Estados Unidos ha puesto de nuevo a Venezuela en el centro de su agenda de seguridad y Cuba se ha colocado como su principal escudero político. Mientras Washington refuerza su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, La Habana acusa a la Casa Blanca de preparar una intervención violenta y de poner en riesgo la estabilidad regional, señala el medio Al Jazeera.
El gobierno de Donald Trump ha multiplicado los ataques contra embarcaciones en aguas caribeñas, con muertos inclusive, al tiempo que despliega más tropas y buques de guerra. Según medios estadounidenses y agencias internacionales, en Washington ya se habla de una “nueva fase” de operaciones sobre Venezuela.
La presión no se limita a los misiles empleados para hundir las lanchas cargadas con droga. Estados Unidos acaba de declarar al llamado Cartel de los Soles –supuesto entramado de corrupción de altos mandos venezolanos– como organización terrorista extranjera. Para el canciller cubano Bruno Rodríguez, es un pretexto para justificar “el derrocamiento violento” del «gobierno» de Maduro y, en última instancia, quedarse con el petróleo del país.
En X, plataforma donde se ha convertido en el Supreme Condenator, Bruno acusó a Washington de fabricar enemigos y de usar la etiqueta de “guerra antidrogas” como “mentira insostenible” para encubrir una disputa por las mayores reservas de crudo del planeta, recoge la agencia Reuters.
Granma dijo por su parte que «la amenaza de guerra no resuelve ninguno de los problemas políticos y económicos internos de Estados Unidos», mientras con cinismo expresaba que también «aleja las posibilidades de una relación constructiva y de entendimiento en la región», para reforzar la idea que durante años ha inculcado a las generaciones de cubanos «obre las ambiciones del poderoso vecino del Norte», mientras se preguntaba si Marco Rubio alguna vez había pasado el Servicio Militar.
El petróleo aparece también en los cálculos de la Casa Blanca. Un análisis de Reuters subraya que, pese a las sanciones, Maduro conserva margen de maniobra: puede desviar parte del crudo que hoy vende con descuento a China y ofrecerlo a Estados Unidos y Europa, además de restaurar licencias para petroleras estadounidenses. Las sanciones que hundieron la economía venezolana obligaron a PDVSA a operar sin grandes contratos de largo plazo, lo que ahora le da flexibilidad para usar cada cargamento como ficha de negociación.
Mientras defiende a Caracas, Cuba llega a este conflicto con su propio expediente en cuestión. Esta semana, Amnesty International publicó un informe que describe un patrón de violencia institucional de género contra periodistas, activistas y madres de presos políticos: detenciones arbitrarias, vigilancia, hostigamiento sexual y amenazas a familiares para forzar el silencio. El mismo Estado que denuncia atropellos en Venezuela mantiene una maquinaria de represión afinada puertas adentro.
En ese tablero, la pregunta es por qué Maduro no cae, incluso con una economía hundida y un cerco internacional. Desde las elecciones de 2024, cuyos resultados detallados nunca se han publicado, el chavismo conserva el control del aparato electoral, del Tribunal Supremo y de las fuerzas armadas, mientras reprime protestas y mantiene a la oposición bajo presión constante.
El relato de asedio externo le permite presentar cualquier disidencia como traición y cerrar filas con los mandos militares, mientras se aferra al poder y se convierte en todo un dictador. Dicho esto, ¿de qué «gobierno» habla Bruno Rodríguez? Solo en su mente, y en la de una clase política pendiente que no se le corte más aún el flujo de petróleo, Maduro es un gobernador.
Al mismo tiempo, el petróleo, aunque menguado, sigue siendo su seguro de vida: para Washington, que intenta usarlo como palanca; y para aliados como Rusia, China, Irán y la propia Cuba, que ven en Caracas un punto de apoyo frente a Estados Unidos. Entre buques de guerra, sanciones y discursos de solidaridad antiimperialista, Maduro resiste menos por un mandato claro de las urnas que por el costo y el riesgo que supondría, para todos, decidir quién viene después.
