El Tribunal Supremo de España ha tomado una decisión que marca una importante diferencia entre padres e hijos beneficiados por la llamada Ley de Nietos. Mientras miles de personas que adquirieron la nacionalidad española continúan sin poder ejercer su derecho al voto desde el extranjero, sus descendientes han quedado fuera de esa restricción de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La resolución, conocida este lunes 9 de noviembre, rechaza las solicitudes presentadas por Vox e Iustitia Europa para extender la suspensión electoral a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la ciudadanía mediante las leyes españolas de memoria histórica y democrática. La decisión afecta a un colectivo de 189.678 electores inscritos en el censo exterior, aunque no todos necesariamente son hijos de los nacionalizados afectados por la suspensión anterior.
¿Por qué los hijos podrán votar y sus padres no?
La explicación está relacionada, principalmente, con el calendario electoral y las dificultades para modificar el censo a pocas semanas de las elecciones. El Supremo considera que ampliar ahora la suspensión provocaría problemas para identificar a los afectados y garantizar el correcto desarrollo de la votación.
La petición de Vox e Iustitia Europa pretendía que los hijos de los nacionalizados quedaran sujetos a las mismas condiciones impuestas anteriormente a sus progenitores. Sin embargo, el tribunal concluyó que aplicar una medida de semejante alcance en tan poco tiempo resultaría incompatible con las exigencias de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
La Abogacía del Estado también se había opuesto a esa ampliación, argumentando que revisar individualmente los expedientes y reconstruir los vínculos familiares podría ocasionar graves dificultades administrativas. Además, el colectivo incluye tanto a hijos de beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática de 2022 como a descendientes de nacionalizados mediante la legislación de 2007.
La decisión no fue unánime. Uno de los seis magistrados expresó su desacuerdo mediante un voto particular, mientras otra integrante de la sala respaldó el resultado, pero manifestó diferencias respecto a parte de sus fundamentos.
No obstante, el fallo no beneficia por igual a todos los nacionalizados. La suspensión cautelar continúa vigente para más de 162.000 españoles residentes en el exterior que obtuvieron la nacionalidad bajo determinados criterios de la Ley de Nietos, después de que 901 afectados acreditaran documentalmente su condición de descendientes de exiliados.
El conflicto judicial ya había llegado al Tribunal Constitucional, que recientemente rechazó un recurso presentado para recuperar el voto de los nacionalizados afectados. Aquella decisión dejó en manos del Supremo la resolución definitiva de una controversia que continúa abierta.
¿Qué significa esta decisión para los cubanos con nacionalidad española?
El asunto tiene especial importancia para Cuba, uno de los países donde la Ley de Memoria Democrática ha despertado mayor interés. Miles de familias cubanas han recurrido a sus antepasados españoles para obtener la ciudadanía, en un proceso que generó una enorme demanda de citas y expedientes ante el Consulado General de España en La Habana.
La legislación permitió que hijos y nietos de españoles, así como determinados descendientes de personas que adquirieron posteriormente la nacionalidad, pudieran convertirse en ciudadanos españoles. La demanda fue tan elevada que las autoridades consulares tuvieron que ampliar su capacidad para recibir expedientes de nacionalidad.
Para los cubanos que obtuvieron la ciudadanía mediante la vía destinada a hijos mayores de edad de nacionalizados, la nueva resolución significa que no se extenderá a ese grupo la suspensión cautelar solicitada. Quienes reúnan los requisitos electorales y estén debidamente inscritos en el censo correspondiente podrán participar en los comicios del 29 de noviembre.
Por otra parte, los cubanos nacionalizados que residen y están empadronados en España no están afectados por la suspensión del voto exterior. Esa diferencia resulta fundamental, porque las restricciones judiciales se refieren a determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), no a todos los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad mediante estas leyes.
También conviene aclarar que ninguna de estas decisiones implica la pérdida automática de la nacionalidad española ni la anulación de los pasaportes concedidos. El litigio actual gira alrededor del ejercicio del derecho al voto desde el extranjero y de la interpretación de los requisitos legales utilizados para conceder determinadas nacionalidades.
La controversia se produce después del cierre del plazo para iniciar nuevas solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos, que concluyó en octubre de 2025. Aunque aquella etapa terminó, numerosos expedientes presentados dentro del plazo establecido siguen su curso administrativo.
Por ahora, el Supremo ha establecido una diferencia decisiva entre los dos grupos familiares ante las elecciones del 29 de noviembre. Los hijos conservarán la posibilidad de votar si cumplen los requisitos electorales, mientras que parte de sus padres seguirá sometida a una suspensión cautelar cuyo fundamento jurídico todavía debe resolverse definitivamente.
