
La escena fue devastadora. Heidy rogó entre lágrimas que no la separaran de su hija. Fue inútil. ICE ignoró toda lógica humanitaria y la embarcó en un vuelo junto a otros 80 deportados. La administración alega que Sánchez tenía una orden de deportación pendiente por no presentarse a una cita migratoria en 2019, cuando intentó pedir asilo en la frontera con México durante la era del programa “Remain in Mexico” de Trump. Lo que no dice es que Heidy no pudo asistir a esa cita debido a la violencia en la frontera y la ausencia de representación legal, condiciones ampliamente documentadas por organismos internacionales.
Hoy, la pequeña Kailyn se asoma a la ventana llamando a su madre. Una madre que fue detenida, deportada y tratada como criminal sin haber cometido delito alguno. El mensaje de USCIS y del gobierno es claro: no hay espacio para el matiz, la compasión o la legalidad.
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El comunicado de USCIS: propaganda que no resiste el escrutinio
Mientras estos dramas humanos se desarrollan, USCIS celebra sus 100 días con un comunicado oficial donde se jacta de haber “restaurado políticas de sentido común” y puesto fin a la “explotación del sistema de inmigración”. Se menciona con orgullo la eliminación del parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos; la implementación de una herramienta de monitoreo de redes sociales para detectar «antisemitismo y antiamericanismo»; y la participación activa de sus funcionarios en arrestos masivos en oficinas migratorias.
Según USCIS, estas medidas fortalecen la seguridad nacional. Pero lo que realmente revelan es un Estado que convierte a sus agencias en brazos de represión, vigilancia y castigo. La agencia no menciona ni una sola vez el debido proceso. No hay rastro de preocupación por las órdenes judiciales incumplidas, ni por los errores admitidos por sus propios voceros. En lugar de corregirlos, se institucionalizan.
Mentiras sin pausa: las 100 falsedades de Trump en sus primeros 100 días
En paralelo, el presidente ha desplegado un repertorio de falsedades que ya marca un récord: al menos 100 mentiras verificadas en estos 100 días, según un informe de CNN reseñado de manera íntegra por MSN. Desde datos económicos manipulados, hasta cifras migratorias infladas y guerras ficticias, Trump ha distorsionado la realidad con una frecuencia que no sorprende, pero que sigue alarmando.
Entre las más burdas: decir que los precios de los huevos bajaron 93%, que la gasolina cuesta menos de 2 dólares en algunos estados (no hay ninguno donde eso sea cierto), o que la inflación “no existió” durante su primer mandato. En materia migratoria, ha afirmado que construyó más de 570 millas de muro (fueron 458, muchas de ellas reemplazos), que sólo bajo su mando se redujeron los cruces ilegales a niveles históricos (en realidad, bajaron durante la pandemia por el cierre mundial de fronteras) y que 21 millones de migrantes entraron bajo Biden (la cifra es menos de la mitad).
Y… ¿Qué dice Trump de la contracción de Wall Street? ¡Pues que es culpa de Biden!
CNN desmontó una por una las afirmaciones, con fuentes, estadísticas oficiales y declaraciones previas. Pero nada detiene el flujo de desinformación. Trump insiste, repite, se victimiza y desafía la lógica con una estrategia simple: a fuerza de repetir, espera instalar su narrativa como verdad.
El balance es ineludible. El gobierno de Trump y el nuevo USCIS han cruzado líneas que socavan la credibilidad del Estado de derecho. Han deportado personas protegidas por la ley, separado familias sin juicio previo, despreciado mandatos judiciales, mentido descaradamente a la opinión pública y usado el aparato migratorio para fines políticos. Y todo esto en solo 100 días.
Los casos de Kilmar Abrego García y Heidy Sánchez Tejeda no son excepciones. Son el espejo de un sistema que criminaliza la pobreza, el color de piel y el acento. La legalidad ha sido sustituida por la arbitrariedad, y la verdad por la propaganda. La cereza del pastel: una Casa Blanca que defiende lo indefendible con mentiras, y una secretaria de Seguridad Nacional que promete repetir las ilegalidades si la justicia intenta corregirlas.
¿Hasta dónde llegará esta deriva autoritaria disfrazada de política migratoria?
