La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que la Ley de Comunicación Social aprobada a finales de mayor por el Parlamento de Cuba no hace más que “legalizar la censura”, al fijarle límites al ejercicio periodístico, desconocer los medios independientes y restringir aún más la libertad de expresión.
“Es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social”, dijo Michael Greenspon, presidente de la SIP, a propósito de la normativa promulgada por el gobierno con bombo y platillo.
⚠️🇨🇺La SIP condena nueva ley en Cuba que legaliza la censura oficial.
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En sus declaraciones, el también director global de Licencias e Innovación de Impresión del periódico The New York Times dijo que “en sus más de seis décadas de existencia la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos”.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el pasado 26 de mayo una ley sin precedentes, destacada por el oficialismo como un hito a la hora de establecer las reglas del juego comunicacional en la isla, en el cual los medios independientes o críticos a la gestión gubernamental no tienen derecho a participar.
De hecho, la normativa le confiere amplios poderes a las autoridades para controlar o cerrar medios de comunicación independientes y ensalzar la propaganda de los medios oficialistas, los únicos autorizados a operar en el país según la Constitución.
Greenspon recordó que, tras las protestas de julio de 2021, el llamado “11J”, fueron detenido varios periodistas independientes, como Henry Constantín, actual vicepresidente de Libertad de Prensa de la SIP, a quien se le bloqueó el acceso a los servicios de internet, telefonía móvil y redes sociales.
Para llegar a la actual ley se hicieron hasta 34 borradores, elaborador con una construcción colectiva que incluyó a representantes de muchos sectores, pero que excluyó a toda voz disonante con el sistema político que rige en Cuba.
De hecho, el presidente del Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, afirmó que la nueva ley busca afianzar la «ideología socialista» y defender la independencia, soberanía y seguridad del país, en un escenario de «guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural».
La ley tiene como objeto regular el Sistema de Comunicación Social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, institucionales, de bien público y comerciales, en espacios físicos y digitales.
Así, por ejemplo, el artículo 13 estipula que en ningún caso los contenidos pueden «emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social».
También prohíbe el «tratamiento morboso a accidentes, hechos delictivos, desastres y otros eventos similares» y «difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos, entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país».
A su vez, el artículo 51 prohíbe el uso de «contenidos elaborados a partir de imágenes, textos, audios y videos ya existentes, para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito», lo cual define a los “memes”.
