La historia económica de Cuba bajo el régimen castrista se asemeja a una novela de suspenso, donde la trama principal gira en torno a la relación ambigua y oscilante entre el Estado y los actores privados de la economía. Desde la llegada de la Revolución en 1959, el gobierno cubano ha mantenido un férreo control sobre la economía, permitiendo ocasionalmente pequeñas aperturas al sector privado solo para luego retractarse y revertir esas concesiones. Este ciclo de «te la doy y luego te la quito» ha sido una constante, reflejando la desconfianza y el temor del régimen hacia cualquier forma de actividad económica que escape a su control absoluto.
El ejemplo más reciente de esta dinámica es el Decreto 107, publicado en agosto de 2024, que restringe 125 actividades para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. Este decreto, que amplía y endurece las prohibiciones ya establecidas en normativas anteriores, es una clara señal de la tendencia del régimen a restringir cualquier espacio de autonomía económica que pueda surgir.
Un ciclo repetitivo: apertura, control y represión
A lo largo de las últimas décadas, el gobierno cubano ha implementado varias medidas para «liberalizar» la economía, particularmente en momentos de crisis. Algo que el cubano ha denominado «sacarle presión a la caldera».
Durante el Período Especial en la década de 1990, por ejemplo, se permitió la creación de pequeños y contados negocios privados – con otros se hicieron de la vista gorda siempre y cuando no afectara los intereses del Estado o perjudicara a algún mandamás de la dictadura -, principalmente en los sectores de servicios y alimentación. Sin embargo, una vez que el país comenzó a recuperarse económicamente, muchas de estas iniciativas fueron sometidas a controles más estrictos, y no pocos negocios fueron cerrados bajo pretextos legales o económicos.
Este patrón se repitió en 2010, cuando el gobierno de Raúl Castro autorizó la creación de cooperativas no agropecuarias y promovió un mayor protagonismo del sector privado en la economía. Sin embargo, tras un breve periodo de florecimiento, la presión regulatoria aumentó, y muchos negocios fueron forzados a cerrar o a operar en un entorno de incertidumbre legal y financiera.
Un caso emblemático fue el decomiso del negocio de Carlos Rafael Miranda, un exitoso empresario que operaba una red de restaurantes en La Habana. Su caso se suma a una larga lista de emprendedores cuyos negocios han sido desmantelados o absorbidos por el Estado bajo acusaciones de evasión fiscal, prácticas monopólicas o simplemente por ser demasiado exitosos en un entorno donde el éxito privado es visto con sospecha.
Así, se han adueñado de logísticas, inmuebles, producciones, mercancías, y cientos de cientos de miles de pesos.
El Decreto 107: una jugada anunciada
La publicación del Decreto 107 en 2024 no sorprendió a muchos observadores, dado el historial del régimen cubano en esta materia. El decreto prohíbe a los actores privados operar en sectores clave como la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, y la programación y transmisión de televisión, entre otros. Estas prohibiciones no solo restringen el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también reflejan el temor del régimen a perder el control sobre áreas estratégicas de la economía.
El economista cubano Pedro Monreal ha señalado que estas nuevas restricciones no solo dificultan el desarrollo de un sector privado dinámico, sino que también perpetúan las deficiencias estructurales de la economía cubana.
Al limitar las actividades en sectores con alta demanda y capacidad de generar empleo, el gobierno está impidiendo la innovación y la diversificación económica, elementos esenciales para superar la crisis económica que atraviesa el país.
Conclusión: el miedo al éxito
La constante marcha atrás en las políticas de apertura económica en Cuba no es solo un reflejo de la naturaleza autoritaria del régimen, sino también de su miedo al éxito del sector privado.
Cada vez que una iniciativa privada muestra signos de éxito, el régimen interviene, ya sea apropiándose de los ingresos, la infraestructura o directamente cerrando el negocio. Este ciclo de «te la doy y luego te la quito» ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza que desalienta la inversión y limita las posibilidades de desarrollo económico.
En última instancia, la historia reciente de Cuba demuestra que mientras el régimen siga viendo al sector privado como una amenaza en lugar de una oportunidad, las perspectivas de una verdadera apertura económica seguirán siendo escasas.
Y así, la novela de la economía cubana continúa, con el Estado siempre dispuesto a recuperar lo que una vez concedió, dejando a los actores privados en un estado de constante vulnerabilidad.
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