Ni demócratas ni republicanos pueden tirarse la toalla limpia. Porque si hoy la comunidad cubana exiliada protesta porque está viendo cómo se pasean por Miami exfiscales del MININT, miembros de la UJC, «chivatones» – profesionales y del montón -, y organizadores de actos de repudio, no es solo culpa del último que pasó por la Casa Blanca. Esto es una cadena de errores, omisiones y complicidades que viene arrastrándose hace años.
Y no, no es una teoría conspirativa. Es un hecho documentado y respaldado por la realidad: EE.UU. revisa redes sociales desde 2019 en casi todos los procesos de visa y residencia. La práctica comenzó a gestarse después del 11-S, se consolidó tras el atentado de San Bernardino en 2015, y se volvió política oficial durante la administración Trump en 2017. En 2019 ya era obligatorio declarar tus redes, incluso para pedir una visa de turista.
¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que, en teoría, todos los que entran deberían pasar por un filtro digital riguroso. Pero, en la práctica, se han infiltrado personas que sirvieron a la dictadura, que gritaron “¡Pin, pon, fuera!”, que cortaron alas, arruinaron vidas y ahora andan aquí en Hialeah y Miami, orondos como la señora que iba de paseo. La de la canción infantil
¿Y cómo entraron? ¿Quién los dejó pasar?
No fue solo Biden. Pero Biden enfrentó la avalancha y abrió el banderín
Sí, es cierto. Desde 2022, la crisis migratoria cubana ha alcanzado proporciones históricas. Más de 850,000 cubanos han llegado a Estados Unidos. Muchos por frontera, otros por parole humanitario, y otros bajo programas de reunificación. Esto ocurrió bajo el mandato de Joe Biden.
¿Los verificaron bien en la frontera? ¿Al hacer la residencia? ¿Al llenar el formulario DS-260? ¿Al pedir la ciudadanía? Preguntas válidas. Pero ojo: no hay evidencia de que la administración Biden haya relajado formalmente la revisión de redes sociales. De hecho, en enero de 2021 ordenaron una revisión del proceso. Y hasta 2023, el Departamento de Seguridad Nacional seguía recolectando esa información.
¿Dónde estuvo el fallo entonces? Muy probablemente en la sobrecarga del sistema. Con cientos de miles de casos entrando al mismo tiempo, los oficiales de inmigración no dan abasto. Lo que debía ser un control digital automatizado, ha terminado siendo una revisión superficial —o nula— en muchos casos. Como bien decía un usuario en redes: “Si la revisión de redes sociales no es automatizada, este país está más jodido de lo que todos pensamos.”
La administración Biden implementó programas como CBP One y el Parole Humanitario, los cuales permitieron la entrada acelerada de miles de personas a Estados Unidos. Hubo personas que se les puso el parole hoy, y a la semana ya estaban dentro de los EE.UU. Es obvio, resulta más que obvio que en esos casos, esas personas no fueron revisadas adecuadamente. Estos programas, diseñados para gestionar la migración de manera más ordenada y segura, terminaron siendo presa del fraude y de la verificación de antecedentes en no pocos casos.
CBP One y el Parole Humanitario: Implementación y desafíos
CBP One, una aplicación móvil lanzada en 2020 y ampliada en 2023, se convirtió en una herramienta clave para que migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela programaran citas para solicitar asilo en la frontera sur de EE. UU. A través de este sistema, se facilitó la entrada legal de aproximadamente 900,000 migrantes desde enero de 2023, otorgándoles estancias temporales de dos años y permisos de trabajo.
Sin embargo, informes internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelaron que el programa enfrentó problemas significativos de fraude. Se detectaron irregularidades en las solicitudes de patrocinadores, incluyendo el uso de números de Seguro Social falsos y direcciones inexistentes. Estas preocupaciones llevaron a la suspensión temporal del programa en agosto de 2024 para revisar y fortalecer los procedimientos de verificación.
Repercusiones y medidas posteriores
La administración Trump, al asumir el poder en enero de 2025, revocó el estatus legal de los migrantes que ingresaron mediante CBP One, instruyéndolos a abandonar el país. Esta medida afectó a cientos de miles de personas, generando incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes.
En respuesta, una jueza federal en Boston emitió recientemente una medida cautelar para frenar la eliminación del parole humanitario, argumentando que la revocación automática de permisos viola el derecho a una revisión individualizada de cada caso.
