Cuba aprobó un nuevo marco legal migratorio que redefine las reglas de entrada, permanencia y ciudadanía, en medio de una fuerte crisis migratoria y cambios económicos internos.
Como parte de estas disposiciones, la normativa establece un amplio espectro de causales de inadmisión al país, que van desde antecedentes por delitos como terrorismo, narcotráfico o trata de personas hasta criterios más amplios y menos definidos vinculados a la seguridad nacional, el orden público o la realización de acciones consideradas hostiles contra el sistema político, lo que deja un margen significativo de interpretación a las autoridades.
Entre las principales novedades figura la Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan en el país más de 180 días al año o acrediten arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales.
El nuevo marco elimina, además, el límite de 24 meses de permanencia en el exterior para ciudadanos cubanos, una de las restricciones más cuestionadas en años recientes, y establece que no existe un tiempo máximo para su estancia fuera del país, lo que frena el crecimiento de la categoría de emigrado.
Igualmente se ratifica que los cubanos residentes en el exterior conservan el uso, disfrute y libre disposición de sus bienes en el territorio nacional, en correspondencia con la Constitución.
La normativa también reorganiza las categorías migratorias para cubanos y extranjeros, incorporando figuras como residente provisional y humanitario, y amplía las vías para acceder a la residencia permanente, incluyendo factores como vínculos familiares, tiempo de permanencia, calificación profesional y capacidad de inversión.
Asimismo, introduce disposiciones específicas para la protección de víctimas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En el ámbito de la ciudadanía, se reconoce la posibilidad de poseer otra nacionalidad sin perder la cubana mediante el concepto de ciudadanía efectiva, aunque se mantiene la obligación de utilizar esta última para entrar al país y en actos jurídicos dentro de la isla. También se precisan los procedimientos de adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la ciudadanía.
El rediseño normativo apunta a una relación más flexible con la diáspora, aunque mantiene herramientas de control estatal sobre el ingreso y la permanencia en el territorio nacional.
La publicación de estas leyes tiene lugar en un contexto marcado por la presión de la administración Trump hacia la isla y los ultimátum a que el gobierno de Díaz-Canel haga reformas radicales a favor de la democracia en el país.
