La abogada Liudmila Armas Marcelo explica por qué es una victoria histórica, pero advierte: el gobierno puede apelar y no todos los casos tendrán el mismo resultado.
Un juez de la corte de inmigración de Orlando, Florida, otorgó la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano a un migrante cubano que había sido liberado con formulario I-220A, en una decisión que sacudió este miércoles las redes sociales de la comunidad cubana en Estados Unidos y que la abogada que llevó el caso calificó de inmediato como algo «super raro» en el clima legal actual. El beneficiado es identificado como Reinier, y su caso fue representado por la firma de la abogada cubana Liudmila Armas Marcelo, radicada en Lake Worth, Florida, quien celebró el resultado con genuina sorpresa pero fue enfática desde el primer momento en advertir que no se trata de un precedente automático ni de una puerta abierta para todos.
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«Hoy celebramos una importante victoria en corte de inmigración», escribió la letrada al anunciar públicamente el fallo. Y en conversación privada con este redactor, sin bajar la guardia, fue aún más directa: «Yo misma no lo creo aún. Eso es super raro que pase».
Se trata de una advertencia sincera de alguien que conoce de cerca cómo funcionan las cortes de inmigración en este momento; sobre todo porque, después de ese caso y su repercusión en la prensa, su teléfono no ha parado de sonar.
Así lo confirmó, desde Houston, Texas, donde se encontraba atendiendo otros casos, con cortes a las 7 de la mañana hora local y otra audiencia pendiente para el mediodía, y un viaje de regreso a Miami en la noche, mientras desmiente el mito popular de que con el problema migratorio que se vive en EE.UU. actualmente, los abogados de inmigración están nadando en dinero. La realidad, según la describe, es la de días sin dormir bien y mucho trabajo.
Sin embargo, su victoria reciente es real, aunque merece ser entendida en su justa dimensión. Según comentó en un video que colgó en sus redes sociales contando lo sucedido, el juez había solicitado meses antes, durante la corte de master, que la defensa presentara un brief legal apoyando la posición de que el I-220A debía considerarse equivalente a un parole, es decir, a una libertad condicional válida para acceder a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. El gobierno, por su parte, presentó una moción para terminar anticipadamente la solicitud, argumentando que ese formulario no constituye parole y que por tanto el cliente no reunía los requisitos para obtener la green card.
La firma de Armas Marcelo fundamentó su brief en varios pilares jurídicos sólidos. Primero, los precedentes de los casos Matter of Q. Li y Yajure-Hurtado v. U.S. Attorney General, que abordan directamente el error en la forma de liberación de ciertos migrantes. Pero el argumento más poderoso, el que según la propia abogada terminó inclinando la balanza, fue una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, en la que el propio gobierno federal dio un giro notable: retiró su posición anterior y reconoció que los cubanos en esa situación debían haber sido liberados bajo las secciones 1226 o 1225 del código migratorio, no bajo el I-220A. En otras palabras, el gobierno admitió que cometió un error al usar ese formulario. Y para Armas Marcelo, ese reconocimiento fue la llave del caso: si las propias autoridades admiten el error, resulta profundamente injusto que ese mismo error se use ahora en contra de los migrantes para negarles la residencia a la que tienen derecho.
«Lo que abordamos fue lo que sucedió en el Undécimo Circuito, en el cual el gobierno retiró su posición de que estos cubanos habían debido ser liberados bajo 1226 o 1225, y ese cambio de posición del gobierno implicaba que ellos mismos reconocieron un error», explicó en el video que publicó para su comunidad. «Para nosotros era injusto que dijeran que estas personas, aunque el gobierno se había equivocado, no eran merecedoras de que se les concediera la residencia».
El juez aceptó el razonamiento y otorgó la green card. Pero Armas Marcelo fue inmediata en enfriar las expectativas, con la misma energía con la que celebró.
«Lo más importante es que la gente sepa que no es un bailable, que es algo raro y que el gobierno puede apelar», dijo. Y lo repitió en el video, con más detalle: «Eso no quiere decir que vaya a ser lo mismo para todo el mundo, porque sé cómo funciona en estas situaciones y las personas, todos quieren que se valúe su caso. No todos los jueces permiten presentar un brief, no todos los jueces permiten que uno defienda las residencias. Muchas veces se pierde el dinero porque el fiscal, o sea, el gobierno, presenta la moción para pre-terminar y el juez la autoriza». Cada caso, insistió, es diferente. Cada juez analiza la ley y la evidencia de manera distinta, y el resultado de un caso no garantiza el resultado de otro. «Los casos con I-220A no están perdidos. La estrategia legal y la forma en que se presenta el caso hacen la diferencia», resumió.
La abogada también fue honesta sobre el peso del momento histórico en que se produce esta victoria. Las cortes de inmigración atraviesan un período de tensión inusual.
«Se están perdiendo casos muy buenos, con mucha evidencia, y los jueces cada día tienen más cautela —por no decir miedo— para otorgar estos casos, porque la situación se hace cada día más tensa en las cortes de inmigración», señaló. En ese contexto difícil, cada triunfo, por pequeño que parezca, cumple una función estratégica que va más allá del caso individual: empuja al Tribunal de Apelaciones de Inmigración, conocido como BIA, a tener que pronunciarse definitivamente sobre la situación legal de los cubanos con I-220A.
«Yo pienso que se acerca el momento en que el BIA va a tener que decidir, porque ya se está haciendo mucha presión sobre este órgano. Mientras un juez otorgue residencias bajo este argumento, si el gobierno apela, siguen llegando casos a curvas de apelaciones y siguen empujando para que el BIA acabe de decidir esta situación de los cubanos con I-220A y su liberación bajo parole o no», explicó.
Y eso, dijo, es lo verdaderamente importante del día. No solo que Reinier tiene ahora su residencia, sino que el sistema está siendo presionado hacia una definición que beneficiaría a miles.
«Cada triunfo, por pequeño que sea como este, llena de mucha felicidad», reconoció, antes de aclarar que el gobierno probablemente presentará su apelación dentro del plazo establecido, lo que mantiene el caso abierto y el resultado, por ahora, sin garantías de permanencia.
El caso de Reinier no resuelve de golpe la situación de los miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos y fueron liberados con ese formulario, cuya validez como parole sigue siendo disputada por el Departamento de Seguridad Nacional. Pero sí demuestra que la estrategia legal importa, que hay jueces dispuestos a aplicar estos argumentos, y que rendirse no es la única opción. Como la propia abogada resumió, con la claridad de quien lleva años peleando estas batallas desde Houston hasta Orlando, muchas veces con migraña y sin dormir: los casos con I-220A no están perdidos.
Para consultas o citas, la firma de Liudmila Armas Marcelo se encuentra en Lake Worth, Florida (mapa aquí)
