La activista cubana Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide y coordinadora de Pasos de Cambio, encabezó en Madrid la presentación de ‘Cuba en el umbral’. El proyecto plantea una estrategia para poner fin al actual sistema político, atender la crisis social e instaurar un modelo democrático en la Isla. El acto se celebró en el Hotel Wellington, en el contexto previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, ante eurodiputados, diplomáticos y figuras internacionales como Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La propuesta da continuidad al Acuerdo de Liberación suscrito en Miami en marzo de 2026 y ratificado en la capital española por una treintena de organizaciones de la oposición. El texto estructura el proceso en tres fases consecutivas centradas en la liberación política, la estabilización y la posterior democratización, priorizando la restitución de la soberanía ciudadana mediante comicios libres.
Como requisito previo para cualquier cambio institucional, Payá enfatizó la necesidad de detener los mecanismos de control e intimidación estatal. Las medidas iniciales exigen el encarcelamiento nulo de los más de mil prisioneros políticos reportados por la ONG Prisoners Defenders, el cese de las restricciones a los derechos fundamentales, el retiro del poder de la familia Castro y de la cúpula militar, la disolución de los órganos de la Seguridad del Estado, las Brigadas de Respuesta Rápida y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), así como una amnistía general. En el plano defensivo, el plan estipula subordinar las fuerzas armadas y policiales a las autoridades civiles del periodo de transición y desvincular al estamento militar de la gestión empresarial.
En el ámbito social, la iniciativa incorpora un programa de respuesta rápida diseñado por el abogado Yaxys Cires, directivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). El plan humanitario fija un margen de 180 días que arrancaría en sus primeras 72 horas con el reparto gratuito de alimentos, medicinas y agua potable para la población sin distinciones ideológicas, enfocado en restituir el fluido eléctrico, el servicio hospitalario y la asistencia a grupos vulnerables.
Por su parte, el economista Elías Amor abordó la dimensión financiera del proyecto, orientada a superar el modelo centralizado. Sus proyecciones consideran estabilizar la moneda nacional, frenar la inflación, fomentar la inversión extranjera, recortar el peso del sector militar en los negocios y abrir espacio a la iniciativa privada para reactivar la capacidad productiva del país.
El politólogo Julio Shiling detalló las pautas de justicia transicional que acompañarían el proceso. Su intervención subrayó la creación de comisiones de investigación para examinar los abusos de derechos humanos, la preservación de la memoria histórica y la fiscalización del patrimonio estatal gestionado por el conglomerado militar GAESA, evitando la impunidad de las estructuras precedentes.
El diseño del cambio prevé la instalación de un Gobierno de transición temporal con un mandato delimitado entre 18 y 36 meses sin opción de prórroga. Esta administración provisional tendría la tarea de velar por la seguridad pública, gestionar la ayuda humanitaria, aplicar las reformas económicas y convocar un plebiscito vinculante que defina el nuevo marco constitucional, paso previo a la celebración de las primeras elecciones plurales y competitivas en más de siete décadas.
