Un nuevo informe del Food Monitor Program (FMP) confirma lo que muchos cubanos vienen denunciando desde hace años: el hambre en Cuba no es percepción ni exageración, es una realidad cotidiana. Basado en una encuesta a más de 2.700 hogares de todo el país, el informe En Cuba Hay Hambre (2024) pinta un cuadro dramático de la situación alimentaria en la isla, donde casi el 97% de los encuestados asegura haber perdido acceso a los alimentos debido a la inflación y la caída del poder adquisitivo.
El 98,8% de los cubanos entrevistados dice que los precios de los alimentos han subido drásticamente en el último año. Y no solo eso: el 72% de los hogares ha tenido que adoptar dietas no saludables debido a la escasez. En provincias como Artemisa y la Isla de la Juventud, incluso se ha documentado que familias enteras se limitan a una sola comida al día.
El informe denuncia además que el 71% de los hogares sufre interrupciones frecuentes del servicio eléctrico, justo durante las horas de cocción de alimentos. El 60% de los hogares no recibe agua potable, y el 42% gasta todo su ingreso mensual solo en comida. Algunos llegan a destinar hasta cinco veces el salario mínimo para llevar algo a la mesa.
Pero quizás lo más revelador es la percepción ciudadana sobre las causas de esta crisis: el 64% culpa directamente a la ineficiencia del gobierno, y apenas un 8% considera que el embargo estadounidense es responsable.
FMP no duda en calificar la situación como una «emergencia alimentaria silenciosa», agravada por la autocensura, la normalización de la precariedad y la falta de acción estatal. Aunque Cuba representa apenas el 5% de la población caribeña, concentra el 40% de quienes sufren inseguridad alimentaria en la región.
Lo más «interesante» del fenómeno es que, mientras las cifras del FMP lucen —y son— irrebatibles, el régimen en La Habana insiste en que los programas que está desarrollando contribuirán a lograr la llamada «soberanía alimentaria» en la población y desmienten la hambruna generalizada en el país; confirmada por imágenes, cada vez más frecuentes, de personas buscando algo que comer en los latones de basura.
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Hay que destacar que esta «soberanía», ni en las llamadas épocas post 59 de vacas gordas se logró, debido al problema central y de raíz del sistema: un modelo agrícola hipercentralizado, sin incentivos reales para los productores, y con una burocracia que asfixia cualquier intento de innovación o eficiencia en el sector. Incluso el propio Partido Comunista reconoció en diciembre de 2024 el fracaso de su programa de soberanía alimentaria, admitiendo que los resultados no satisfacen las necesidades de la población.
Por si fuera poco, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, implementada en 2022, ha enfrentado múltiples obstáculos en su aplicación. Persisten deficiencias estructurales, como la falta de incentivos económicos para los productores, impagos y un sistema burocrático que impide la innovación y la eficiencia en la agricultura cubana. A pesar de los esfuerzos legislativos, la producción de alimentos sigue siendo insuficiente, y la dependencia de las importaciones continúa siendo alta.
En este contexto, la insistencia del gobierno en alcanzar la «soberanía alimentaria» parece más una retórica política que una solución efectiva a la crisis alimentaria que enfrenta el país. La falta de resultados concretos y la persistencia de problemas estructurales sugieren que, sin reformas profundas y un cambio en el enfoque de la política agrícola, la situación difícilmente mejorará.
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