A mediados de diciembre, mientras Washington anunciaba la confiscación de un carguero venezolano con petróleo destinado a Cuba, otro buque procedente de La Guaira atracaba sin contratiempos con 27 contenedores de ayuda humanitaria. La coincidencia reavivó una pregunta que en La Habana y en Caracas conocen de memoria: por qué unas cargas cruzan el Caribe bajo lupa y otras avanzan sin que nadie las detenga.
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El envío que sí llegó formó parte de la cadena de asistencia que Venezuela ha organizado desde finales de octubre, cuando el huracán Melissa golpeó el occidente cubano. Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro ha despachado aviones y cuatro barcos con alimentos, materiales de construcción, equipos eléctricos y brigadas técnicas.
El último zarpó el 9 de diciembre, con mobiliario, herramientas y suministros que —según el Ministerio de Transporte venezolano— buscan apuntalar la recuperación de viviendas e infraestructuras en los territorios dañados. La operación se presentó como un ejercicio más dentro del marco de la Alianza Bolivariana, un circuito de cooperación que, aunque políticamente erosionado, mantiene un flujo estable de intercambios en situaciones de emergencia.
La razón por la cual este barco entró sin fricción mientras otro, cargado de crudo, terminó bajo control estadounidense tiene menos que ver con la bandera que con el contenido. El petróleo que Caracas envía a Cuba suele navegar bajo un régimen de sanciones financieras y comerciales que da a Washington margen para incautar cargamentos cuando identifica violaciones a sus disposiciones sobre PDVSA o sobre el transporte de combustibles destinados a la isla. En esos casos, el Departamento de Justicia actúa alegando que los pagos, las aseguradoras o los intermediarios involucrados han operado fuera de la normativa impuesta a Venezuela y Cuba. Cada movimiento queda expuesto a litigios en tribunales federales y a acciones coordinadas con socios internacionales que cooperan en el cumplimiento de sanciones.
La ayuda humanitaria, en cambio, circula en otro registro. Incluso con tensiones diplomáticas de fondo, Washington evita bloquear cargamentos que se presentan como asistencia post-desastre, siempre que las navieras, los puertos de tránsito y las entidades financieras cumplan los requisitos mínimos de transparencia. Este tipo de envíos suele estar exento o recibir licencias específicas del Departamento del Tesoro, que intenta sostener un mínimo corredor humanitario hacia Cuba sin abrir una brecha mayor en su política de presión sobre La Habana y Caracas. La puerta humanitaria opera, paradójicamente, como una excepción funcional dentro de un cerco más amplio: tolerada, limitada y vigilada.
Por eso, mientras un buque petrolero quedó atrapado en la arquitectura sancionadora, el barco con 27 contenedores de suministros logró avanzar como parte de una rutina ya conocida entre ambos gobiernos. La asistencia de Venezuela, que en total sobrepasa las 12.000 toneladas desde el paso del huracán, entró a puerto porque se mueve en un canal donde la política dura se suaviza lo mínimo indispensable para no convertir una emergencia climática en un conflicto mayor.
