En España, la reciente expulsión de 24 inmigrantes multirreincidentes ha reavivado el debate sobre la inmigración y su impacto en la seguridad ciudadana, algo que parecería una idea del mismísimo Donald Trump, cuya influencia política en el país ibérico es CERO.
La Policía Nacional Española informó que los deportados acumulaban más de 200 detenciones relacionadas con homicidio, robo y agresión sexual. Aunque estos casos representan a una mínima fracción de la población inmigrante, su resonancia mediática ha alimentado una percepción negativa generalizada.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como Legalteam, advirtieron sobre los riesgos de estos enfoques. En un comunicado, señalaron que titulares como el que anunciaba la expulsión de los 24 delincuentes terminan opacando el aporte de los millones de inmigrantes que trabajan honradamente, se integran a la sociedad y contribuyen al crecimiento económico y cultural de España.
«No se puede permitir que los actos de unos pocos den mal nombre a un fenómeno tan enriquecedor como es la inmigración», insistieron.
Lo ocurrido en España parecería ser un eco de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde las políticas de deportación bajo el segundo mandato de Donald Trump han seguido una línea similar, si bien en la nación europea, pueden apostarlo, se han seguido TODAS las pausas del debido proceso. Incluso, muy probablemente el intento de reinsertar estos individuos en la sociedad.
Allá no está ocurriendo precisamente lo mismo que en Estados Unidos, donde la administración Trump ha intensificado las redadas y capturas de inmigrantes con antecedentes penales, justificando estas acciones como necesarias para proteger la seguridad nacional. Casos como el de Mario Bustamante Leiva, el inmigrante chileno acusado de robar el bolso de la secretaria de Seguridad Nacional, han sido utilizados como ejemplos para reforzar la narrativa de que endurecer las políticas migratorias es indispensable.
Sin embargo, las consecuencias de esa estrategia también han sido criticadas. Se ha señalado que este enfoque contribuye a asociar sistemáticamente la inmigración con la criminalidad, estigmatizando a comunidades enteras y vulnerando los derechos de millones de personas que no tienen vínculos con actividades delictivas. La situación se agrava cuando se utilizan leyes como la de Enemigos Extranjeros de 1798 para proceder a deportaciones rápidas, muchas veces sin garantizar el debido proceso legal.
El caso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado erróneamente a pesar de contar con protección judicial en Estados Unidos, expuso las graves fallas de estas políticas de deportación masiva. Episodios como este no solo ponen en tela de juicio la justicia de las medidas adoptadas, sino que también avivan las críticas contra la administración Trump tanto dentro como fuera del país.
Estas acciones y su repercusión pública han impactado directamente en la popularidad del presidente. Según una reciente encuesta de NBC News, solo un 39% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump al acercarse a sus primeros 100 días de mandato. El 60% de los encuestados cree que Estados Unidos va por un mal camino, y una mayoría expresa sentimientos de enojo o frustración hacia su administración.
En el ámbito migratorio, específicamente, las opiniones están divididas: un 49% aprueba su gestión de la seguridad fronteriza, pero un 51% la desaprueba. Si bien Trump mantiene un fuerte respaldo entre los republicanos —con un 88% de apoyo—, entre los independientes, un grupo clave en el escenario electoral, su imagen se desploma: el 68% desaprueba su desempeño.
La economía tampoco le ofrece refugio: la gestión de la inflación y el coste de la vida apenas cuenta con el 40% de aprobación. Y en temas como los aranceles comerciales, la desaprobación alcanza el 61%. Esto demuestra que, aunque la inmigración sigue siendo uno de los temas que mejor moviliza a su base, no es suficiente para revertir la percepción negativa generalizada.
Más allá de las cifras, el problema de fondo radica en la narrativa que alimenta esta política: la criminalización generalizada de los inmigrantes. Así como en España los actos de un pequeño grupo de delincuentes extranjeros amenazan con ensombrecer el aporte de millones de inmigrantes trabajadores, en Estados Unidos la insistencia en ligar inmigración y criminalidad no hace más que polarizar aún más a la sociedad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas coinciden en que este tipo de discursos y políticas crean un ambiente de desconfianza, miedo y discriminación. Y, al igual que Legalteam subrayó en el contexto español, advierten que es esencial distinguir entre quienes quebrantan la ley y quienes, como la inmensa mayoría de los migrantes, contribuyen de manera positiva a sus comunidades.
Los primeros 100 días del segundo mandato de Trump revelan no solo un declive en su popularidad, sino también las consecuencias de aplicar políticas basadas en generalizaciones y en la explotación del miedo. La inmigración, en lugar de ser vista como una oportunidad de enriquecimiento social y económico, sigue siendo usada como arma política.
De cara a las elecciones intermedias de 2026, el desgaste entre los votantes independientes, sumado al creciente rechazo de amplios sectores de la población inmigrante, podría poner en serio riesgo la estabilidad de la administración Trump. Mientras tanto, queda la tarea pendiente de construir narrativas más justas y políticas más humanas, tanto en Estados Unidos como en España, para no permitir que unos pocos delincuentes definan el destino de millones de personas honestas.
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