Cubanos tendrán un mayor de tiempo para conseguirse un abogado, o más tiempo para pelear sus casos en las Cortes de los Estados Unidos, apelando decisiones ya tomadas.
El vuelo que trajo a los migrantes irregulares fue el primero desde diciembre de 2020 y constaba de 123 personas, incluyendo 40 balseros y 83 personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría de ellos son de La Habana, Artemisa, Matanzas y Granma, y algunos de ellos salieron en 2019 y 2021.
La culpa, según Los Ángeles Times, era del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que filtró "accidentalmente" al gobierno de Cuba "que cubanos en peligro de ser deportados habían buscado protección en los Estados Unidos".
El miedo creíble se establece de esta manera, aunque ya abordaremos más adelante este asunto, y es en base a que una persona huye de su país de origen pues está siendo perseguido o puede ser perseguido y procesado si regresa, por su raza, su religión, su
credo u opinión política o por pertenecer a un grupo particular social, o por su nacionalidad. También aplica a las personas que son miembros de la prensa opuesta al grupo en el poder.
El caso del joven cubano Adrián Alejandro Cruz González nos ilustra a la perfección cómo, entre un proceso y otro, el tiempo es muy breve; tan breve que, aún cuando el migrante tiene derecho a tener un abogado, la prontitud con la que se realiza el proceso, e incluso el desconocimiento, puede proceder de manera negativa contra la persona que busca el Asilo Político y terminar con una orden de deportación.
"Marcados" como deportables; personas con vínculos con grupos represivos, militares e ideológicos en Cuba; y criminales de cuello blanco, seguramente serán los primeros en deportar.
