Varios senadores republicanos frenaron a Trump, mientras los vuelos espías continuan sobrevolando la isla.
Congresistas demócratas denuncian catástrofe humanitaria en Cuba, mientras fuera, muchos se preguntan por qué EE.UU. lleva más de un siglo obsesionado con La Habana
La presión militar de Donald Trump sobre Cuba chocó esta semana con un obstáculo inesperado: sus propios aliados en el Senado. Según informa The Hill, senadores republicanos de peso han comenzado a advertir públicamente al presidente que una operación militar contra La Habana sería un error estratégico grave, sobre todo mientras la guerra con Irán sigue sin resolverse.
El líder de la mayoría, John Thune (R-Dakota del Sur), fue el más explícito. Consultado sobre la posibilidad de una acción militar contra Cuba, respondió que «en este momento el foco está en abrir el Estrecho de Ormuz», por donde transita el 20% del petróleo mundial. Aunque reconoció que le encantaría ver caer al gobierno cubano, su preferencia es que eso ocurra de manera «orgánica», mediante la presión económica y el bloqueo naval, sin disparar un solo tiro.
James Lankford (R-Oklahoma), vicepresidente de la Conferencia Republicana, fue aún más directo: «No apoyaría una operación militar contra Cuba. Hay mucha presión económica que por sí sola marca una gran diferencia.» Susan Collins (R-Maine), presidenta del Comité de Apropiaciones, respondió con un escueto y rotundo «no» cuando se le planteó la misma pregunta. Rand Paul (R-Kentucky), fiel a su doctrina no intervencionista, advirtió que una guerra con Cuba sería un error, y reveló que en conversaciones con el embajador cubano percibió apertura a negociaciones y a la inversión estadounidense. «Quiero menos guerra, no más», dijo.
El trasfondo financiero es igualmente revelador: el gasto militar en Irán ya ha agotado prácticamente los 150.000 millones de dólares asignados por la «One Big Beautiful Bill Act», y la Casa Blanca estudia solicitar un suplemento adicional de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares, una cifra que muchos legisladores republicanos no están dispuestos a aprobar antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. La guerra, en suma, dice The Hill, ya es demasiado cara para añadir otro frente.
Sin embargo, mientras el Senado debate, hay otros que no pierden tiempo, actúan, y les pagan por ello con nuestro dinero: los militares.
Un análisis de CNN basado en datos públicos de rastreo aéreo revela que, desde el 4 de febrero de 2026, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han realizado al menos 25 vuelos de recopilación de inteligencia frente a las costas de Cuba, muchos de ellos a menos de 65 kilómetros de La Habana y Santiago de Cuba.
Las aeronaves involucradas no son ordinarias: el P-8A Poseidon, diseñado para vigilancia marítima y reconocimiento; el RC-135V Rivet Joint, especializado en inteligencia de señales; y drones de gran altitud MQ-4C Triton. Lo llamativo es que estos aparatos tienen la capacidad técnica de desactivar sus balizas de localización para operar de forma invisible, pero no lo hacen. Su presencia es deliberadamente pública, lo que lleva a CNN a formular la pregunta que muchos se hacen en La Habana: ¿es esto un mensaje?
El precedente es inquietante. Un patrón casi idéntico —retórica presidencial agresiva seguida de un repentino aumento de vuelos de vigilancia visibles— precedió tanto a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026 como a los ataques conjuntos con Israel sobre Irán. Las mismas aeronaves hoy sobrevolando Cuba estuvieron activas en ambos teatros de operaciones. El Pentágono declinó comentar los hallazgos. Cuba, por su parte, ha descartado representar amenaza alguna para EE.UU. y ha reiterado su disposición a negociar, aunque también ha advertido que respondería con guerra de guerrillas ante cualquier invasión.
Precisamente ayer 11 de mayo, The New York Times publicó un ensayo de opinión firmado por los congresistas demócratas Pramila Jayapal (Washington) y Jonathan L. Jackson (Illinois), ambos miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. El texto describe lo que encontraron durante una visita de cinco días a Cuba en abril: una catástrofe humanitaria silenciosa que, aseguran, sacudiría la conciencia del pueblo estadounidense si fuera ampliamente conocida.
