El régimen de Cuba continúa reprimiendo a los medios independientes; a periodistas y colaboradores de medios independientes, mientras aprueba la Ley de Comunicación Social
La entrada en vigor de la nueva Ley de Comunicación Social en Cuba ha coincidido con una ola de represión contra periodistas y colaboradores de medios independientes en la isla. En la misma semana en que se implementa esta controvertida ley, varios comunicadores han sido víctimas de intimidación, acoso y amenazas por parte de la Seguridad del Estado, en un intento claro de sofocar cualquier disidencia o crítica al régimen.
Uno de los casos primeros y notorios vistos ayer de «renuncia», es el de las periodistas independientes Annery Rivera Velasco y Yennys Hernández Molina, quienes se vieron obligados a renunciar públicamente a su trabajo en medios de comunicación no alineados con el gobierno cubano.
A través de una publicación en redes sociales, ambos anunciaron que dejaban de colaborar con plataformas como Cuba Próxima y medios independientes como Periodismo de Barrio, tras sufrir intensas presiones por parte de las autoridades.
El periodista Alberto Arego, al hablar sobre lo que está sucediendo expresó su parecer en sus redes sociales.
Bajo el título de «No podrán callar a millones de cubanos: la crisis es evidente». Arego denunción que «la Seguridad del Estado intenta callar a los pocos periodistas valientes que quedan allá adentro para darle voz a los cubanos y no a un partido.«
«Ya en su momento lo hicieron con periodistas de El Toque y hoy Cubanet también. “Denunciamos la escalada represiva de la Seguridad del Estado Cubana contra periodistas de Cubanet dentro de la isla. En las últimas horas varios colaboradores han sido detenidos, amenazados con altas penas de prisión o con ver afectada la integridad de sus familiares. Bajo coacción y luego de horas de tortura psicológica, han sido filmados contra su voluntad. Les han arrebatado, además, sus dispositivos electrónicos y ahorros”.
«Mi solidaridad con todo cubano que se atreve a alzar su voz contra la dictadura, con los que hacen periodismo en un país donde la esperanza ya se perdió hace años, con quienes siguen queriendo que sea “con todos y para el bien de todos”, no de unos pocos, cada vez menos.
No pueden callar a millones aunque lo intenten. En Cuba no hay libertad. Informar no es un delito.»
El periodista independiente José Raúl Gallego, al abordar lo sucedido con Nere y Yeyé expresó:
«El terror ha sido un componente de la «Revolución Cubana» desde sus inicios. Nunca se ha ido. Desde los fusilamientos, hasta la «inculpación» de Heberto Padilla, hasta lo que está pasando hoy. Detrás de cada palabra dictada, obligada a ser escrita, hay meses de presiones, violaciones de derechos humanos elementales, amenazas, uso coercitivo de la ley, prácticas corruptas de oficiales robando dinero, grabando testimonios obtenidos bajo coacción.
«Contra una dictadura como la cubana no hay defensa totalmente efectiva, pero si existe algo que puede protegernos, aunque sea mínimamente, es la visibilidad. Denunciar en su momento cada atropello, cada amenaza, cada citación, poner sobre aviso a la opinión pública y a los colegas, negarse todo lo que sea posible a todo lo que esos criminales pidan u ofrezcan.
«Lamentablemente es algo que uno aprende por las malas, pero el silencio es nuestro peor enemigo. Mi solidaridad para con todos los colegas que están siendo víctimas de este nueva treta de la Seguridad del Estado contra el periodismo independiente y para posicionar fichas.«
La represión también ha afectado a otros periodistas en la isla, y la «renuncia» no es voluntaria, a juzgar por la similitud en el mensaje escrito, también en sus redes sociales, por otra denunciante que abandona el periodismo y la colaboración con medios independientes.
La maestra, pedagoga y formadora de nuevas generaciones, Yadira Álvarez renunciaba, con iguales o similares palabras – que tal parecía un dictado obligado – a sus colaboraciones. Al igual que Annery Rivera Velasco y Yennys Hernández Molina, el post fue de manera pública, lo que sugiere que se les ordenó que así lo hicieran.
Al hablar sobre ambos casos y la similitud en las declaraciones de «renuncia», la destacada intelectual Alina Bárbara López Hernández señalaba:
«Hay algo sin embargo que ha llamado mi atención: las oraciones finales del escrito. Ellas me confirman que les fue dictado, pues así mismo hicieron con un amigo mío hace poco más de un año al que le obligaron a escribir exactamente esas palabras. (Casi cerrando este pots veo una declaración exacta de Yadira Albert, también mi abrazo para ella que, además, confirma lo que digo).»
