“La Constitución de la República del 2019 y la reforma procesal en desarrollo colocan a Cuba entre los países de avanzada en cuanto a garantía de los derechos humanos, en comparación con las legislaciones más modernas”, aseguró en conferencia de prensa Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, según reporta la agencia oficial ACN, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló recientemente que durante este noviembre se registraron unas 1130 acciones represivas contra activistas de derechos humanos.
Según la organización independiente, en el pasado mes se realizaron 197 detenciones arbitrarias, 14 con violencia, así como otras acciones represivas como 485 sitios de viviendas de opositores, 182 citaciones policiales sin cargos, 115 amenazas, 99 hostigamientos y 25 actos de repudio. Cifras que se han incrementado en Cuba desde las manifestaciones del pasado 11J
La conferencia de prensa del Tribunal Supremo es convocada por las autoridades judiciales cubanas en medio de los juicios sumarios que se realizan a numerosos ciudadanos que participaron en las protestas multitudinarias o sencillamente las filmaron con sus teléfonos móviles.
Según la plataforma independiente Cubalex, de acompañamiento y asesoría legal, 1292 personas han sido detenidas hasta la fecha, mientras al menos 673 siguen presos.
“Solamente 91 han sido puestas en libertad con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 y 30 años de privación de libertad (122 por cargos de sedición), y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios. 44 de este total son menores de 18 años, 11 enfrentan cargos de sedición y altas peticiones fiscales. 14 siguen detenidos”, según las cifras de su más reciente informe, que también establece que “de las 67 personas que el gobierno reconoció en agosto que fueron condenadas en juicios sumarios, solo hemos podido identificar a 42. Al menos otras 4 personas han sido sometidas a estos procesos desde entonces”.
Según ACN, Remigio Ferro “destacó la robusta reforma judicial y procesal en la nación a partir de varias leyes que desarrollan los preceptos y principios recogidos en la Carta Magna, en los cuales ocupan un lugar protagónico los derechos y garantías”, refrendando que en Cuba mantienen total vigencia “44 tratados internacionales de esta materia vigentes en la mayor de las Antillas, así como otros instrumentos que regulan el tema de los derechos humanos”.
”En la Revolución Cubana siempre ha habido una interrelación directa entre el ejercicio de defensa, la protección y el respeto de todos los derechos para todas las personas”, apuntó también el jurista cubano, como si respondiera al llamado por estos días hizo al Estado cubano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) “para que se asegure la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 11 de julio en Cuba”.
El comunicado de prensa de esta organización continental recordó al gobierno de la Isla su “deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a reunión pacífica” pues se observa con preocupación las continuas “estrategias represivas e intimidatorias por parte del Gobierno cubano para intentar impedir la Marcha Cívica por el Cambio”, en referencia a todo el despliegue operativo conjunto de fuerzas militares, policiales, de la seguridad del Estado y de militantes de organizaciones gubernamentales durante el 14N y el 15N.
La CIDH y RELE solicitaron al gobierno de Miguel Díaz-Canel “actuar sobre la base de que las protestas sociales son lícitas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público” y que el deber de la policía es proteger a los manifestantes y sus derechos, no la “confrontación y limitación de derechos” de estos ciudadanos.
Mayda Goite Pierre, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), resaltó durante la conferencia de prensa referida “la profunda protección a las víctimas en la nueva ley, quienes podrán tener una participación activa en todo el proceso” y apreció “la defensa de la paz social en esta norma, que ampara en mayor medida a aquellos que puedan ser objeto de violencia, mediante la garantía de su seguridad y medidas de distanciamiento del agresor”.
Según Goite Pierre, los 44 menores de 18 años aun presos por participar en del 11J tendrían “un tratamiento diferenciado, en el cual podrán contar con el acompañamiento de sus padres y defensores, la participación de instituciones especializadas y el dictamen de disposiciones alternativas”, algo contemplado en las normativas jurídicas cubanas al corriente.
