Una mujer residente en Homestead, Florida, fue sentenciada ayer jueves a 20 años de prisión por su papel en un plan para defraudar al sistema de salud del Medicare.
Según la Fiscalía, la mujer presentó más de $192 millones en reclamos por pruebas genéticas y equipo médico duradero que los pacientes no necesitaban y visitas de telemedicina que nunca tuvieron lugar; un servicio por el cual cobró dinero al programa del gobierno.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Elizabeth Hernández, de 45 años, de Miami, firmó miles de órdenes para aparatos ortopédicos y pruebas genéticas médicamente innecesarias para beneficiarios de Medicare con los que nunca habló, ni examinó ni trató.
Como parte del plan, las empresas de telemercadeo se comunicarían con los beneficiarios de Medicare para convencerlos de que aceptaran aparatos ortopédicos y pruebas genéticas y luego enviarían pedidos precargados de estos productos a Hernández, quien los firmaría, dando fe de que había examinado o tratado a los pacientes. Sin embargo, nunca había hablado con muchos de los pacientes y, a menudo, hacía que otras personas, incluidas personas sin licencia, firmaran con su nombre pedidos fraudulentos. Hernández también falsificó información en las órdenes sobre los síntomas y lesiones de los beneficiarios.
Durante el período de la conspiración, Hernández ordenó más pruebas genéticas de cáncer para los beneficiarios de Medicare que cualquier otro proveedor en la nación. En 2020, cuando Medicare amplió su cobertura de telemedicina en respuesta a la pandemia de COVID-19, Hernández también facturó a Medicare miles de visitas de telemedicina que nunca realizó, facturando habitualmente más de 24 horas de telemedicina en un solo día. Hernández personalmente se embolsó aproximadamente $1,6 millones en el plan, que utilizó para comprar autos caros, joyas, renovaciones de viviendas y viajes.
Desde marzo de 2007, el Programa de Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica, ha acusado a más de 5.400 acusados que en conjunto han facturado a programas federales de atención médica y a aseguradoras privadas más de 27 mil millones de dólares.
El programa actualmente está compuesto por nueve fuerzas de ataque que operan en 27 distritos federales.
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