Con apenas días de diferencia, dos jóvenes vinculadas a Cuba expusieron visiones radicalmente distintas sobre la crisis de la isla. Una cubanoamericana interrumpió una audiencia en Washington para denunciar el efecto de las sanciones sobre su familia, mientras en Francia Angie, de 23 años, confrontó al líder comunista Fabien Roussel por su respaldo a Miguel Díaz-Canel.
El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas durante julio, la cifra mensual más alta desde que la organización lleva registros. Los apagones, la escasez de alimentos y agua y el aumento de la represión impulsaron el récord.
El IX Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba revela que el 95% de los cubanos califica negativamente los servicios públicos, con la electricidad como la principal preocupación, mientras la pobreza extrema alcanza al 94% de la población.
Sofii Magdaleno, joven residente en Guanabo, denunció en un video la desesperación de miles de cubanos que enfrentan días sin servicios básicos. Su testimonio, respaldado por cifras oficiales de la Unión Eléctrica, refleja un descontento creciente ante una crisis energética e hídrica sin solución a la vista.
Maurizio Cappato, ciudadano italiano, se encuentra desaparecido en Cuba desde hace varios días. Su familia denuncia que la embajada de Italia en La Habana no ha ofrecido respuestas concretas sobre su paradero, mientras señala que en el caso del político Alessandro Di Battista —también en la isla por esas fechas— las autoridades sí actuaron con rapidez.
Una nueva base de datos interactiva permite rastrear país por país el destino de miles de médicos cubanos enviados al exterior, con cifras que revelan hasta un 85% de retención salarial por parte del Estado cubano y jornadas de casi 72 horas semanales.
Estados Unidos intensificó en agosto su ofensiva contra Cuba en al menos tres frentes simultáneos: el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en Panamá que no descarta una acción militar y evadió responder si el Pentágono evalúa capturar a Miguel Díaz-Canel como hizo con Nicolás Maduro; el secretario de Estado, Marco Rubio, auguró que Cuba entrará en una "senda irreversible" antes de que termine el mandato de Trump; y Washington sancionó el 6 de agosto a ocho altos oficiales militares y cinco entidades cubanas. En paralelo, y de forma poco difundida, cinco relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenaron ese mismo día las sanciones estadounidenses, advirtiendo que están generando "una crisis en toda regla" y que podrían convertir a Cuba en una "Gaza silenciosa".
La opositora Rosa María Payá afirmó que Cuba atraviesa una “catástrofe humanitaria” provocada por el sistema político y económico de la isla y cuestionó que el Gobierno atribuya sus problemas fundamentalmente a las sanciones estadounidenses. La activista sostuvo que las autoridades disponen de recursos en el extranjero mientras la población enfrenta apagones, escasez y un deterioro de los servicios básicos.
Magalis Rojas Rojas, de 54 años, vive desde 2017 en una casa inhabitable, dañada por el huracán Irma. El Estado le prometió financiar la mitad de los materiales y nunca cumplió. Su caso, documentado por el OCDH, retrata un déficit habitacional que supera las 900,000 viviendas.
Los observatorios independientes OGAT y YoSíTeCreo en Cuba contabilizaron 350 femicidios desde 2019, con un pico de 90 casos en 2023 y 35 ya documentados en lo que va de 2026, mientras el Estado no tipifica el delito ni publica datos oficiales.
El adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, detenido a los 16 años tras una protesta contra los apagones en Morón, fue liberado después de más de tres meses preso en una cárcel para adultos.
El 21 de diciembre de 2024, seis cubanos desaparecieron en Barra de San José, Chiapas, tras confiar en traficantes que prometían llevarlos a Juchitán, Oaxaca. Sus familias aguardan noticias en un caso que refleja los peligros de la migración irregular desde Cuba.
"Por la seguridad de los detenidos extranjeros ilegales, los trasladamos a otras instalaciones", afirmó la portavoz del DHS, Lauren Bis, en un comunicado enviado a medios estadounidenses. La agencia no precisó cuántas personas fueron trasladadas ni a qué instalaciones específicas fueron enviadas, ni tampoco si el cierre del centro será permanente o temporal.
El debate sobre los cubanos deportados a México crece después de que el gobierno mexicano defendiera su actuación como parte de una política humanitaria.