Si bien los programas implementados por la administración Biden buscaban ofrecer vías legales y seguras para la migración, la falta de controles adecuados permitió la entrada de personas sin la debida verificación, incluyendo a individuos con antecedentes cuestionables.
Pero Trump tampoco es inocente
Muchos quieren ver a Trump como el muro de contención, el que frenó la marea. Pero los datos dicen otra cosa. Durante su mandato (2017-2021), ya estaba encendido el éxodo por Centroamérica. De hecho, en 2017, Obama le entregó el timón a Trump eliminando “pies secos, pies mojados”. Y Trump —aunque endureció el lenguaje— no cerró la frontera a los cubanos, ni canceló el ajuste cubano.
Fue bajo su gobierno que se institucionalizó la revisión de redes sociales, sí. Pero también fue bajo su gobierno que muchos comenzaron a entrar por Nicaragua, Ecuador o Guyana, tomando la famosa ruta centroamericana. Y los filtros digitales, aunque implementados, no evitaron que se colaran fichas conocidas.
¿Y los oficiales de Inmigración? ¿No tienen culpa?
Por supuesto que sí. En todo este lío hay algo que parece obvio: nadie está revisando como debe. Si el sistema migratorio depende de que un funcionario se siente frente a Facebook y a TikTok para revisar tu pasado, vamos muy mal. Esto debía estar automatizado como un sistema de defensa, no como si fueran chismosos con WiFi lento.
¿Y los formularios? Pues tampoco ayudan. El Formulario I-130, el I-134A para parole, o incluso el I-864 para patrocinio económico, no preguntan si tu padre fue chivatón, si tu esposo era del PCC o si tu madre era capitana de una cárcel. Esa información solo se explora en el DS-260 que llena el beneficiario… no el patrocinador. Y nadie verifica si lo que dijo es cierto, salvo que salten alertas o que alguien lo denuncie.
Porque sí, las denuncias importan. Aunque a muchos les moleste
Y aquí viene lo más doloroso del tema: las denuncias en redes sociales han sido más efectivas que muchos filtros del gobierno. Influencers, activistas, periodistas y hasta usuarios anónimos en TikTok o Facebook han sacado a la luz nombres, fotos y antecedentes de personas que jamás debieron entrar a este país. Que mintieron, que ocultaron, que entraron con rostro de víctima y alma de verdugo.
¿Y qué hacen muchos? Los atacan. Los llaman “CDR 2.0”, “fascistas”, “delatores”. Pero la verdad es que si no fuera por ellos, la impunidad sería aún mayor.
Casos como el que se contó en un post, referente a una reunión acontecida fuera del restaurante Versalles, donde un exfuncionario intentó hacer un acto de repudio a otro cubano, demuestran que el pasado no está enterrado. Que muchos no han cambiado. Que lo único que han hecho es adaptarse al nuevo ambiente como camaleones, para sobrevivir igual que antes: acomodados al poder de turno.
La gran pregunta
¿Quién es entonces el verdadero culpable de que haya tantos infiltrados?
- ¿Los demócratas? En parte. Han facilitado el ingreso de miles sin reforzar los mecanismos de control.
- ¿Los republicanos? También. Implementaron medidas que sonaban bien en campaña, pero no evitaron el problema.
- ¿Los oficiales de inmigración? Claramente han fallado. Por saturación o negligencia, han dejado pasar a gente que no debió entrar.
- ¿El régimen cubano? Por supuesto. Ellos son los que liberaron a miles, muchos de ellos enviados con toda intención para sembrar caos, desinformación y dividir al exilio.
- ¿Los patrocinadores que sabían y callaron? En algunos casos, sí. La complicidad también es una forma de traición.
La solución ahora no es cazar brujas ni iniciar linchamientos virtuales. Pero tampoco es callar. Tampoco es aceptar que nos invadan las filas de personas que ayer gritaban “Abajo los gusanos” y hoy te dan clases de patriotismo.
Este país tiene leyes. Tiene procesos. Tiene herramientas. Que se usen. Que se investigue. Que se depure. Porque no se trata de vengarse. Se trata de proteger un refugio que ha costado demasiado construir.
Este, fellows, no es un problema de partidos. Es un problema de conciencia, de ética y de voluntad. Y mientras sigamos tratando esto como una pelea entre azul y rojo, los verdaderos infiltrados seguirán caminando impunes… y riéndose de todos nosotros.
