Este incidente no solo ha afectado a las familias de los fallecidos, sino que también ha enlutado a los trabajadores del puerto y a la comunidad santiaguera en general.
Los casos de Luis Enrique Méndez Romero y Yarlenis Ortiz González ilustran vívidamente los retos que enfrentan las familias en el proceso de repatriación de seres queridos fallecidos en el extranjero. Mientras que algunos reciben apoyo institucional y comunitario, otros se enfrentan a obstáculos financieros y legales abrumadores, destacando la necesidad de una mayor comprensión y apoyo en estos difíciles momentos.
Estos sucesos, difundidos desde ayer, muestran por un lado complejidad de las tragedias humanas asociadas a los accidentes de tránsito, los robos y la emigración.
"Por eso, hechos como estos, muertes cómo estas de rescatistas jóvenes y valientes que no debieron ocurrir son además de tristes, irritantes y fuentes de gran descontento”, dijo.
Las autoridades locales están trabajando arduamente para investigar las circunstancias exactas del accidente y garantizar que se proporcionen todos los recursos y el apoyo necesarios a aquellos afectados por este trágico evento.
El Estado seguirá garantizando una serie de servicios relacionados con la muerte. Estos incluyen el suministro de un ataúd, el traslado del fallecido desde la casa o el hospital hasta la funeraria o capilla, el combustible para ese traslado, y la preparación del cadáver. El velatorio en la funeraria o capilla también estará cubierto por el Estado. Sin embargo, si la familia desea servicios adicionales, como el entierro en otra localidad o provincia, se aplicarán cargos.
