Nada de lo que pueda decir el oficialismo sobre cargamentos de ayuda logran borrar el contraste entre los anuncios y escenas como estas: una madre en Holguín pidiendo solo comida para cuatro niños, una anciana tirada sobre un amasijo que debería ser un colchón, comunidades enteras aún esperando algo tan básico como una cama y un techo seco.
La propuesta, presentada en Miami por el diputado ucraniano Maryan Zablotskiy, incluye el envío a Cuba de los cuerpos de 41 nacionales identificados como muertos en combate del lado ruso, y condiciona la salida de prisioneros a un gesto simultáneo del régimen hacia parte de los más de mil encarcelados por motivos políticos en la isla.
La pregunta seguirá ahí, incómoda, insistente: ¿Oxígeno o ayuda humanitaria? Quizás la respuesta no está en elegir una de las dos opciones, sino en desmontar la trampa que plantea. Cuando se trata de salvar vidas y reconstruir hogares, lo que importa no es quién sostiene la manguera de oxígeno, sino quién puede volver a respirar.
Este episodio ilustra que más allá del debate público sobre flujo migratorio, fronteras y deportaciones, hay historias personales que muestran cómo la política se traduce en rostros, casas adquiridas, empleos ganados y futuros construidos. Al final, la pregunta no es cuántos entran, sino qué pasa con quienes ya están trabajando al día y aún pueden ser devueltos. Y en este caso, el costo no es solo legal: es emocional, comunitario y profundamente humano.
Los exempleados consultados entregaron a CBC recibos de transferencias y talones de pago que muestran que hasta el 84% de sus ingresos netos eran retenidos por el régimen. Con el dinero que se les permite conservar, relatan que sobreviven comprando alimentos en tiendas de descuentos, asistiendo a bancos de comida y adquiriendo ropa y otras necesidades en ventas de garaje.
Los dos casos, separados por provincias y por fechas, comparten un punto ciego: la distancia entre el crimen y la justicia. La etiqueta de “bajo investigación” solo tiene sentido si se traduce en avances verificables. De lo contrario, es otra forma de impunidad. Las familias insisten en seguir: que se reabran líneas de pesquisa, que se actúe sobre información ciudadana y que nadie se acostumbre a la idea de que matar puede no tener consecuencias.
Cuba suma otro nombre a una lista que no deja de crecer y dos víctimas más que pelean por su vida. La noticia no es solo el espanto, sino la pregunta que se instala tras cada caso: ¿quién protege a las mujeres cuando el peligro ya está anunciado?
El traslado a un país tercero sin nexos aparentes y sin cargos locales conocidos abre un vacío de garantías en el que la familia no sabe a quién reclamar ni bajo qué jurisdicción protegerlo. La defensa en Estados Unidos exige una actualización inmediata sobre su estado de salud y un encuentro con abogados en Esuatini. Mosquera puede ser, para la estadística, un número más en un sistema que muele expedientes; para su hija, es su padre, y lo que pide es básico: verdad, debido proceso y que el Estado enmiende su propia palabra cuando se equivoca.
La “victoria” anual sigue en el marcador, pero la cancha se inclinó. La ONU le recuerda al mundo que el embargo existe; los votos que pierde Cuba recuerdan que su soledad también.
La hija del detenido, Sheena Allende-Smith, contó a Florida Today que ha pasado las últimas semanas intentando averiguar el paradero de su padre. “Realmente, esto es todo lo que él conoce”, dijo entre lágrimas. “El gobierno lo trajo cuando era niño. Es dueño de un negocio, paga impuestos y tiene una familia aquí”
Esta historia deja preguntas abiertas que trascienden su caso: ¿qué estándar humanitario se aplica a quienes han pagado sus cuentas con la justicia y buscan rehacer su vida?, ¿qué coordinación real existe entre Washington, La Habana y Ciudad de México para evitar que la “solución” sea internar a una persona en un tercer país donde no tiene absolutamente nada? Por ahora, para Pedro, la respuesta es sobrevivir un día más, sin hacer ruido, mientras intenta que su historia no termine en el anonimato.
Parecen botes de pescadores, pudiera parecer incluso que son personas escapando de un país pero... las imágenes y evidencias parecen concluyentes. Y están advertidos.
El discurso de ambos es una radiografía del agotamiento dentro del exilio cubano: cansancio por la desconfianza, por el narcisismo y por la manipulación de causas legítimas. En sus palabras resuena una advertencia común: si el debate opositor se convierte en un campo de insultos, el régimen no necesitará infiltrar nada; bastará con dejar que los “valientes de Facebook” sigan haciendo el trabajo por él.
El caso de Eva Figueroa y su nieta Lauren —menor de 15 años cuya visa F2A fue denegada por la proclama— se inserta justo en esa grieta. Es una súplica concreta (“liberen a los menores del travel ban”) que encarna una contradicción: el mismo gobierno que argumenta proteger la seguridad nacional clausura, de facto, la vía regular para niños que solo buscan vivir con sus padres residentes o ciudadanos. Medios nacionales han retratado más familias en idéntica situación: procesos avanzados que se quedan sin efecto, entrevistas canceladas y cartas consulares con la misma frase, “ineligibilidad por proclama”.
