La denuncia llega desde Cuba y apareció en el diario oficialista Juventud Rebelde. Una persona residente en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, e identificada como Ariagnys Rodríguez Véliz (Calle 19, No. 2202, entre 22 y 24), escribió que a pesar de que es positiva a la COVID-19, con seis días de confirmación la están obligando a trabajar en esas condiciones.
Ariagnys es trabajadora del policlínico Elena Fernández Palacios, y alega en su carta que se contagió trabajando; en la primera línea de combate contra la COVID-19; haciendo pruebas de PCR.
Sin embargo, la presión que han recibido las autoridades de Pinar del Río por parte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y del gobierno, con relación a los cientos, quizás miles de trabajadores de la salud que están de vacaciones, habría obligado a los superiores inmediatos de Ariagnys, en evidente confirmación de los palos recibidos, a exigirle que se reincorporara a su puesto, no importa la COVID. No les importa nada.
Según le explicaron existe «una orden de que a los siete días los trabajadores de Salud Pública tienen que comenzar a trabajar; si no lo hacen no les pagan el mes y les aplican una sanción».
El caso de ella se complica pues tiene una niña de siete años que era cuidada por su mamá, de 73; pero la anciana fue operada de carcinoma de endometrio, está con tratamiento oncológico, y por si fuera poco padece una bronquiectasia e hipertensión arterial.
El padre, con el que también vive, tiene igualmente 73 años pero otros problemas de salud tales como insuficiencia renal, hipertensión arterial, problemas prostáticos con sondas permanentes y artritis reumatoidea.
Si ya de por sí esta narrativa no es suficiente para que a Ariagnys se le deje tranquila en su casa; agreguen esta otra: su padre dio positivo a la COVID-19 también. Y está en la casa «pasando el virus».
«Me dicen que hay una orden que no permite dar licencias —afirma. Mi pregunta es si después de 15 años trabajados tengo que pedir mi baja teniendo esta situación personal: una niña de siete años que está a mi cuidado nada más, y que nadie valore mi caso»,
expresa en su misiva.
Ariagnys quiere saber si esta medida es cierta, y si es cierta, por qué en su caso no se hace una excepción.
Ciertamente lo merece. Obligarla a trabajar bajo estas condiciones, como mínimo es ponerla en riesgo. No solo a ella, sino a toda su familia.
Hay algo que se llama «carga viral», y hay varias vidas en juego.
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