Una tormenta migratoria se desata en Florida, pero donde quiera están cayendo rayos y centellas.
Florida se ha convertido en el epicentro de una creciente y polémica ofensiva migratoria que está generando alarma y angustia en comunidades enteras. Desde el inicio de esta semana, autoridades federales y estatales han activado un operativo de gran escala bautizado como Operación Tidal Wave, destinado a localizar y detener a unos 800 inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación. La acción, sin precedentes en su nivel de colaboración entre la administración Trump y agencias de seguridad floridanas señala el Miami Herald, está desplegándose en Miami-Dade, Broward, Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers.
Aunque oficialmente no se han ofrecido cifras claras sobre cuántas personas han sido detenidas, el secretismo de la operación solo ha añadido tensión al ya de por sí frágil clima social. Grupos de derechos civiles han denunciado redadas en vecindarios de mayoría latina, mientras aumentan los reportes de arrestos sin cargos criminales previos, únicamente por presuntas violaciones migratorias.
Lo más inquietante para muchos es el uso del programa federal 287(g), mediante el cual oficiales locales y estatales son «deputizados» para ejercer funciones similares a las de agentes federales de inmigración. Florida lidera el país en este tipo de convenios: ya cuenta con 230 agencias firmantes, y otras 70 están a la espera de ser aprobadas.
El carácter masivo de la operación ha despertado la preocupación de alcaldes, organizaciones religiosas y defensores de los inmigrantes. En el condado de Orange, por ejemplo, se ha confirmado que ICE posee cerca de 10,000 órdenes de deportación activas. El número, ya alarmante, podría duplicarse en las próximas semanas.
Durante una sesión de la comisión del condado, varios defensores denunciaron que la colaboración con ICE podría fomentar el perfilamiento racial y debilitar la confianza entre la comunidad y la policía local. El abogado John Barry alertó que incluso menores en proceso de regularización podrían ser atrapados por este “sistema ciego” que ignora contextos humanos y legales.
La controversia se ha intensificado tras el viraje del fiscal general de Florida, James Uthmeier. Pese a una orden judicial federal que suspendía la aplicación de una nueva ley estatal que penaliza el ingreso o reingreso de indocumentados, Uthmeier sugirió que las agencias policiales podían seguir con los arrestos. Alegó que la orden judicial solo vinculaba directamente a su oficina y no a cuerpos policiales “independientes” como la Patrulla de Carreteras o los alguaciles.
El razonamiento ha sido duramente cuestionado por la ACLU de Florida y otros organismos, quienes advierten que el desacato podría traer consecuencias legales severas para los agentes involucrados. La jueza federal Kathleen Williams, que emitió la orden de suspensión, ya había expresado su “asombro” al conocer que varios arrestos se realizaron luego de su dictamen, incluyendo el de un ciudadano estadounidense.
¿A dónde lleva esta escalada?
Mientras el gobernador Ron DeSantis insiste en que “la ley migratoria debe cumplirse” y que Florida lidera con orgullo la coordinación con el gobierno federal, las voces críticas acusan al estado de utilizar a inmigrantes como peones políticos en un juego de poder que busca complacer a la Casa Blanca.
El miedo se ha apoderado de barrios enteros. Clínicas han reportado que pacientes cancelan citas por temor a ser arrestados. Padres evitan llevar a sus hijos a la escuela. Emprendedores latinos comienzan a ver disminución de clientes en negocios. Y muchos cuestionan si Florida no está cruzando una línea peligrosa hacia un modelo de vigilancia migratoria que recuerda a regímenes autoritarios.
En medio de la conmoción, lo único claro es que el conflicto legal continuará. La jueza Williams ha fijado una nueva audiencia para el 29 de abril, mientras crece la presión sobre los gobiernos locales para que se definan: o se alinean con Tallahassee y Washington, o defienden a las comunidades a las que también juran proteger.
Un caso que ilustra el caos: la desaparición forzada de un venezolano deportado a El Salvador
El caso de Neiyerver Adrián Leon Rengel, un joven venezolano de 27 años, ha conmocionado a defensores de derechos humanos y activistas en Estados Unidos y América Latina, no solo por lo que revela sobre el trato a los inmigrantes, sino por la total falta de transparencia y garantías legales en el proceso.
Aunque este caso no ocurrió en Florida, sino en Texas, es ilustrativo del desapego humano con el que en ocasiones actúan las fuerzas del orden en los EE.UU.
Adrián fue detenido por agentes federales en Dallas el pasado 13 de marzo, justo en el día de su cumpleaños. Su hermano, Alejandro, lo llamó para felicitarlo, pero nunca obtuvo respuesta. A partir de ese momento comenzó una angustiosa búsqueda que se extendió por más de cinco semanas, durante las cuales la familia no supo absolutamente nada de su paradero.
ICE ofreció respuestas contradictorias: que estaba detenido, que había sido deportado a su país de origen (El Salvador, aunque Adrián es venezolano), o que no tenían información disponible. Incluso su madre fue a un centro de detención en Caracas para intentar encontrarlo, sin éxito.
No fue hasta finales de abril que NBC News confirmó, tras una consulta directa con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que Adrián había sido deportado —efectivamente— a El Salvador. La familia teme que haya sido enviado a la temida prisión CECOT, conocida por su trato brutal hacia presuntos pandilleros.
Lo más alarmante es que Adrián tenía una cita CBP One en regla, había solicitado el Estatus de Protección Temporal (TPS), y su único antecedente en EE.UU. era una multa de $492 por presunta posesión de parafernalia de marihuana en un auto que ni siquiera era suyo. Aun así, fue vinculado a la banda Tren de Aragua solo por tener un tatuaje de una corona, símbolo que compartía con miles de personas, incluso por motivos sentimentales.
Para su familia, lo ocurrido equivale a una “desaparición forzada”. Su hermano lo resume así: “El único delito que cometió fue ser migrante y venezolano”.
Este caso, aunque no ocurrió en Florida, refleja el nivel de deshumanización que puede alcanzar la maquinaria de deportación cuando se combina la urgencia política con la ausencia de controles judiciales efectivos. Y deja en evidencia cómo el discurso de seguridad nacional puede transformarse en una justificación para pisotear derechos fundamentales.
No menos inhumano luce la separación de una madre cubana de su hija de apenas un año, luego de acudir a su cita migratoria en Tampa el pasado martes. Ayer jueves, fue deportada a la isla.
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