No todo son malas noticias. En Matanzas, Cuba, fue capturado el sujeto que atropelló, dio muerte y después se dio a la fuga, a una joven estudiante universitaria. En Camagüey fue arrestado el hombre que mató a su propio hijo de 5 años de edad.
En el marco del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito en toda Cuba, el Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos dictó una sentencia que ha generado desconcierto y polémica: una condena de apenas cuatro años de prisión para Yansiel Hernández Nodal, responsable de apuñalar a Ulises Herrera Vilches durante una riña. El juicio, que a decir del diario oficialista 5 de Septiembre fue celebrado con todas las garantías procesales, pone en evidencia la falta de proporcionalidad en las sanciones y la desconexión entre las políticas anunciadas y su aplicación.
El caso, ocurrido en la madrugada del 9 de junio de 2024 en la Plaza de Actos de Cienfuegos, dejó a Herrera Vilches con una herida en el tórax que le provocó un shock hipovolémico y un hemotórax de gran magnitud. Las lesiones requirieron transfusiones y hospitalización por más de dos semanas.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, la sentencia de cuatro años apenas supera el mínimo establecido en el artículo 346 del Código Penal de Cuba, que prevé penas de tres a ocho años por el delito de lesiones.
En la audiencia, los jueces consideraron factores como las características personales del acusado y las circunstancias del incidente para justificar la reducción de la pena. No obstante, la sentencia ha sido criticada por minimizar la gravedad del acto y su impacto en la víctima.
La Jornada Nacional de Enfrentamiento al Delito en Cuba, promovida como un esfuerzo integral para combatir las ilegalidades y las conductas antisociales, parece quedarse corta frente a casos que involucran violencia grave y la ridícula condena a Yansiel Hernández Nodal es prueba de ello. Luego de dos años y tantos en la cárcel, donde no recibirá reeducación alguna – ya hemos visto cómo en este año 2024 son varios ya los casos de reclusos que reciben pase o la Libertad Condicional y han salido a la calle solo para asesinar a otras personas y volver para dentro – Yansiel estará otra vez libre, disfrutando la posibilidad de volver a delinquir.
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Mientras las acciones preventivas y educativas avanzan en instituciones académicas y comunidades, los juicios como este a Hernández Nodal, deberían ser ejemplarizantes. En lugar de reforzar el respeto a la legalidad, estas laxas condenas terminan enviando mensajes ambiguos a una población que cada día más, comete más actos violentos.
En el juicio de Hernández Nodal, se ordenaron sanciones accesorias como la pérdida de derechos civiles, incluyendo el sufragio activo y pasivo, y la prohibición de salida del país. También se impuso la responsabilidad civil de indemnizar a la víctima. Sin embargo, estas medidas no contrarrestan la percepción de indulgencia hacia actos violentos.
Si bien se consideraron las características personales del acusado, las críticas apuntan a que este tipo de veredictos socava la confianza pública en el sistema judicial.
Un ejercicio nacional con prioridades cuestionables y veredictos insuficientes
En medio de un panorama donde los esfuerzos preventivos y educativos buscan erradicar las conductas antisociales en Cuba, las decisiones judiciales continúan generando escepticismo.
La reciente condena de cuatro años de prisión para Yansiel Hernández Nodal, quien apuñaló a un hombre durante una riña en Cienfuegos, no solo ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones en casos graves de violencia, sino también que vislumbra ligereza también, para delitos similares.
En Matanzas, Cuba, la muerte de Daylín Sánchez Luis, una joven estudiante de Derecho de 20 años, pone nuevamente en el foco la problemática de los atropellos y fugas. Daylín fue atropellada por un conductor de un auto de renta turística que se dio a la fuga.
El trágico accidente, ocurrido en una vía mal iluminada cerca de la Universidad de Matanzas, ha generado indignación pública y pedidos de justicia. El hallazgo del cuerpo de la joven fue descrito como devastador por quienes estuvieron en el lugar. La familia espera que el proceso judicial sea ejemplar y que este caso marque un precedente para futuros delitos similares.
