Las nuevas restricciones migratorias sobre el transporte aéreo en los Estados Unidos, la detención y análisis exhaustivo de viajeros procedentes de países en una especie de lista negra, así como las batidas nacionales por ICE, son hojas de un mismo libro.
Hasta en el Sur de la Florida, la senadora estatal Ileana García, republicana de Miami y cofundadora del grupo Latinas for Trump, criticó abiertamente la política de deportaciones masivas, calificando todas las acciones que se están llevando a cabo para lograrlas como “inhumanas” y afirmó: “Esto no es por lo que votamos”.
Las recientes medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos están generando un ambiente de temor y desconfianza tanto entre los migrantes como entre ciudadanos estadounidenses. Lejos de ser una política aislada, se trata de una serie de acciones que van desde la reducción de vuelos hacia ciertos países hasta la detención e inspección de ciudadanos a su regreso a territorio nacional, pasando por condiciones cuestionables en centros de detención y restricciones más severas en el otorgamiento de visas.
Una de las señales más visibles del impacto que estas decisiones están teniendo es la reciente solicitud de American Airlines al Departamento de Transporte para reducir sus vuelos a Cuba durante el verano de 2025. Según informó AirlineGeeks, la aerolínea argumentó que existen “desafíos más profundos” en la recuperación de la demanda de pasajeros entre EE.UU. y Cuba. En el mismo documento, American solicita suspender algunas de sus rutas diarias entre Miami y La Habana, así como eliminar temporalmente la ruta Miami-Santiago de Cuba. Aunque la empresa atribuye el ajuste a razones logísticas y de eficiencia operativa, resulta evidente que el nuevo paquete de restricciones migratorias ha generado un efecto dominó sobre la movilidad aérea hacia la isla.
La revista Forbes también se hizo eco del impacto de las nuevas restricciones migratorias sobre el transporte aéreo en los Estados Unidos. Señaló que la proclamación firmada por Trump limita la entrada de nacionales de varios países, entre ellos Cuba, alegando que estos gobiernos no proporcionan información suficiente para garantizar una evaluación segura de sus ciudadanos. Cuba es el único de los países parcialmente restringidos que mantiene una conexión aérea regular con EE.UU., lo que explica por qué las aerolíneas estadounidenses comienzan a reajustar sus operaciones con urgencia.
Pero más allá del plano aéreo, el endurecimiento de la política migratoria se ha hecho sentir en tierra firme, específicamente en los aeropuertos. Según reportó AP, ciudadanos estadounidenses que regresan de países como Nicaragua y Cuba han sido detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, incluso después de haber pasado los controles habituales. Algunos, como un enfermero cubanoamericano que viaja con frecuencia a la isla para visitar a su esposa, han denunciado registros exhaustivos y trato hostil. En otros casos, como el de una joven creadora de contenido digital que regresaba de Europa, agentes federales habrían revisado sus redes sociales, preguntado por su situación financiera y por las opiniones políticas de su familia.
Aunque la CBP ha negado que estas inspecciones respondan a criterios ideológicos o de perfilamiento político, defensores de derechos civiles han manifestado su preocupación. Amien Kacou, abogado de la ACLU en Florida, declaró al Miami Herald que este tipo de procedimientos, si bien legales, están generando una percepción de intimidación y arbitrariedad entre los viajeros, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Algunos, incluso, han optado por borrar aplicaciones de sus teléfonos o usar dispositivos desechables al regresar de viajes internacionales.
En paralelo, el mismo diario reveló las condiciones que enfrentan los detenidos por razones migratorias en el Centro de Detención Federal de Miami. Allí, cerca de 400 personas están recluidas, muchas de ellas en espera de resolución de sus casos. Un incidente reciente involucró a medio centenar de detenidos que, tras protestar por la falta de agua, comida y medicamentos, fueron reprimidos por agentes que utilizaron granadas aturdidoras y balas de goma. El episodio dejó a varios hombres heridos y sumidos en el pánico. Según los testimonios recogidos, muchos “lloran todo el día”.
Las reacciones no han tardado en llegar desde distintos sectores. Hasta la senadora estatal Ileana García, republicana de Miami y cofundadora del grupo Latinas for Trump, criticó abiertamente la política de deportaciones masivas. “Esto no es por lo que votamos”, afirmó, calificando las acciones como “inhumanas”. Por su parte, Marleine Bastien, comisionada del condado Miami-Dade, fue más contundente: “Se trata de una política cruel y xenófoba. Es un intento descarado de culpar a pueblos que ya están sufriendo”.
Las medidas anunciadas incluyen la suspensión total de entrada para ciudadanos de doce países, entre ellos Haití, país que también mantiene conexión aérea con Estados Unidos. Según datos de la firma Cirium, solo una aerolínea —Sunrise Airways— mantiene actualmente vuelos desde Haití a Miami. A pesar de que el número de vuelos ha aumentado en los últimos meses, la suspensión de visados convierte esa ruta en un símbolo de tensión entre la política y la necesidad humana de movilidad.
Más allá del debate partidista, lo cierto es que estas acciones están afectando tanto a quienes buscan ingresar por primera vez a Estados Unidos como a quienes, siendo ya ciudadanos o residentes, se sienten objeto de vigilancia y sospecha. Se ha roto el delicado equilibrio entre seguridad y derechos. Lo que antes era una política migratoria con límites, hoy parece una maquinaria que no distingue entre categorías jurídicas, contextos personales o principios constitucionales.
