La audiencia que podría abrirles a cientos de cubanos la vía hacia la residencia permanente se reprogramó para el 10 de septiembre, en medio de declaraciones del secretario de Estado sobre el aumento de deportaciones a la comunidad cubana.
La audiencia federal que definirá si el formulario I-220A equivale a un parole migratorio para 992 cubanos fue aplazada por segunda vez, ahora hasta el 10 de septiembre. El cambio se produce mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoce en declaraciones recientes que los cubanos están sufriendo, por primera vez, consecuencias severas de la política migratoria de la administración Trump.
La audiencia federal que podría definir el futuro migratorio de cientos de cubanos con el formulario I-220A fue aplazada por segunda vez. La jueza Jacqueline Becerra, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, reprogramó la vista —inicialmente prevista para el 26 de agosto, luego movida al 2 de septiembre— para el próximo 10 de septiembre en el Wilkie D. Ferguson Jr. U.S. Courthouse de Miami, sin ofrecer explicaciones públicas sobre los motivos del cambio.
El caso, conocido como Bello-Rubio v. Departamento de Seguridad Nacional (DHS), involucra a 992 cubanos que buscan que su liberación bajo el formulario I-220A sea reconocida como equivalente al parole migratorio. Ese reconocimiento les abriría la puerta para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, que exige haber sido «inspeccionado y admitido» o haber recibido parole. El gobierno estadounidense sostiene que el I-220A no equivale a un parole y ha cuestionado la autoridad del tribunal para conceder ese remedio. La jueza podría no emitir una decisión inmediata en la audiencia; existe la posibilidad de que resuelva por escrito más adelante o pida información adicional, y aunque el caso avance como acción colectiva, no hay garantía de que todos los cubanos con I-220A obtengan automáticamente el parole o la residencia.
El trasfondo político de este proceso quedó reflejado en declaraciones recientes de Rubio, en una entrevista con el periodista Sergio Novelli. Rubio reconoció que la comunidad cubana enfrenta «por primera vez» consecuencias severas de la política migratoria de la administración Trump.
«Estamos viendo casos de cubanos por primera vez», afirmó, aclarando que las medidas no apuntan a una nacionalidad específica —también afectan a haitianos y salvadoreños—, aunque reconoció la magnitud del impacto: solo en junio se emitieron 1,642 órdenes de deportación contra ciudadanos cubanos, según cifras citadas por CiberCuba.
Rubio también se refirió a la orden de un tribunal federal de California que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a reanudar la tramitación de solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios que habían quedado paralizados bajo la administración actual; USCIS ha expresado su desacuerdo con el fallo pero se comprometió a cumplirlo. El secretario defendió la postura de que los estatus migratorios temporales «no deben prolongarse indefinidamente» y responsabilizó a la administración de Joe Biden de lo que calificó como una «inmigración masiva» que el gobierno actual busca revertir.
Mientras se define el caso, los cubanos con I-220A deben seguir cumpliendo con sus citas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y comparecer ante el tribunal cuando se les requiera, pese a la incertidumbre sobre el resultado final.
Justo en las últimas 24 hrs se conoció que un ciudadano haitiano se suicidó tras haberle sido negado su TPS (estatus de protección temporal)
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