La idea de deportar ciudadanos estadounidenses, sean o no delincuentes, no solo carece de sustento legal, sino que socava los pilares básicos de la Constitución.
Se trata de una propuesta que, de concretarse, establecería un precedente peligroso: la posibilidad de que el gobierno determine arbitrariamente quién merece seguir siendo considerado ciudadano y quién puede ser expulsado del contrato social.
La presidencia de Donald Trump ha llevado la política migratoria de Estados Unidos a un terreno inexplorado y profundamente polémico. Su reciente propuesta de deportar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a prisiones en El Salvador ha encendido alarmas legales, éticas y constitucionales. Esta iniciativa, que desafía los fundamentos del derecho ciudadano, plantea serias interrogantes sobre el respeto al debido proceso y los límites del poder ejecutivo.
Una propuesta sin precedentes
Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Trump expresó su deseo de enviar a «criminales locales» a El Salvador, sugiriendo incluso la necesidad de construir más prisiones para albergarlos. “Homegrown criminals next”, dijo con desenfado, como si se tratara de un trámite administrativo más. Bukele, por su parte, asintió y bromeó con que habría que “liberar a 350 millones de personas”, pero para ello “habría que encarcelar a algunas”.
Las imágenes de la reunión, circularon el mundo.
Aunque la Casa Blanca ha indicado que la idea está siendo evaluada legalmente, la mera sugerencia de deportar a ciudadanos estadounidenses ha generado una ola de críticas por parte de juristas, constitucionalistas e incluso sectores conservadores que ven en esta idea una amenaza directa al concepto de ciudadanía misma.
Implicaciones legales y constitucionales
¿Puede un gobierno deportar a sus propios ciudadanos? Para los expertos entrevistados por NBC News, la respuesta es clara y contundente: no.
“Es algo obviamente ilegal e inconstitucional”, declaró Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason y especialista en derecho constitucional. Según Somin, la legislación migratoria estadounidense no otorga ninguna autoridad al gobierno para deportar a ciudadanos. Simplemente no existe una vía legal para que eso ocurra.
Emma Winger, abogada del American Immigration Council, subrayó que incluso en el caso de los ciudadanos naturalizados —quienes en situaciones muy excepcionales pueden ver revocada su ciudadanía si fue obtenida mediante fraude comprobado—, la deportación no es automática ni arbitraria. Implica un proceso judicial exhaustivo, con derecho a apelación, pruebas y defensa.
Y es que el intento de aplicar normas de inmigración a ciudadanos norteamericanos representa, en palabras de Anthony Kreis, profesor en Georgia State University, “una violación del pacto básico de la ciudadanía”. Kreis recordó que una de las quejas originales de los colonos estadounidenses contra el Imperio Británico —previas a la Revolución— era precisamente que el rey podía enviar a súbditos a ser juzgados o encarcelados en otras colonias. “Exiliar a alguien no puede considerarse una medida legal dentro de los derechos fundamentales de un ciudadano”, advirtió.
Más aún, el experto del Cato Institute, David Bier, alertó que la idea revela “hasta qué punto es crítico que las cortes frenen inmediatamente esta pretensión de encarcelamiento por medio de terceros extranjeros”. Bier afirmó sin ambigüedad: “Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados para cumplir prisión en el extranjero. No existe ninguna autoridad en la ley de EE. UU. que permita eso”.
La situación se vuelve aún más turbia si se consideran los precedentes recientes en los que migrantes han sido deportados sin el debido proceso, en ocasiones sin que un tribunal determine adecuadamente si eran culpables de los crímenes que se les atribuían. Ese tipo de actuación, aunque ya de por sí cuestionable, se vuelve una pesadilla jurídica si se intenta aplicar a personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos.
Colaboración con El Salvador y preocupaciones de derechos humanos
La propuesta no surge en el vacío. En los últimos años, Trump ha cultivado una relación estrecha con Bukele, a quien ha elogiado por su ofensiva contra las pandillas en El Salvador, y quien ha mostrado disposición a colaborar con las políticas migratorias estadounidenses, incluso al precio de aceptar ciudadanos no salvadoreños en prisiones de máxima seguridad como el temido CECOT. La idea de usar El Salvador como «centro de detención tercerizado» para delincuentes estadounidenses lleva esta cooperación a un nuevo y polémico nivel.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado tratos inhumanos y torturas dentro del CECOT. Enviar ciudadanos estadounidenses allí no solo pondría en tela de juicio la legalidad de la acción, sino que violaría tratados internacionales firmados por EE. UU., incluidos los relativos al trato a los prisioneros y la prohibición del exilio forzoso.
Pero todo es posible o está siendo posible con esta administración.
Operativos recientes de ICE
Mientras se debaten estas ideas inconstitucionales, las autoridades federales siguen activas en la detención de extranjeros acusados de crímenes en territorio estadounidense. Oficiales de ICE Boston, en conjunto con el FBI y ATF, arrestaron recientemente a Ilma Leandro De Oliveira, una brasileña de 53 años acusada de abusos sexuales contra un menor en Massachusetts.
Otro caso destacado es el de Olvin Javier Velásquez Maldonado, hondureño extraditado por conspirar en el tráfico de 24 kilogramos de cocaína.
Mientras, en Oklahoma, ICE arrestó a Thomas Afram Chammo, un desertor del ejército libanés; y en Miami, también se anunció la detención de Daniel Morejón García, supuesto exmiembro del Ministerio del Interior de Cuba, bajo cargos de fraude migratorio.
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Estas acciones muestran cómo el aparato de detención y deportación funciona activamente frente a casos reales de extranjeros acusados de crímenes graves. Pero extender esas herramientas a ciudadanos estadounidenses sería cruzar una frontera legal y moral que amenaza con desdibujar los límites del estado de derecho.
Y es que la idea de deportar ciudadanos estadounidenses, sean o no delincuentes, no solo carece de sustento legal, sino que socava los pilares básicos de la Constitución. Se trata de una propuesta que, de concretarse, establecería un precedente peligroso: la posibilidad de que el gobierno determine arbitrariamente quién merece seguir siendo considerado ciudadano y quién puede ser expulsado del contrato social.
Esta propuesta, como otras muchas de las propuestas alocadas de Trump, nos recuerda que la ciudadanía —más allá de un papel o pasaporte— implica derechos inalienables. Y que no se puede gobernar al margen de la Constitución, por más monstruoso que uno considere al delincuente de turno.
Porque si los derechos se pueden anular con una firma presidencial, entonces, como bien dice el título, nadie está a salvo.