En el hospital materno Eusebio Hernández Pérez de La Habana, presenciaron cómo el bebé prematuro Alejandro —de apenas 900 gramos— yacía en una de las pocas incubadoras que aún funcionaban, mientras las demás permanecían inutilizadas porque las sanciones estadounidenses impiden importar los repuestos necesarios.
Según relataron, vieron a mujeres embarazadas subir escaleras a oscuras porque los ascensores no funcionaban sin electricidad, y escucharon a médicos describir cómo, durante los apagones, deben bombear ventiladores manualmente para mantener con vida a los recién nacidos. Los datos que citan son brutales: entre 2018 y 2025, la tasa de mortalidad infantil en Cuba —durante décadas una de las más bajas del mundo— se disparó un 148%.
Los legisladores argumentan que el bloqueo energético viola las normas del derecho internacional sobre soberanía y libre comercio, y que equivale a un «castigo colectivo» sobre la población civil. Señalan también que muchos de los cambios económicos que la administración Trump dice exigir ya están en marcha en la isla —apertura a inversión cubanoamericana, expansión de pymes— pero que ninguna liberalización puede sobrevivir a una destrucción deliberada de la infraestructura básica. Su conclusión: negociación basada en respeto mutuo, no invasión.
Resulta obvio señalar que los congresistas culparon íntegramente de la catástrofe al gobierno de los EE.UU. Según el relato, la culpa es ajena 100% a La Habana.
Pero… ¿por qué sucede todo esto? Para entender todo lo anterior, The Conversation publica hoy un análisis académico que sitúa la crisis actual en una perspectiva histórica de más de dos siglos. Desde que las 13 colonias americanas declararon la independencia, sucesivas administraciones de EE.UU. asumieron que Cuba terminaría formando parte de la unión, ya fuera por compra, anexión o control indirecto. Cuando España fue derrotada en 1898, Washington no reconoció la independencia cubana sino que ocupó la isla, argumentando —en palabras del gobernador militar Leonard Wood— que los cubanos no estaban «preparados para el autogobierno.»
La revolución de 1959 fue, en esencia, el rechazo frontal de esa lógica. Cuando Fidel Castro declaró que el proyecto revolucionario consistía en «cubanizar Cuba», no estaba pronunciando un eslogan: estaba respondiendo a décadas de penetración cultural, económica y política estadounidense tan profunda que, como señalaba la Guía Terry de Cuba en los años 20, los visitantes norteamericanos «se sentían como en casa» porque miles de cubanos actuaban, pensaban y hablaban «como americanos.»
El artículo traza los paralelos entre el comportamiento de Trump y el de Theodore Roosevelt, quien en 1906 escribió que estaba «tan furioso con esa maldita pequeña república cubana que le gustaría borrar a su pueblo de la faz de la tierra.» La lógica es la misma: EE.UU. se ha arrogado históricamente una «autoridad moral para ejercer poder sobre Cuba», en palabras del historiador Louis A. Pérez.
El fracaso de Bahía de Cochinos hace 65 años demostró, concluye el análisis, que los cubanos han estado siempre dispuestos a defender su derecho a la autodeterminación. Esa disposición, añaden los autores, no ha cambiado, aunque parece solo recoger la opinión de los cubanos apegados al gobierno. Muy probablemente un pleibiscito entre cubanos, en el que se les diera a escoger entre el atrincheramiento del que hace gala el régimen, y salir de la crisis sociopolítica y económica en la que están sumidos, arrojaría una respuesta abrumadora en lo segundo, aunque un gran por ciento de ellos apueste también por la autodeterminación.
Y ese es precisamente el gran error del artículo en The Conversation: que la «autodeterminación» de la que ellos hablan, es la que le impuso el régimen cubano a un grandísimo por ciento de cubanos sin siquiera contar con ellos.
Cuatro fuentes, cuatro ángulos, un solo protagonista: la isla a 90 millas de Florida que lleva un siglo negándose a desaparecer del mapa geopolítico tal como Washington quisiera.
