Como ya había anunciado, el presidente Joe Biden emitió este martes una orden ejecutiva que restringe grandemente la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
La medida, que entra en vigor de inmediato, afecta sobre todo a migrantes de Cuba, Venezuela y Haití, aunque pretende aliviar la presión sobre el sistema de inmigración del país norteamericano en un año de elecciones y siendo la crisis migratoria una de las principales preocupaciones de los votantes.
En concreto, la orden ejecutiva impide de forma temporal que los inmigrantes busquen asilo cuando el promedio de cruces diarios en una semana supere las 2.500 personas.
Visto que los cruces diarios ya sobrepasan la mencionada cifra, la medida se implementará de inmediato. Es decir, que desde este 6 de junio los agentes fronterizos podrán devolver a los migrantes a México o a sus países de origen en cuestión de horas o días.
Se trata de la medida más restrictiva impuesta por Biden o “por cualquier otro demócrata moderno”, según recuerda The New York Times, y se parece a las tomdas por el expresidente Donald Trump en 2018, que terminaron bloqueadas por un tribunal federal.
La frontera solo se reabrirá a los solicitantes de asilo cuando los cruces diarios se mantengan por debajo de 1.500 personas durante siete días consecutivos. Dicho en otras palabras, con los números que existen actualmente, la frontera permanecerá cerrada por un periodo indefinido.
Hay que tener en cuenta que hasta el momento muchos de los migrantes que cruzan de forma ilegal y solicitan asilo son liberados en Estados Unidos a la espera de defender su solicitud ante un juez. Sin embargo, el retraso acumulado es enorme y los casos pueden tardar años en procesarse.
Tampoco hay que olvidar que existen excepciones para menores no acompañados, víctimas de trata de personas y quienes usan la aplicación CBP One, a través de la cual se otorgan 1.450 citas diarias para solicitar asilo.
A tenor con lo que trascendió, la nueva orden no afectará a las personas con citas programadas a través de esta aplicación, las cuales podrán continuar con su proceso.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) advirtió que planea desafiar la orden ejecutiva en los tribunales.
“El gobierno nos ha dejado pocas opciones más que demandar”, declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU que lideró la estrategia cuando el gobierno de Trump quiso bloquear el asilo en 2018. “Era ilegal bajo Trump y ahora no es menos ilegal”, acotó.
