El gobierno cubano anunció que llevará ante los tribunales a los detenidos tras las manifestaciones pacíficas del pasado sábado en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, que fueron brutalmente reprimidos por efectivos del Ministerio del Interior cubano.
“Hechos de esta índole que atentan contra la paz social no quedarán impunes y los infractores serán presentados ante los órganos judiciales con todas las garantías constitucionales y respeto de sus derechos”, afirma un comunicado del gobierno local.
La nota firmada por la presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Caimanera, Saimara Llamaré, repite la versión divulgada por las autoridades de que varias personas “en estado de embriaguez” pretendieron “perturbar la tranquilidad ciudadana” en la localidad cercana a la base militar de Estados Unidos en la bahía guantanamera.
El 6 de mayo cerca de un centenar de personas se agruparon frente a la sede del Partido Comunista de Caimanera para protestar por la falta de alimentos y las pésimas condiciones de vida que sufren actualmente.
De forma pacífica, hicieron saber a las autoridades que no están de acuerdo con el sistema comunista que gobierna Cuba desde hace más de seis décadas, al que culpan por la aguda crisis de la economía. Entre otras demandas, pedían libertad.
Según Llamaré, los manifestantes “eludieron el diálogo civilizado para exponer sus reclamos y actuaron con la manifiesta intención de alterar el orden público, por lo que se requirió la correspondiente acción policial”.
El comunicado del gobierno reconoce que tienen “la responsabilidad de mantener un permanente diálogo con la población”, además de solucionar “los problemas que impactan en la calidad de vida de nuestros pobladores”, aunque no admite que precisamente los problemas irresueltos de escasez de alimentos, inflación y los cortes del servicio eléctrico condujeron a esas personas a alzar su voz en busca de respuestas.
“La única respuesta del gobierno fue cortar el internet en toda la isla y desatar la violencia contra los manifestantes”, denunció un internauta el sábado en la noche, cuando los videos de la represión comenzaron a circular en redes sociales.
La economía es política. En el caso de un país con sistema comunista, o sea, un partido comunista que controla y dirige absolutamente todos los ámbitos de la sociedad, los sectores económicos están sujetos a las desiciones centralizadas del gobierno y cualquier política que fracase impacta en la vida del pueblo de forma notable.
Pero los comunistas suelen olvidar la economía política cuando les conviene esquivar las responsabilidades por su desastroso manejo del país.
“Es cuestionable la visión esencialmente ‘económica’ que se escucha sobre las protestas en Cuba. Siendo la inflación una queja prominente, entonces la desaprobación que se expresa es inherentemente política”, opinó en Twitter el destacado economista cubano Pedro Monreal.
El experto recordó que la Tarea Ordenamiento implementada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel destruyó el valor real de los salarios y pensiones, al tiempo que se redujo a menos del 3% la inversión estatal en el sector agrícola, lo que ha provocado una aguda escasez de alimentos en Cuba.
“Otros factores han incidido en la elevada inflación que desde 2021 reduce el bienestar en Cuba, pero dos factores importantes han sido la infra-valoración de salarios y pensiones, y un distorsionado patrón de inversión. Ambas son cuestiones directamente políticas”, aseguró Monreal.
