Capturan y amarran a mujer que entró a robar en una casa en La Habana; luego la graban y exponen en redes sociales

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La desesperación ciudadana ante la delincuencia y la inacción policial alcanza nuevos límites. El cubano no solo tiene que lidiar con los delincuentes, sino que usa la tecnología para «desquitarse».

La Habana vive una realidad alarmante donde la inseguridad y la lentitud de las fuerzas del orden han empujado a sus habitantes a tomar medidas desesperadas. Un ejemplo claro ocurrió en el reparto Ampliación del Sevillano, donde vecinos capturaron y ataron a una mujer tras sorprenderla robando en la casa de un anciano discapacitado. La joven, acusada de intentar sustraer un teléfono, fue inmovilizada por los residentes hasta la llegada de la policía.

En un video que circula en redes sociales, se la ve atada con un cable, llorando e implorando que no la graben.

Sin embargo, los vecinos, visiblemente indignados, justificaron la grabación como una forma de denunciar públicamente el delito.

Este incidente no es aislado. En un país donde el aumento de la criminalidad coincide con la falta de recursos y el deterioro institucional, los cubanos han recurrido a tomar la justicia en sus propias manos. Lo hacen porque, según muchos, las autoridades no responden con celeridad ni eficacia a los llamados de emergencia.

Las redes sociales han jugado un papel clave en esta dinámica. Además de documentar y difundir estos casos, se han convertido en un espacio para debatir la falta de seguridad en el país. En este caso, los comentarios fueron en su mayoría condenatorios, resaltando que jóvenes físicamente capaces prefieran delinquir en lugar de trabajar. También hubo quienes cuestionaron la exposición pública de la acusada, pero la mayoría lo consideró necesario para frenar la impunidad.

Sin embargo, no siempre la grabación de los hechos delictivos y la exposición en redes sociales es justiciera y efectiva de cara al poder, pues en Cuba, la respuesta de las autoridades hacia los ciudadanos que documentan abusos policiales ha sido severa, evidenciando una doble moral en el tratamiento de la justicia. Mientras que en algunos casos la población ha tomado medidas directas contra delincuentes comunes, cuando se trata de registrar y denunciar excesos cometidos por agentes del orden, los ciudadanos enfrentan represalias significativas.

Durante la pandemia, varios ciudadanos fueron detenidos por intentar filmar acciones policiales. En abril de 2020, dos mujeres en La Habana fueron arrestadas y golpeadas por agentes tras intentar grabar una intervención policial.

Un caso emblemático reciente es el de Yoennis Domínguez de la Rosa, un joven que fue condenado a cinco años de prisión por grabar y difundir en redes sociales un enfrentamiento policial en Santiago de Cuba. Aunque fue liberado recientemente como parte de un acuerdo entre el régimen cubano, el Vaticano y Estados Unidos, su encarcelamiento refleja sin dudas la intolerancia del gobierno hacia quienes exponen públicamente la mala conducta de las fuerzas de seguridad.

Otro ejemplo, más reciente aún, es el de Mayelín Rodríguez Prado, quien recibió una sentencia de 15 años de prisión por transmitir en vivo las protestas ocurridas en Nuevitas en 2022, que incluía en el video, una golpiza propinada por agentes policiales a dos menores de edad. Su caso pone de manifiesto la dureza con la que el régimen castiga a aquellos que utilizan las redes sociales para documentar y compartir actos de represión policial. Mayelín aún continúa tras las rejas. Tal vez quieras leer sobre su caso aquí.

La contradicción es evidente: mientras que la ciudadanía, ante la ausencia o ineficacia policial, se ve obligada a actuar por cuenta propia contra la delincuencia común, y cuando exponen a delincuentes comunes no les sucede nada, aquellos otros que intentan exponer mediante imágenes los abusos de las autoridades, enfrentan detenciones, juicios y severas condenas.

La represión hacia quienes documentan abusos policiales en Cuba subraya la falta de transparencia y el autoritarismo del régimen, que busca impedir cualquier forma de denuncia o disidencia, especialmente cuando proviene de sus propios ciudadanos armados con herramientas digitales. Esta disparidad en la aplicación de la justicia refleja una estrategia del gobierno cubano para silenciar las críticas y mantener un control férreo sobre la información que circula dentro y fuera del país.

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