Ratifican los 15 años de cárcel a Mayelín Rodríguez Prado por transmitir en vivo las protestas ocurridas en Nuevitas, en 2022

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Mayelín Rodríguez Prado se encuentra actualmente recluida en la Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey, conocida como Granja 5, donde ha denunciado condiciones inhumanas y degradantes.

El gobierno de Estados Unidos también ha denunciado su arresto y ha pedido su liberación.

La joven cubana Mayelín Rodríguez Prado, de 24 años, ha visto ratificada su sentencia de 15 años de prisión por transmitir en vivo las protestas antigubernamentales ocurridas en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. La decisión judicial ha sido confirmada recientemente por los tribunales de la isla, según informaron organizaciones independientes como Cubalex y la plataforma feminista Alas Tensas.

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Detenida el 22 de agosto de 2022 en su domicilio, tras grabar y difundir imágenes de dos niñas golpeadas por las fuerzas represivas durante las manifestaciones, Mayelín Rodríguez Prado tras su arresto permaneció incomunicada en la sede de la Seguridad del Estado en Villa María Luisa.

Inicialmente acusada de «desorden público», los cargos contra ella se ampliaron para incluir «propaganda enemiga continuada» y «sedición», resultando en una condena conjunta de 15 años de privación de libertad. Durante su detención, su vivienda fue registrada en dos ocasiones por la Seguridad del Estado en busca de evidencias que la vincularan con actividades delictivas. Nunca las encontraron, pero el hecho de haber expuesto el abuso de dos policías contra dos niñas menores de edad, invocó la rabia de la Fiscalía en su contra.

En mayo de 2024, Rodríguez Prado denunció que los cargos en su contra fueron manipulados por la fiscalía, afirmando que se falsificaron pruebas para incriminarla y que se negaron los maltratos físicos de oficiales de la policía contra una menor de edad que ella había documentado.

Organizaciones de derechos humanos, como Cubalex y Justicia 11J, han exigido su liberación inmediata, calificándola de presa política y prisionera de conciencia. Alas Tensas ha advertido que Mayelín Rodríguez Prado ha sido amenazada con ser enviada a una celda de castigo por protestar contra la ratificación de su sentencia.

Sanción ejemplarizante… ¡ni en China!

El caso de Mayelín Rodríguez Prado se ha convertido en un símbolo de la represión ejercida por el régimen cubano contra quienes documentan y difunden información sobre las protestas y violaciones de derechos humanos en la isla. La joven durante su encarcelamiento, ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones debido a la depresión y la separación de su hija pequeña.

A pesar de las difíciles circunstancias, Mayelín Rodríguez Prado había expresado su esperanza en un cambio de sistema y en la prevalencia de la justicia. Su situación refleja la creciente criminalización de las actividades digitales y la falta de libertad de expresión en Cuba, y es una prueba evidente de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la falta de libertades fundamentales en el país.

La comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos continúan abogando por su liberación y la de otros presos políticos en Cuba, país que le ha impuesto a Mayelín Rodríguez Prado una sentencia absurda y exagerada, que destaca en comparación con la legislación de otros países y la gravedad de delitos similares.

La transmisión de las protestas en Nuevitas fue catalogada por el régimen cubano como una amenaza a la estabilidad del Estado, pero este tipo de actividades—documentar y difundir hechos públicos—no debería, bajo estándares internacionales, considerarse un delito, sino un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El encarcelamiento de Rodríguez parece tener un propósito ejemplarizante, destinado a disuadir a otros ciudadanos de utilizar las redes sociales para visibilizar abusos y protestas. En un contexto donde el acceso a información está estrictamente controlado por el gobierno, filmar manifestaciones es percibido como un desafío directo a la autoridad estatal.

Cuba, que se autonombra un «paladín» en los derechos humanos, debería saber que en su enemigo público número uno, los Estados Unidos, la primera la Primera Enmienda garantiza el derecho a la libertad de expresión y prensa. Filmar protestas o acciones de las autoridades es protegido como parte de estos derechos. Incluso en casos de disturbios violentos, las sanciones se limitan generalmente a delitos específicos como vandalismo, desobediencia civil o agresión, no a la mera documentación; aunque en ocasiones han ocurrido violaciones de esas libertades.

En su «amiga» Europa, especialmente en su gran amiga, España, donde también se han documentado protestas masivas, las sanciones por grabar o transmitir eventos similares son prácticamente inexistentes. Solo se penalizan acciones directamente vinculadas a violencia o daños, y cualquier restricción a la libertad de prensa debe ser cuidadosamente justificada.

Incluso en China, donde el gobierno también controla estrictamente la información y castiga severamente a activistas, la sanción típica por delitos relacionados con la difusión de protestas no suele superar los 10 años; incluso en casos donde las protestas desestabilizan significativamente al gobierno.

En su gran amigo de los últimos 65 años, Rusia, donde a todas luces existe un régimen dictatorial también (aunque disfrazado), las sanciones por protestas y publicaciones críticas oscilan entre multas económicas y penas de prisión menores a 5 años en casos individuales. Aunque existen leyes draconianas, las penas de 15 años son excepcionales y generalmente reservadas para actos violentos o considerados como traición.

En muchos países, de modo general, delitos de mayor gravedad, como la corrupción de funcionarios, agresiones violentas, o incluso homicidios imprudentes, reciben condenas equivalentes o menores a las que enfrenta Mayelín Rodríguez Prado en Cuba. Esto subraya la desproporcionalidad de su sentencia.

Por ejemplo, en España, los casos de corrupción política suelen sancionarse con penas de entre 6 y 10 años de prisión. En Estados Unidos, un homicidio imprudente puede ser castigado con penas entre 5 y 15 años, dependiendo de las circunstancias.

No hay dudas que la condena de 15 años contra Mayelín Rodríguez Prado no solo es desproporcionada, sino que claramente tiene una intención política. Busca enviar un mensaje de disuasión a quienes consideren documentar futuras manifestaciones. Esta práctica, típica de regímenes autoritarios, pone de relieve la criminalización de derechos fundamentales como la libertad de expresión y prensa en Cuba. En contraste, en sistemas democráticos, tales actividades son protegidas, e incluso fomentadas, como mecanismos esenciales para la rendición de cuentas del poder.

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