Alina Bárbara analizó el hecho en todos sus matices, y culminó diciendo que ella, en lo personal, no piensa «firmarles el papelito».
No menos contundente es la denuncia vista en redes sociales a nombre de otra de las periodistas acusadas.
En un post escrito por la periodista Lisbeth Moya «a nombre de María Lucía Expósito» y que es un testimonio íntegro de la 2da – que tiene inhabilitado su perfil en Facebook – esta describe cómo, desde 2015, ejercer el periodismo fuera de los medios oficiales es visto como un delito. La joven detalla además las tácticas de la Seguridad del Estado para intimidar, incluyendo llamadas amenazantes y visitas a sus familiares. Asimismo, denuncia la desigualdad entre los recursos que tienen los agentes del régimen y las carencias que enfrenta la población, incluidas su madre y hermana.
Expósito, a pesar de las presiones, afirmó su compromiso con el periodismo independiente y su rechazo a la censura estatal, y detalló punto por punto los gastos en que incurre el régimen persiguiendo y acosando a gente como ella.
No menos interesantes son sus preguntas y cuestionamientos, expresados en «por qué» en su declaración que invitamos a leer.
Según su denuncia y otras denuncias similares, los periodistas independientes han sido objeto de amenazas, detenciones breves y hasta les han confiscado sus teléfonos, cámaras y ordenadores portátiles, bajo la acusación de que estas son herramientas de trabajo que se usan para la subversión interna.
Como bien denuncia Expósito, estos actos represivos incluyen la filmación forzada de periodistas bajo coacción y la tortura psicológica, con el objetivo de silenciar a quienes ejercen el periodismo independiente en un contexto extremadamente hostil. E incluso, involucra a familiares cercanos, tales como hermanos, padres y madres.
La Ley de Comunicación Social: Un arma contra la libertad de prensa
La Ley de Comunicación Social, que entró en vigor el 4 de octubre, ha sido criticada ampliamente por consolidar aún más el control del régimen sobre los medios de comunicación en Cuba. Esta ley establece que solo los medios afiliados a la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) tienen el derecho de ejercer la «libertad de prensa» en el país, dejando fuera cualquier intento de periodismo independiente.
La normativa obliga a los funcionarios y directivos estatales a proporcionar información exclusivamente a los medios oficiales. De acuerdo con el nuevo marco legal, cualquier periodista que no forme parte de la UPEC o que trabaje para un medio no oficial está excluido de este derecho.
Lo más preocupante de esta Ley es que el trabajo de los periodistas independientes es considerado un acto de «agresión comunicacional» y puede ser interpretado como instigación al terrorismo o ciberguerra, según el régimen.
Según activistas y organizaciones de derechos humanos, el gobierno cubano ha utilizado esta ley como una herramienta para reprimir con mayor fuerza a los comunicadores que critican al sistema. En este contexto, cualquier opinión, publicación o acción que se perciba como un desafío al orden constitucional puede ser castigada severamente.
Al respecto señalaba la comunicadora Katia Martínez Sánchez.
Un panorama desolador para la prensa libre
Con la nueva ley en vigor, la situación para los periodistas independientes en Cuba se ha vuelto aún más precaria. Mientras los medios estatales celebran la implementación de la normativa, que según ellos «mejorará la transparencia y veracidad» de la información, la realidad para aquellos que no comulgan con el discurso oficial es cada vez más asfixiante. La Ley de Comunicación Social no solo refuerza el monopolio informativo del régimen, sino que también amplía el margen de represión hacia cualquier voz disidente.
En medio de este panorama, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el futuro de la libertad de expresión en Cuba. Sin embargo, a medida que se recrudecen las políticas represivas, los periodistas y activistas en la isla continúan enfrentando grandes riesgos, mientras luchan por informar y denunciar la realidad cubana.
Justo ayer se conoció la declaración del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), quien instó al régimen cubano a reconsiderar el caso de Yeris Curbelo Aguilera, periodista sentenciado a dos años de prisión el 24 de septiembre, y retirar los cargos en su contra.
Curbelo, quien trabaja para el medio no estatal Palenque Visión, fue arrestado tras un altercado físico, aunque él sostiene que fue en represalia por su cobertura de protestas antigubernamentales.
El CPJ también denunció el acoso a Rafa Escalona, editor de Revista AMPM, quien suspendió la publicación debido a la presión de las autoridades cubanas.
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