La Guardia Costera de Estados Unidos trasladó recientemente a 37 migrantes cubanos a las Bahamas, tras rescatarlos en dos operaciones separadas en Cay Sal Bank y Anguilla Cay.
Estos incidentes reflejan una tendencia creciente en la migración irregular de ciudadanos cubanos que, en su intento por alcanzar territorio estadounidense, terminan varados en el archipiélago bahameño. Este incremento ha generado preocupación tanto en las autoridades bahameñas como en las estadounidenses, quienes advierten sobre los peligros asociados con estas travesías en embarcaciones precarias.
Como parte de los esfuerzos conjuntos entre las fuerzas de defensa bahameñas y la Guardia Costera de EE. UU. para controlar la migración irregular en la región, las autoridades de ambos países han instado e instan a quienes consideran emprender estas peligrosas travesías a buscar vías legales y seguras para la migración, enfatizando que los viajes en embarcaciones no aptas para navegar ponen en riesgo la vida de los migrantes y de sus seres queridos.
Así y todo, las salidas ocurren.
En 2022, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas (RBDF) interceptó a 623 balseros cubanos, un aumento significativo en comparación con los 17 detenidos en 2021; y más recientemente, en enero de 2025, las autoridades de Bahamas repatriaron a 19 balseros cubanos, la mayoría procedentes de Ciego de Ávila y Mayabeque.
Así y todo «la preocupación» de las autoridades de Bahamas contrasta con las repetidas denuncias de maltrato hacia los migrantes detenidos en el país. Migrantes cubanos han reportado condiciones inhumanas en los centros de detención de las Bahamas.
El caso de Carlos Ramírez, un balsero deportado a Cuba, es un ejemplo real de esto. Ramírez describió su experiencia en el centro de detención de Nassau como un «infierno», mencionando hacinamiento, falta de comunicación con familiares y agresiones físicas por parte de los guardias.
Pero no son solo los cubanos los que se quejan del trato en la «preocupada» Bahamas. Informes de organizaciones de derechos humanos han señalado prácticas preocupantes por parte de las autoridades bahameñas repetidamente. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos han instado al gobierno bahameño a revisar sus políticas migratorias y a garantizar condiciones dignas para quienes buscan refugio en su territorio.
En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OHCHR por sus siglas en inglés, expresó inquietud por la deportación de 112 migrantes haitianos, algunos de los cuales eran residentes en las Bahamas, sin un proceso adecuado que garantizara sus derechos.
Estas denuncias ponen en entredicho el compromiso de las Bahamas con el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Las travesías marítimas desde Cuba hacia Estados Unidos, pasando por las Bahamas, son extremadamente y doblemente peligrosas. Las embarcaciones improvisadas, conocidas como balsas, no están equipadas para enfrentar las condiciones del mar, lo que resulta en numerosos casos de naufragios y pérdidas de vidas. Se estima que entre 16,000 y 100,000 balseros han perecido en el mar intentando huir de Cuba. Aquellos que sobreviven, como Carlos Ramírez, se enfrentan a ser golpeados y privados de necesidades básicas, lo que según el testimonio de este, llevó a algunos a preferir haberse ahogado en el mar antes que sufrir tales abusos.
Sin embargo, ¿qué opciones le quedan a estos cubanos, y a los migrantes en general en sus países de origen, que deciden arriesgar sus vidas?
La realidad que enfrentan los cubanos y muchos migrantes en sus países de origen es desoladora. Para ellos, las travesías peligrosas por mar o tierra no son una elección, sino una consecuencia directa de circunstancias que los empujan a huir. Las razones detrás de estos riesgos extremos suelen incluir la crisis económica, la represión política y la violencia e inseguridad.
En el caso de Cuba, es como un todo en uno. La economía ha estado en un declive constante durante décadas, con escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos; y para muchas familias, quedarse significa enfrentarse al hambre y la miseria sin perspectivas de mejora.
Sin embargo, en la isla además no existe libertad de expresión ni participación democrática real, por lo que aquellos que se atreven a criticar al régimen o simplemente expresar descontento se enfrentan a la persecución, encarcelamiento o marginación social.
Por si fuera poco, existe una violencia e inseguridad in crescendo, donde impera además la falta de oportunidades, especialmente para las familias más vulnerables. La falta de empleo digno y oportunidades educativas obliga a muchos a buscar un futuro mejor, incluso si eso significa arriesgarlo todo en una travesía peligrosa.
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