En una reciente y necesaria maniobra de rescate, la cancillería de Cuba ha anunciado el inicio de una operación para evacuar a ciudadanos cubanos varados en medio de la creciente violencia en Haití.
Así lo hizo público la cancillería a través de sus redes sociales, donde señaló que este esfuerzo se desplegará en dos fases: un traslado terrestre desde Puerto Príncipe hasta Cabo Haitiano, seguido de un transporte aéreo hacia Cuba.
Aunque la acción es positiva, resalta una constante en la política exterior cubana: una reacción lenta y a veces insuficiente ante las crisis que afectan a sus ciudadanos en el extranjero.
Este patrón de respuesta tardía no es un caso aislado. Rememoramos el trágico incidente de los médicos cubanos secuestrados en Kenya por guerrillas, que luego fueron llevados a Somalia. La demora del gobierno en intervenir culminó en un desenlace fatal. Estos eventos pintan un retrato de un régimen que, históricamente, ha dejado mucho que desear en la protección de sus nacionales fuera de sus fronteras.
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Frecuentemente, parece que los cubanos que no participan en misiones oficiales o que han emigrado, enfrentan un abandono más pronunciado por parte de su gobierno.
A pesar de las proclamaciones de solidaridad y apoyo, la realidad muestra una discrepancia palpable entre el discurso oficial y las acciones concretas. La comunidad internacional y la diáspora cubana observan estos patrones, lo que a menudo resulta en una crítica abierta hacia la administración cubana.
La situación en Haití sirve como un recordatorio de la necesidad imperante de que Cuba reformule su enfoque hacia la protección de sus ciudadanos en el extranjero. No solo es cuestión de mejorar la rapidez de las respuestas, sino también de asegurar que cada cubano, sin importar su situación o ubicación, reciba el apoyo y la seguridad que merece de su gobierno.
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