El piloto cubano Rubén Martínez, quien escapó de Cuba a Estados Unidos a bordo de una avioneta estatal a finales de octubre pasado, teme ser fusilado si las autoridades estadounidenses deciden deportarlo a la isla.
“A mí si me regresan ya hay una ley que dice que me pueden fusilar y creo que eso sería hasta el mejor de los casos, porque estar preso ahí bajo tortura creo que sería peor aún”, declaró el aviador al informativo Noticias 23 de Univisión.
La defensa del piloto Ruben Martínez ha argumentado que el nuevo Código Penal aprobado en Cuba mantiene la pena de muerte por fusilamiento por “actos contra la seguridad de los aeropuertos y los vehículos de aviación”.
Tras conocerse la noticia de la fuga, el Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba calificó el hecho como un acto de “piratería aérea”, que constituye un delito tipificado en varios convenios internacionales ratificados por La Habana y Washington.
Detenido en una cárcel de inmigración en Broward y sin derecho a fianza, Martínez dijo que le preocupa ser utilizado como “carta de cambio” en el contexto de las conversaciones entre la Administración del presidente demócrata Joe Biden y el gobierno cubano.
La semana pasada se retomaron las rondas de dialogo sobre “cumplimiento de la ley” entre funcionarios de alto rango de ambos gobiernos, suspendidas desde hace años.
Como parte del encuentro, viajaron a La Habana oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia estadounidenses.
Rubén Martínez, de 29 años, huyó de Cuba el 21 de octubre en una aeronave AN-2 perteneciente a la estatal Empresa Nacional de Servicios Aéreos en la que realizaba labores de fumigación agrícola.
Luego de pocas horas de vuelo a bajas alturas para no ser detectado por los radares, el piloto cubano aterrizó la vieja avioneta de fabricación soviética en una pista del Aeropuerto de Entrenamiento Dade-Collier, en Florida.
El 23 de febrero próximo se presentará en corte para defender su asilo político y realizar una petición de protección bajo el amparo de la convención contra la tortura.
