Lo que durante décadas fue una alternativa económica para las vacaciones de las familias cubanas comienza a convertirse en un lujo difícil de pagar. El Gobierno de Cuba ha comenzado a entregar la gestión de instalaciones de Campismo Popular a empresas privadas, y uno de los primeros casos conocidos deja una realidad preocupante: precios que se han multiplicado hasta por diez.
El ejemplo más reciente es Punta de Ganado, una base de campismo ubicada en la playa Santa Lucía, en Nuevitas, Camagüey, que pasó a manos de una mipyme privada a mediados de octubre. Aunque la instalación continúa siendo propiedad estatal, sus nuevos administradores tienen libertad para establecer tarifas que se alejan considerablemente de los ingresos de la mayoría de los trabajadores cubanos.
¿Cuánto cuesta ahora disfrutar de un campismo en Cuba?
Las nuevas tarifas de Punta de Ganado han sorprendido a los visitantes. Solamente el transporte de ida y vuelta desde la ciudad de Camagüey cuesta entre 5.000 y 6.500 pesos por persona, dependiendo del transportista contratado.
A ese gasto se suman 500 pesos de entrada por adulto y 300 por cada menor de edad. Quienes deseen acceder a la denominada zona VIP deberán desembolsar otros 5.000 pesos, mientras que los menús del restaurante comienzan también en esa cantidad.
Para una familia de cuatro integrantes, formada por dos adultos y dos menores, el transporte y las entradas representarían un desembolso mínimo de 21.600 pesos. La cifra no incluye comida, bebidas ni actividades adicionales, y resulta especialmente llamativa porque los visitantes tienen prohibido introducir sus propios alimentos y refrescos.
El salario medio estatal registrado en agosto de 2026 rondaba los 7.354 pesos mensuales, por lo que una excursión familiar de un solo día puede consumir prácticamente tres salarios completos, incluso antes de sentarse a comer.
Las nuevas instalaciones ofrecen alquiler de cuatrimotos, juegos infantiles inflables y otras actividades recreativas. Sin embargo, las cabañas todavía necesitan reparaciones y, por el momento, no se encuentran disponibles para alojamiento.
Una playa más cara, pero no necesariamente mejor
La transformación de Punta de Ganado también ha generado cuestionamientos sobre la calidad de los servicios. Una residente de Camagüey que asistió a la fiesta de reapertura aseguró que los precios de la comida eran comparables con los de algunos de los restaurantes privados más exclusivos de la ciudad.
La visitante también cuestionó el estado de la playa, que, según su experiencia, no estaba tan limpia como se anunciaba. En cambio, observó mejores condiciones en la zona VIP, cuyo acceso requiere un pago adicional.
Ante las críticas, Carlos René Soriano, director de la filial provincial de Campismo Popular, defendió el servicio VIP por incluir atención personalizada, tumbona, mesa y sillas. Para justificar los elevados precios de la gastronomía, recurrió a un argumento que resume la inflación cotidiana en Cuba: «Ahora una cebolla cuesta 300 pesos».
La administración privada se habría comprometido inicialmente a recuperar la playa, el ranchón y el restaurante, para posteriormente rehabilitar las cabañas con vistas al período vacacional de 2027. Todavía está por verse si esas mejoras justificarán las tarifas y si los nuevos gestores lograrán recuperar una instalación deteriorada durante años.
El Estado conserva la propiedad, pero deja el negocio en manos privadas
El caso de Punta de Ganado podría ser apenas el comienzo de una transformación mayor. Un trabajador de Campismo Popular en Camagüey afirmó que existe el propósito de transferir a gestión privada las siete bases de campismo de la provincia antes de que finalice 2027, aunque las autoridades no han confirmado públicamente ese calendario.
El cambio llega en medio del profundo deterioro del turismo cubano, que ha dejado numerosas instalaciones sin clientes y miles de trabajadores afectados. La crisis de combustible, la caída de visitantes extranjeros y las dificultades financieras de las empresas estatales han acelerado la búsqueda de nuevas fórmulas de administración.
El Gobierno también ha impulsado durante 2026 un paquete de reformas económicas que amplía las posibilidades de asociación entre empresas estatales y negocios privados. No obstante, Miguel Díaz-Canel ha insistido en que estas transformaciones no equivalen a una privatización, pues el Estado pretende conservar la propiedad de los activos mientras permite otras modalidades de explotación comercial.
La situación resulta especialmente contradictoria en un país donde el campismo nació como una opción recreativa de precios accesibles para los trabajadores. Ahora, el Estado reconoce indirectamente su incapacidad para sostener parte de esas instalaciones y recurre a empresarios privados para recuperar su funcionamiento.
La transferencia también ocurre mientras la industria hotelera cubana acumula cierres y dificultades operativas, un escenario que ha reducido considerablemente las alternativas vacacionales disponibles.
Para los nuevos administradores, el arrendamiento puede representar una oportunidad de negocio y recuperación de instalaciones abandonadas. Para miles de familias cubanas, en cambio, la pregunta es mucho más sencilla: de poco sirve que un campismo vuelva a funcionar si disfrutarlo cuesta más de lo que pueden ganar en varios meses de trabajo.
