Cayo Hueso se distancia de Miami y el Doral: votan en contra de asociarse con ICE

Miami y Doral han abrazado la alianza con ICE. Cayo Hueso sin embargo, la ha rechazado.

Un análisis sobre el contraste y el voto entre poblaciones de origen distinto

En dos ciudades con población hispana abrumadora, Miami y Doral, sus gobiernos locales han votado recientemente a favor de asociarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otorgando a sus policías poderes para actuar como agentes federales en la detención de inmigrantes. En marcado contraste, la Comisión de la ciudad de Key West, el Cayo Hueso hispano de toda la vida, decidió, con una mayoría aplastante de 6 votos a 1, cancelar el más reciente acuerdo firmado en marzo con esa misma agencia.

Mientras Doral se ha ganado el apodo de “Doralzuela” por su elevada presencia de venezolanos, y Miami sigue siendo un epicentro histórico de la inmigración latinoamericana en Estados Unidos, ambos gobiernos municipales han optado por alinearse con las directrices del gobernador Ron DeSantis, priorizando la aplicación de leyes migratorias por encima de los reclamos de confianza y seguridad comunitaria.

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Paradójicamente, en Cayo Hueso, donde la proporción de población inmigrante no es tan dominante ni visible, sus comisionados han decidido dar la espalda a ICE, argumentando que la confianza de los residentes y la autonomía local son más importantes que cualquier colaboración federal impuesta.

El contraste es brutal. En Miami, la decisión fue ajustada, 3 votos contra 2, pero suficiente para autorizar a tres oficiales a integrarse al programa federal 287(g). En Doral, la votación fue unánime.

En ambos casos se justificó la medida con el argumento de que era una exigencia del estado. La alcaldesa de Doral llegó a decir públicamente que “tenían que hacerlo”, casi como si se tratara de una orden sin escapatoria.

En Cayo Hueso, sin embargo, el argumento fue diametralmente opuesto: no solo había espacio para decir que no, sino que la propia ciudad cuestionó la legalidad del acuerdo firmado en marzo, al no haber sido aprobado oficialmente por la comisión.

En ciudades donde más del 70 % de la población es de origen hispano, como Miami y Doral, uno esperaría una actitud más empática y cercana hacia el fenómeno migratorio. Sin embargo, el temor a represalias estatales, la presión política del discurso antimigrante dominante en Florida, y la necesidad de mostrar “mano dura” parecen haber inclinado la balanza hacia decisiones que muchos califican como una traición a sus propias comunidades.

En cambio, en Key West se ha tomado una ruta completamente distinta. El fin del acuerdo con ICE no solo envía un mensaje simbólico de autonomía, sino que busca reforzar los lazos entre los residentes inmigrantes y las instituciones locales. La desconfianza que genera la presencia de agentes federales en procesos de detención y deportación ha sido documentada durante años: desalienta a las víctimas de delitos a denunciar, aleja a los inmigrantes de los servicios básicos y puede generar climas de miedo donde antes había colaboración.

Es evidente que los comisionados de Key West no desconocen estos efectos. Su decisión, ampliamente respaldada por grupos comunitarios, marca un viraje hacia políticas más inclusivas y humanas, donde el estatus migratorio no se convierte en un factor para criminalizar a vecinos ni justificar redadas con consecuencias devastadoras.

Esta divergencia no es solo local. A nivel nacional, cada vez más ciudades se cuestionan los acuerdos con ICE, especialmente cuando implican delegar funciones federales a cuerpos policiales locales que, en principio, deberían servir para proteger y no para perseguir a sus propios residentes. La pregunta que flota en el aire es si el camino tomado por Key West servirá de modelo o será la excepción en una Florida cada vez más alineada con la línea dura en política migratoria.

Mientras tanto, Doral y Miami se insertan en una tendencia peligrosa que, aunque legalmente respaldada, podría terminar debilitando el tejido comunitario en barrios ya marcados por la diversidad, la movilidad y la fragilidad legal de buena parte de sus habitantes. En ese contexto, la decisión de Key West se convierte en una llamada de atención: hay otra manera de gestionar lo local sin entregar el alma al aparato federal.

La disyuntiva está servida. O se criminaliza lo que históricamente ha hecho grande a Florida —su inmigración— o se defiende la convivencia como valor estratégico. Y eso, al final, no lo define un gobernador ni un presidente, sino los gobiernos locales y la conciencia de sus ciudadanos.