Un artículo de The New York Times (NYT) expuso este martes los presuntos vínculos entre una organización criminal y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo.
De acuerdo con entrevistas y documentos judiciales citados por el diario, dos integrantes de la llamada Mafia cubana en Quintana Roo habrían identificado a Rodríguez Castro, figura clave en las negociaciones de la isla con Estados Unidos, como colaborador de la organización.
Según reportó el diario, luego de declararse culpables ante las autoridades estadounidenses y recibir largas condenas por su participación en la mencionada red criminal, José Miguel González Vidal y Reynaldo Crespo Márquez implicaron al nieto de Castro.
El NYT precisó que Rodríguez Castro recibió al menos una lancha de alto rendimiento Fountain 38, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa Louis Vuitton a cambio de facilitar las operaciones del grupo dentro de Cuba y mantener alejadas a la Guardia Costera y a las autoridades aduaneras de la isla.
González Vidal declaró asimismo que la organización introducía en Cuba mercancías compradas en México con tarjetas de crédito robadas y que posteriormente eran vendidas en tiendas del gobierno cubano.
El reporte detalló que la información estaría respaldada por mensajes de texto y voz obtenidos por el FBI de teléfonos celulares pertenecientes a miembros de la Mafia cubana en Quintana Roo, definida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) como una organización criminal transnacional violenta conocida como.
Las autoridades estadounidenses señalan que la organización operaba desde 2009 en Cuba, México, España y Florida.
Según el DOJ, la organización obtenía ganancias mediante operaciones criminales como el tráfico y la extorsión de migrantes cubanos retenidos en México hasta que fueran pagadas las tarifas exigidas a sus familiares.
“Los integrantes de la red de extorsión de migrantes exigían a las víctimas los datos de contacto de un familiar, a quien posteriormente reclamaban un rescate de 10.000 dólares estadounidenses”, apuntó el DOJ.
De acuerdo con documentos de corte, “los hombres contactaban a los familiares de las víctimas -algunos de los cuales se encontraban en Miami- y amenazaban con torturar, matar de hambre o asesinar a las víctimas si aquellos se negaban a pagar. Si el familiar lograba abonar el rescate, la organización liberaba a la víctima y la enviaba en bus a la frontera entre Estados Unidos y México, con instrucciones de solicitar asilo político”.
Fiscales federales subrayaron que quienes no podían pagar eran golpeados, amenazados con cuchillos y armas de fuego y sometidos a descargas eléctricas.
Según las pruebas presentadas durante un juicio federal, Javier Hernández, residente de Miami Beach, y Ramón Reyes Aranda, de Naples, robaban embarcaciones en la costa oeste de Florida y luego las transportaban a México, donde eran utilizadas para financiar y facilitar las actividades ilegales de la organización.
Hernández transportó un vehículo a México para sobornar a un funcionario extranjero, con el objetivo de que pudieran continuar las operaciones de tráfico de migrantes sin interferencia de las autoridades, y en octubre de 2023 fue declarado culpable de conspiración para el tráfico de migrantes, transporte de embarcaciones robadas, tráfico de vehículos y lavado de dinero para promover el comercio de propiedades robadas, así como soborno de funcionarios públicos. En febrero del año siguiente fue sentenciado a unos ocho años de prisión.
Según el DOJ, Carlos Orlando Ledesma y Nadia Esperanza Ledesma “fueron condenados a prisión federal por conspirar para exportar a México cerca de 600 motores fuera de borda robados a través de una empresa de transporte de carga con sede en Miami”.
Ambos residentes de Miami eran responsables de la empresa de carga Netcycle Trading Corp., donde recibieron motores al menos entre 2015 y 2018.
Los motores presentaban daños visibles y cables cortados, y eran entregados sin facturas ni documentación. Los conspiradores colocaron etiquetas falsas con números de serie, elaboraron comprobantes de venta fraudulentos y presentaron información de exportación falsa ante autoridades estadounidenses.
Ledesma fue condenado a 36 meses de prisión y Nadia Ledesma a 18 meses, en tanto los coacusados Roberto Marrero Cisneros y Osmani Valdivia Pérez recibieron condenas de 60 meses cada uno.
No pocos motores fueron enviados a Tomás Vale Valdivia, quien se encontraba entonces en México y fue sentenciado en otro caso a 57 meses de prisión por tráfico de migrantes.
