El reciente intento de asesinato de una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el boulevard de Camagüey ha vuelto a poner en evidencia la alarmante situación de la violencia de género en Cuba.
Según ha quedado expuesto en las redes sociales, el presunto atacante, cuyo nombre no ha salido a la palestra pública, utilizó un arma blanca y propinó varias heridas a la oficial de la PNR; luego de su acción, fue detenido. Testigos afirman que se encontraba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.
El hecho, que dejó gravemente herida a la agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR, ocurrió este jueves, aproximadamente a las 11:30am en el boulevard de Camagüey. Según testigos, la oficial, cuya identidad no ha sido revelada, fue atacada por la espalda.
La oficial fue trasladada a un centro hospitalario y según los reportes iniciales, las heridas – ocho – representan peligro para su vida.
Una fotografía tomada desde el lugar de los hechos muestra a varios oficiales de la PNR agrupados frente a la puerta del Mercado «El Dandy». En el suelo, se aprecian varias manchas de sangre.
Este caso se suma a una serie de feminicidios y agresiones que han sacudido al país en los últimos meses. Según las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, hasta mayo de 2025 se han confirmado al menos 15 feminicidios en la isla; siendo la provincia de Camagüey uno de los epicentros más alarmantes de la violencia de género en Cuba durante este año.
En septiembre de 2024, era la provincia que lideraba el fatídico listado de territorios cubanos con más crímenes de violencia de genero en el país.
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Diversos informes y reportajes han documentado una serie de feminicidios y agresiones que reflejan una crisis estructural en la protección de las mujeres en esta región del país, donde el 20% de los asesinatos ocurridos en la provincia en los últimos tres años han sido por violencia de género, lo que subraya la gravedad del problema en ese territorio.
Uno de los casos más recientes es el de Yilianys Reyes Fundora, una joven de 17 años asesinada por su expareja en el municipio Esmeralda. Y el primer caso reportado en el año, también tuvo lugar en esa provincia.
Otro caso que conmocionó a la comunidad fue el de Marialedys Abad Morgado, de 55 años, quien fue estrangulada y posteriormente violada por su expareja, identificado como Yoel Caballero. El hecho ocurrido en la vivienda de la víctima, en el reparto Albaisa, y el agresor escapó del lugar pero fue detenido posteriormente en el municipio de Guáimaro.
El problema se agrava cuando, en no pocos de estos casos, existe una marcada y documentada inacción y negligencia de las autoridades locales.
Ejemplo de esto es un caso ocurrido en septiembre de 2024, cuando una joven que fue brutalmente agredida por su expareja en Camagüey, no pudo lograr que, a pesar de las evidencias, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) tomase medidas enérgicas contra el agresor, a quien le impusieron apenas una multa de 500 pesos. La víctima y su familia, temerosas por sus vidas y en pleno acto de denuncia hacia las autoridades por la laxitud con la que actuaron, fueron expulsadas de la estación policial, dejándolas en una situación de vulnerabilidad extrema.
La situación en Camagüey es un reflejo de una crisis nacional que requiere atención urgente y acciones concretas para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en Cuba; país donde, además, muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o por la desconfianza documentada en el accionar de las instituciones e incluso del cuestionamiento y escarnio social.
A pesar de que la Constitución cubana y el Código Penal vigente desde diciembre de 2022 reconocen y sancionan la violencia de género, la realidad muestra una brecha entre la legislación y su aplicación efectiva. La falta de una legislación específica que tipifique el feminicidio como delito en Cuba, junto con la ausencia de protocolos efectivos de protección y atención a las víctimas, contribuye a la perpetuación de esta violencia.
Organizaciones feministas y activistas han instado al gobierno cubano a implementar políticas públicas que aborden de manera integral la violencia de género, incluyendo la creación de refugios para víctimas, la capacitación de las fuerzas del orden en perspectiva de género y la colaboración con la sociedad civil, pero muy poco – o más bien nada de eso – se ha logrado.
