Dos de los nombres más reconocibles del turismo internacional acaban de cerrar acuerdos extrajudiciales por demandas relacionadas con propiedades que el régimen de Fidel Castro confiscó hace más de seis décadas. Según informa el Miami Herald, American Airlines e Iberostar han llegado a acuerdos con herederos cubanoamericanos que reclamaban compensación bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, una disposición que estuvo suspendida durante más de veinte años y que Donald Trump activó en su primer mandato, en 2019.
El caso de American Airlines tiene raíces históricas llamativas: la aerolínea fue demandada por José Ramón López Regueiro, hijo de un empresario que compró en 1952 los terrenos del aeropuerto de La Habana a Pan American Airways por 1,5 millones de dólares, modernizó la pista y construyó la terminal que hoy se conoce como Aeropuerto Internacional José Martí, confiscada por Castro en enero de 1959. Iberostar, por su parte, fue demandada por el heredero de los dueños originales del hotel El Imperial en Santiago de Cuba, posteriormente rebautizado como Iberostar Heritage Imperial, gestionado en asociación con la empresa turística militar cubana Gaviota.
Ambos acuerdos se cerraron en privado —Iberostar el año pasado, American a principios de 2026— y solo trascendieron públicamente este fin de semana. El momento es políticamente significativo: dos demandas similares contra cruceros que atracaron en el puerto de La Habana y contra Cimex, la mayor empresa del conglomerado militar cubano GAESA, están pendientes ante la Corte Suprema de EE.UU., y un fallo favorable a los demandantes podría disuadir aún más a los inversores extranjeros de operar en Cuba hasta que las reclamaciones se resuelvan mediante negociación entre ambos gobiernos.
El mensaje para el mundo empresarial es inequívoco: cualquier empresa que aterrice en La Habana, reserve una habitación en un hotel de gestión militar cubana o atraque en sus puertos puede enfrentar el mismo destino legal. En plena escalada de sanciones de la administración Trump y con la Corte Suprema a punto de sentar jurisprudencia, el riesgo de hacer negocios con Cuba acaba de volverse considerablemente más caro.
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