Las autoridades han identificado y capturado al responsable, pero queda por ver cuál será la condena que enfrentará este individuo. En un país donde el dinero compra cualquier cosa, casos como el de Daylín subrayan la urgencia de fortalecer las medidas judiciales para garantizar que crímenes como este no queden impunes.
Por otro lado, en Camagüey, las fuerzas policiales lograron detener a Alieski Martínez Ferrer, quien cometió un crimen atroz al asesinar a su hijo de cinco años y agredir a una mujer embarazada.
La captura, que requirió un disparo para neutralizar al agresor, representa un raro ejemplo de la capacidad y eficacia del sistema de seguridad para enfrentar delitos graves con celeridad.
La escueta nota del Ministerio del Interior indicó que el hecho ocurrió en la mañana del 26 de noviembre y que durante la búsqueda del individuo «se recibió el apoyo incondicional de los pobladores del municipio Minas, quienes aportaron valiosas informaciones para dar captura a este elemento».
Sin embargo no se indica que, como señalara La Tijera, a partir de información recibida de los pobladores, Aliesky Martínez Ferrer entró, momentos antes, machete en mano, a una Unidad Policial a agredir a los agentes del orden allí presentes.
Martínez Ferrer será sometido a un proceso penal que podría derivar en una de las sentencias más severas del año. Su crimen, considerado un feminicidio vicario, ha generado una ola de indignación en todo el país.
Su castigo final – que muchos han considerado merecería y con justeza absoluta la pena de muerte – pudiera ser comparado con el que sin dudas recibirán los asesinos involucrados en la muerte de la joven Melani García Lorenzo, asesinada de manera más atroz aún hace ya 11 meses y 20 días. Un crimen que pudiera sentar un precedente judicial en el país, dado el horrendo modo en que se cometió.
Su tía, Lourdes Torres, quien ha dicho que con menos de la pena de muerte para los agresores no se conforma, escribía el pasado 16 de septiembre.
Esos son «casos resueltos», si se tomase la captura de los involucrados como ejemplo de resolución; pero no pocos delitos están aún sin resolver. No pocos agresores y feminicidas, aún disfrutan la libertad sin haber sido capturados. Incluso, algunos podrían ya haber huído del país.
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La captura de criminales peligrosos y el inicio de procesos judiciales ejemplares en Cuba son siempre pasos positivos hacia un sistema más justo, y si bien estos casos resaltan fallas y desafíos en el sistema judicial cubano, también ponen de manifiesto el presunto y cacareado compromiso de las instituciones cubanas y de la sociedad civil en su lucha contra la delincuencia.
A pesar de las críticas, estos esfuerzos representan una oportunidad para que el sistema judicial cubano recupere la confianza de su pueblo. Las víctimas y sus familias merecen justicia, y es deber de las autoridades garantizar que esta llegue con fuerza y determinación, pero a cada rato se envían mensajes contradictorios.
La condena leve en un contexto de creciente esfuerzo por combatir la criminalidad expone día tras días las contradicciones del sistema jurídico cubano. Sobre todo en los casos de denuncia de violencia de género.
Mientras los discursos oficiales promueven una línea dura contra las ilegalidades, los resultados en casos donde las mujeres van a denunciar a su agresor y no son tomadas sus declaraciones en cuenta, o las amenazas son tomadas como «borrachera», sugieren una indulgencia que debilita la confianza en las instituciones.
La población, ya agotada por los problemas estructurales en Cuba, observa a menudo con desencanto y resignación a un sistema judicial que no logra imponer sanciones proporcionales y disuasorias. Mientras esto siga sucediendo, las jornadas de prevención contra el delito, con esas exhortaciones hechas por las autoridades a «celebrar» la participación masiva del pueblo en el Ejercicio Nacional, que incluye desde estudiantes universitarios fiscalizando precios hasta controles de bancarización, quedarán como simples ejercicios simbólicos, alejados de la realidad que enfrentan los ciudadanos día a día, pues surgen siempre serias dudas sobre la eficacia real de estas iniciativas.
