Cuba va en retirada hacia la privatización

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En Cuba se odió durante décadas todo lo que «oliera a privatización»

Imposibilitados de poner en marcha eficientemente un negocio que sirva, cansados de ocupar y confiscar locales, el gobierno de Cuba parece haberse trazado una idea: privatizar todo lo que se pueda en la isla.

No pocos «analistas» del contexto cubano en días pasados asumieron como «derrota de Fidel» el hecho de que se haya dado un giro de 180 grados con relación al boxeo en Cuba, tras derogar la marginalización estampada por el llamado «Comandante» al boxeo profesional en Cuba.

Pero sin dudas, boxeo aparte, aunque esto bien pudiera ser una piñacera, este reconocimiento al papel de la propiedad privada, también es una bofetada a las ideas de Fidel Castro quien, hizo lo posible y lo indecible por acaparar todo.

De hecho, «entregó las tierras» en el 1959 y 1961. Se las quitó a todo el quiso y las repartió. Diez años y tantos después, las volvió a recoger, bajo el nombre de Cooperativas, que a la larga no era otra cosa que un tentáculo del estado que demostró pronto su ineficiencia. Miles de campesinos cubanos han sufrido y sufren con dolor haberle entregado su pedacito de tierra a Fidel, pues estas se han vuelto improductivas con el tiempo, bajo el manto protector – y desbaratador – socialista.

Otro tanto sucedió con los locales privados. La revolución confiscó miles de propiedades a lo largo y ancho del país.

Cientos, miles de locales del Estado se encuentran ahora en abandono total, pero el Estado se niega a entregarlos 100 por ciento. Los entrega en usufructo. Los arrienda. Y no pocos avezados analistas de la realidad cubana especulan con la idea de que a los privados que ahora los están «alquilando», les suceda como le ha sucedido a no pocos repatriados, quienes luego de invertir y hacer florecer un negocio en Cuba, se lo han ocupado y confiscado todo.

El procedimiento del MINCIN parece estar claro. Las intenciones de los López-Callejas y compañía, no lo están nunca.

Mediante su Ministerio del Comercio Interior (Mincin), el Estado y Gobierno cubano aprobó la Resolución 40/2022 donde se define el procedimiento para arrendar locales estatales al sector privado en Cuba.

Esta Resolución fue publicada en la Gaceta Oficial N.º 31 Extraordinaria, del 21 de abril de 2022, y en ella queda definido que los locales del Estado serán puestos a licitación, para su adquisición por privados; pero, ojo, nada se le escapa al Gran Hermano: este proceso estará «bajo la supervisión de los gobiernos municipales». Es decir, del gobierno que si algo ha demostrado durante décadas es tener, en los gobiernos municipales, a gente muy corrupta con un coeficiente muy bajo de inteligencia.

El objetivo, alega el gobierno, es ofrecerle «mayores facilidades a los nuevos actores económicos para que puedan desarrollar su trabajo aprovechando instalaciones del Estado que están inutilizadas,» aunque bajo la palabra «inutilizadas» bien que se puede encerrar todo un compendio de años de mala administración socialista, deterioro y desbarajuste.

No todo es color de rosas

Lamentablemente, como sucede en el socialismo cubensis, el proceso de licitación está lleno de vericuetos burocráticos. Los establecimientos que se pondrán a disposición del sector privado son pocos y solo – por ahora – los que forman parte del patrimonio estatal de las entidades del comercio de subordinación local, que incluye venta de mercancías, gastronomía y los servicios. Es decir: tiendas ineficientes, sin nombre comercial, deterioradas, que precisan primero ser reparadas en un momento donde cada día son más caros los materiales de la construcción.

Los actores deberán cumplir además una serie de «requisitos».

Requisitos a cumplir para licitar los inmuebles

  • Existencia de establecimientos que se decidan arrendar, funcionando o cerrados, previamente aprobados en el reordenamiento de la red minorista del Comercio Interior por la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente, donde se definen los que se gestionan de forma estatal y los que pueden ser arrendados a otras formas de gestión;
  • Que el Consejo de la Administración Municipal o el Gobernador, según corresponda, realice la convocatoria del inicio del proceso de licitación del arrendamiento del establecimiento;
  • demanda de establecimientos para ser gestionados de forma estatal y no estatal en las actividades de venta de mercancías, gastronomía y servicios, de conformidad con las aprobadas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas; y
  • necesidad de recuperar establecimientos de venta de bienes y servicios, incrementar las ofertas, así como mantener y potenciar la red de servicios básicos a la población.

La firma de la Resolución fue estampada por Betsy Díaz Velázquez, ministra del Mincin, quien aclaró que para realizar la licitación, será constituida una comisión «avalada por el gobernador o el intendente de los Consejos de la Administración Municipal, e integrada por un número impar de miembros, entre los que estarán la dirección, las áreas técnicas, económico-financieras y jurídicas de las empresas, el sindicato y las autoridades correspondientes del municipio.»

Este proceso de licitación no estará disponible para todos, pues por ejemplo, el que resida en Cienfuegos no podrá optar por un inmueble en La Habana. Además, solo se puede participar en una licitación a la vez.

También estarán excluidos aquellos solicitantes que hayan sido acusados de “haber cometido fraude o engaño en un procedimiento de concurso anterior”, o hayan sido“sancionados por la comisión de delitos contra la economía nacional o los derechos patrimoniales”.

Es decir: que ni Juan Carlos Robinson, ni Carlos Aldana, ni Nelson Torres, ni Otto Rivero, ni Pedro Sáez Montejo y posiblemente tampoco Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y Robertico Robaina, tengan derecho a licitar nada.

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