La reciente detención de Yordenis Torres Mendoza en Cienfuegos, acusado de abusos sexuales y asesinatos de animales, ha generado una ola de indignación sin precedentes. Las imágenes del horror encontrado en su vivienda —un verdadero cementerio de animales en descomposición— han conmovido profundamente a la opinión pública. Pero tras el espanto, hay una pregunta que no se puede eludir: ¿cuántas señales ignoró el Estado cubano antes de que este caso llegara a tales extremos?
Un antiguo maestro de Yordenis ha revelado que desde niño presentaba señales claras de trastornos del aprendizaje y abandono psico-social. Llegaba sucio a la escuela, con ropa arrugada, mostraba desconcentración constante y una conducta que evidenciaba serios problemas emocionales. ¿Sus padres qué hacían?
«Nunca los conocí,» dijo a este redactor.
En un país funcional, esos signos habrían activado alarmas, y el niño habría recibido atención médica, psicológica y social. Pero en Cuba, donde la salud mental es un lujo reservado a pocos y los psicofármacos son mercancía de la calle, el destino de muchos menores vulnerables queda marcado desde temprano.
Este no es un caso aislado, ni es la primera vez que se denuncia a Yordenis. Ha sido señalado al menos en tres ocasiones anteriores por hechos similares. Las autoridades respondieron con multas, arrestos breves, e incluso, según vecinos, con burlas o indiferencia. El Estado sabía. Y no hizo nada. Lo soltó de nuevo en las calles.
En 2021, Cuba aprobó el Decreto-Ley de Bienestar Animal, un documento que parecía, al fin, abrir una puerta para la defensa de los seres más indefensos. Sin embargo, como ocurre con muchas leyes en el país, la letra muerta no ha llegado a la práctica. Tampoco lo ha hecho el Código Penal vigente, que establece sanciones claras contra el maltrato animal. ¿De qué sirven las leyes cuando quienes deben aplicarlas no lo hacen?
El caso Yordenis es doblemente doloroso: por las víctimas, y por lo que revela sobre la desprotección generalizada que existe tanto para los animales como para los enfermos mentales en Cuba. Aquí no hay centros de rehabilitación, no hay programas de seguimiento, no hay medicamentos psiquiátricos ni protocolos institucionales que prevengan.
Hoy fue una chiva, dos perras, decenas de animales. Pero las palabras de los activistas resuenan con fuerza: mañana puede ser un niño. El Estado cubano tiene una deuda enorme, no solo con los animales, sino con los ciudadanos a los que no supo —ni quiso— ayudar a tiempo.
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