La prensa oficial cubana atraviesa uno de sus momentos más críticos, no solo por la pérdida de credibilidad, sino por la falta de relevo generacional. Durante el VI Pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), desarrollado este martes a través de videoconferencia, las autoridades del sector reconocieron abiertamente el alarmante desinterés de la juventud por cursar la carrera de Periodismo. Frente a este escenario de aulas vacías, la estrategia del aparato estatal se centra en intentar convencer y retener a los escasos recién graduados para que sigan respaldando el discurso oficial.
La reunión estuvo encabezada por Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, y Luis Morlote Rivas, quien se desempeña como vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista. Según reportó la Agencia Cubana de Noticias, ambos funcionarios analizaron con preocupación la drástica caída en las matrículas de la Facultad de Comunicación y la casi nula concurrencia a las pruebas de aptitud obligatorias. Lejos de proponer una reforma profunda al modelo de prensa supeditado al partido, Morlote desvió la atención hacia el adoctrinamiento postuniversitario, exhortando a los directivos a «enamorarlos en el compromiso de defender la verdad», en alusión directa a los jóvenes que dan sus primeros pasos en las redacciones del Estado.
Los datos analizados reflejan la magnitud del desplome académico. En la sede Manuel Ascunce Domenech de la Universidad de Ciego de Ávila, por ejemplo, apenas dos estudiantes de onceno grado se presentaron a los exámenes de ingreso durante el año 2025. A la baja captación se suma la deserción, pues solamente el 49 % de los alumnos que inician la especialidad logra culminar sus estudios, abandonando las aulas en su mayoría debido a la asfixiante situación económica.
El desinterés de las nuevas generaciones encuentra un fuerte argumento en el plano laboral y salarial. A finales de mayo, el Canal Habana, una de las plazas televisivas provinciales históricamente más codiciadas de la capital, tuvo que lanzar una convocatoria abierta en Facebook para captar personal de emergencia, evidenciando las graves dificultades que enfrentan los medios gubernamentales para reclutar profesionales. Pocas semanas antes, en abril, el portal Cubadebate desató una oleada de burlas en redes tras publicar una oferta para periodistas-editores web con un sueldo base de 5,060 pesos cubanos al mes, un monto que equivale a menos de 10 dólares en el mercado informal. Esta retribución contrasta con los salarios de los constructores en el sector hotelero, quienes llegan a percibir ingresos de entre 32,000 y 40,000 pesos mensuales.
Las barreras de acceso también han aumentado en el plano legal. A partir del período académico 2024-2025, el Ministerio de Educación Superior impuso como requisito exclusivo para las mujeres que aspiren a estudiar Periodismo el cumplimiento de un año de Servicio Militar Obligatorio.
Para complicar el panorama de la propaganda estatal, el propio pleno de la UPEC admitió que el colapso del sistema eléctrico nacional está neutralizando el alcance de sus mensajes. Ronquillo lanzó una advertencia sobre el impacto de la crisis energética en el control social, señalando que «ante la ausencia de energía eléctrica las personas no acceden a los noticiarios, ni en la radio ni en la televisión, se están desconectando, y no se puede dejar brechas”.
El descontento frente a esta mordaza institucionalizada es compartido por quienes aún permanecen en las facultades. En junio de este año, un estudiante identificado como Gabriel Hernández sintetizó la frustración colectiva al declarar de forma contundente: «Cuando me gradúe las propias leyes de mi país me impedirán hacer un periodismo libre, sin seguir la línea de puntos».
El entorno normativo e internacional para ejercer la profesión en la Isla es sumamente hostil. Cuba figura en el puesto 171 de un total de 180 naciones evaluadas en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, ubicándose de forma crónica en la categoría de riesgo extremo. Asimismo, la Ley de Comunicación Social aprobada en 2024 ratifica el monopolio de la información al reconocer como legítimos únicamente a los medios supeditados al Estado, al PCC y a sus organizaciones de masas, empujando automáticamente cualquier ejercicio de periodismo independiente hacia la ilegalidad.
Esta sesión informativa del sindicato de periodistas oficialistas tuvo lugar pocos días después de que la organización celebrara su 63 aniversario, una fecha que en las plataformas digitales se conmemoró de forma satírica bajo la etiqueta popular de «aquí no hay periodismo», una realidad que las propias autoridades ya no consiguen camuflar en sus debates internos.
