El Departamento de Estado de los Estados Unidos volvió a emitir el 12 de mayo de 2025 una alerta de viaje de Nivel 4 para Venezuela, en la que recomienda expresamente a sus ciudadanos no viajar al país sudamericano bajo ninguna circunstancia. La advertencia, que no es nueva pero ha sido reeditada y enfatizada, destaca los graves riesgos a los que se exponen los estadounidenses que viven o visitan Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, terrorismo, secuestros, colapso sanitario y una infraestructura gravemente deteriorada.
La alerta se sustenta en una serie de factores alarmantes: arrestos sin garantías procesales, violencia generalizada, inseguridad jurídica y represión política. Se menciona que el régimen de Nicolás Maduro ha sido señalado por múltiples organismos internacionales —incluyendo misiones de la ONU— por violaciones sistemáticas de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones con fines políticos.
Desde 2019, la embajada de EE.UU. en Caracas suspendió sus operaciones diplomáticas, y los servicios consulares están limitados o completamente interrumpidos. La única recomendación para los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela es salir del país “tan pronto como sea posible y de manera segura”, acudiendo a embajadas o consulados en naciones vecinas.
La inseguridad en Venezuela se manifiesta en forma de homicidios, secuestros, robos armados y asaltos violentos. A esto se suman apagones frecuentes, falta de agua potable, escasez de alimentos, medicinas y combustibles, lo que agrava la situación general y dificulta cualquier tipo de respuesta ante una emergencia médica o humanitaria. La alerta también recuerda que el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) ha catalogado la infraestructura de salud venezolana como inadecuada, colocando al país en una categoría de alto riesgo sanitario.
Las manifestaciones antigubernamentales, frecuentes en Venezuela, suelen ser reprimidas con violencia. El uso de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones masivas son parte del repertorio de las fuerzas del orden. A menudo, estos eventos terminan en saqueos y vandalismo, lo que empeora aún más el entorno para cualquier visitante.
El mensaje es claro: EE.UU. considera que Venezuela no ofrece garantías mínimas para la seguridad de sus ciudadanos. La recomendación es categórica: no viajar, y si ya se está allí, salir cuanto antes.
Como resultaría obvio en un caso como este, dada la tirantez entre los gobiernos de ambos países, Venezuela ha reaccionado con firmeza. A través de un comunicado oficial, la Cancillería venezolana calificó la medida como un “acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política”, acusando a Washington de utilizarla como una herramienta de “guerra psicológica y desinformación” dentro de una campaña de agresión permanente contra el país.
El gobierno de Nicolás Maduro defendió que Venezuela es un país de paz y afirmó que “quienes deseen visitarnos con respeto y espíritu de hermandad encontrarán siempre abiertas las puertas de un pueblo digno, soberano y en revolución”.
Además, el comunicado denunció que Estados Unidos carece de autoridad moral para emitir este tipo de alertas, señalando que es el propio gobierno estadounidense quien “secuestra, encarcela y desaparece a migrantes, incluidos niños venezolanos”.
Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas directas del presidente Nicolás Maduro sobre esta alerta específica. Sin embargo, es común que el mandatario delegue este tipo de respuestas en su equipo diplomático y en la Cancillería.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Venezuela responde a alertas de viaje emitidas por Estados Unidos. En marzo de este año, el gobierno venezolano emitió una advertencia a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Estados Unidos, mencionando medidas arbitrarias de control migratorio, discriminación y encarcelamientos sin debido proceso.
Estas reacciones reflejan la persistente tensión diplomática entre ambos países, que se ha intensificado en los últimos años debido a diferencias políticas, sanciones económicas y acusaciones mutuas de violaciones a los derechos humanos.
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