El endurecimiento de las políticas migratorias en Florida, sumado a la confusa batalla legal entre cortes federales y autoridades estatales, ha sembrado un clima de inseguridad jurídica y social. Las cifras de deportaciones podrían aumentar drásticamente en las próximas semanas, mientras miles de personas viven al filo de una orden judicial, una interpretación ambigua de la ley, o una redada en su barrio.
En cuanto a las controvertidas separaciones de familias en la frontera, Homan fue tajante: "Eso es decisión de los padres". Para él, el hecho de que una madre o padre indocumentado sea detenido mientras su hijo es ciudadano estadounidense es una consecuencia directa de haber ingresado ilegalmente al país.
Según ICE, entre los delitos por los que fueron arrestados o condenados se encuentran: manejo bajo los efectos del alcohol, robo, evasión del arresto, agresión, posesión de marihuana, contrabando de inmigrantes, reingreso ilegal, asalto sexual, posesión de sustancias controladas, resistencia al arresto, posesión de armas de fuego por parte de extranjeros, manipulación de pruebas, y otros.
En un contexto de creciente polarización política, erosionamiento de las instituciones y radicalización del discurso, esta propuesta nos recuerda que la ciudadanía —más allá de un papel o pasaporte— implica derechos inalienables. Y que no se puede gobernar al margen de la Constitución, por más monstruoso que uno considere al delincuente de turno.
Ahora, la exjueza cubana enfrenta cargos por fraude migratorio, tergiversación de hechos, e inadmisibilidad bajo la sección 212(a) de la Ley de Inmigración de Estados Unidos
El fallo, emitido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, detiene provisionalmente la orden de la jueza federal Paula Xinis, quien había dado hasta la medianoche del lunes 7 de abril para “facilitar y efectuar” el retorno de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño deportado erróneamente a El Salvador. Esta decisión permite que la administración Trump, a través del Departamento de Justicia, continúe argumentando que los tribunales no pueden obligar al Ejecutivo a actuar en el ámbito de la diplomacia internacional.
Esta resolución ha generado reacciones mixtas. Mientras que la administración Trump la considera una victoria para sus políticas de inmigración, defensores de los derechos de los inmigrantes expresan preocupación por el uso de una ley antigua para justificar deportaciones rápidas sin el debido proceso. Además, familiares de los deportados han cuestionado las acusaciones de vínculos con bandas criminales, argumentando que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales ni conexiones con grupos delictivos.
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