La Fiscalía federal de Estados Unidos incorporó este jueves 8 de octubre un nuevo cargo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, al acusarlos de participar en una presunta conspiración para cometer torturas y utilizar la represión como mecanismo para conservar el poder en Venezuela.
El documento, de 30 páginas, fue presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York como el documento 342 del expediente 1:11-cr-00205-AKH. La acusación amplía el proceso que ambos enfrentan en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
Según los fiscales, Maduro y Flores habrían utilizado durante más de dos décadas sus posiciones dentro del poder venezolano para beneficiarse de redes de corrupción y mantener el control político mediante violaciones graves de derechos humanos. Entre las prácticas descritas aparecen detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos y torturas contra personas consideradas opositoras, incluidos ciudadanos estadounidenses.
La Fiscalía menciona métodos como descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares de los detenidos, incluso menores de edad. De acuerdo con la acusación, estas acciones tenían como objetivo intimidar, castigar o silenciar a quienes se enfrentaban al gobierno chavista.
Associated Press señala que el escrito atribuye a Maduro responsabilidad directa en determinados episodios y sostiene que habría supervisado un sistema en el que las detenciones y la violencia eran utilizadas como herramientas de persecución política. Flores también aparece vinculada a la presunta conspiración.
El periodista David Alandete, quien difundió detalles del documento, explicó que los fiscales sostienen que Maduro recibía información sobre interrogatorios y que, en algunos casos, habría dado instrucciones relacionadas con el trato a los detenidos.
La acusación también menciona a tres personas identificadas únicamente como CC-1, CC-2 y CC-3. De acuerdo con la descripción divulgada por Alandete, CC-1 estaría relacionado con operaciones de narcotráfico, las FARC y organismos venezolanos; CC-2 con episodios de represión y tortura; mientras que CC-3 es descrito como un alto funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), presuntamente vinculado al narcotráfico y a abusos contra detenidos.
Las identidades de estas personas no han sido confirmadas públicamente y su aparición en el documento no implica que estén formalmente acusadas en esta nueva imputación. La portada identifica como acusados únicamente a Maduro y Flores.
El expediente conecta además las denuncias de tortura con las investigaciones por narcotráfico. El denominado Cártel de los Soles aparece en el relato de los fiscales, junto con presuntos vínculos con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Norte del Valle y el Tren de Aragua. La Fiscalía sostiene que estructuras estatales, aeronaves y vehículos habrían sido utilizados para facilitar el tráfico de cocaína y que la conspiración habría continuado hasta aproximadamente 2025.
Las nuevas acusaciones llegan después de años de investigaciones internacionales sobre la represión en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones graves, especialmente contra opositores. La DGCIM también ha sido señalada en investigaciones anteriores por presuntos abusos durante interrogatorios.
El caso tiene especial interés para la comunidad cubana debido a los históricos vínculos entre los gobiernos de La Habana y Caracas. No obstante, la nueva acusación se limita a los señalamientos formulados contra Maduro y Flores y no establece responsabilidad penal para terceros sin pruebas.
Ambos fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026 y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Los dos se han declarado no culpables de los cargos que ya enfrentaban. La defensa de Maduro ha cuestionado aspectos relacionados con su inmunidad, mientras Flores ha pedido arresto domiciliario por razones médicas, una solicitud a la que se oponen los fiscales por considerar que existe riesgo de fuga.
El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027, aunque el calendario podría modificarse. Por ahora, las nuevas acusaciones forman parte de la tesis de la Fiscalía y deberán ser demostradas durante el proceso. Maduro y Flores mantienen la presunción de inocencia y no han sido condenados por estos nuevos cargos.
