No pocos cubanos, independientemente de si son afines al gobierno o no, y que confíen o no en las palabras del gobierno con relación al tema del robo de medicamentos, piden sanciones más enérgicas contra estos individuos.
Más de 10 cubanos fueron detenidos en la más oriental de las provincias cubanas, Guantánamo, por presunto robo y venta de medicamentos, reportó el telecentro provincial Solvisión a través de su canal en Youtube.
El hecho, acontecido en medio de una profunda crisis sanitaria en Cuba, que incluye no solo los casos de covid-19 en la isla, sino también el faltante de medicinas para pacientes en centros hospitalarios y farmacias, está siendo investigado por las autoridades del territorio.
Analgésicos, antibióticos, antinflamatorios, y hasta fármacos empleados para diabetes y otras patologías, fueron presuntamente sustraídos y comercializados ilícitamente, según el reporte del medio oficialista.
Los acusados, de ser hallados culpables, enfrentarían condenas de entre tres meses y un año de cárcel; o multas de entre 200 y 2 mil pesos cubanos.
El Ministerio del Interior (MININT) en Guantánamo apunta que todos los implicados en el hecho se encuentran bajo medida cautelar de prisión provisional. Los especialistas de la Unidad Provincial de Criminalística de la provincia aseguraron que los insumos y fármacos confiscados serían devueltos al sitio de donde fueron sustraídos, de acuerdo con lo que establece el Decreto Ley 313 de 2013.
El reporte de Solvisión indica que los medicamentos comercializados ilegalmente provenían de Estados Unidos y también de Rusia; aunque también fueron decomisados por las autoridades los de la llamada «red nacional», los producidos en el país.
El día 6 de agosto, fecha en la que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel abordó el asunto, comentarios vistos en las redes sociales abordan el tema desde dos perspectivas diferentes. Miguel Díaz-Canel llamó a combatir la venta ilegal de medicamentos “sin contemplaciones”, pero muchos creen que si bien existe un déficit crítico con los medicamentos, el responsable de esto es el propio gobierno, que ahora busca culpar a cubanos de la crisis para así quitarse responsabilidad de encima.
«Se acabó ya la contemplación en los territorios con la venta ilegal de medicamentos, eso no se puede permitir y más ná», expresó Díaz-Canel en una reunión del Grupo Temporal de Trabajo creado para el enfrentamiento al COVID-19.
Díaz-Canel, visiblemente molesto, atacó no solo a los ladrones y corruptos que forman parte de la cadena, sino que también criticó la «pasividad» de su gobierno ante el fenómeno.
Otros, los más fieles al gobierno, creen que sí, que el robo de medicinas, desvío y corrupción es responsabilidad de estos grupos, en su inmensa mayoría sin articulación organizativa alguna, que «controlan» la venta de medicamentos en el mercado negro, con «contactos» dentro del sistema de salud, principalmente en farmacias y hospitales, y que realiza su rudimentaria tarea fundamentalmente a través de las redes sociales. Hay quienes también consideran que estas personas son útiles por cuanto pueden proveer al necesitado de las medicinas que el régimen no garantiza.
Contra ellos va el discurso oficialista -convenientemente difundido mediante los medios estatales- que los responsabiliza del desabastecimiento y la profunda crisis sanitaria que sufre la isla, aunque la realidad indique que es al revés: los vendedores aparecen porque una serie de factores asociados a la mala gestión del gobierno frente a la pandemia posibilita su aparición.
En días pasados un hecho similar ocurrió en la provincia de Ciego de Ávila. Las fuerzas del orden en el territorio lanzaron un operativo policial que culminó con el arresto y procesamiento de varios individuos vinculados al sistema de Salud en la provincia.
“Los ciudadanos que cometieron tal delito se mantienen en prisión provisional, a la vez que se profundiza en las investigaciones para determinar a otros responsables”, dijo sobre el hecho el medio oficialista provincial Invasor, en una nota replicada por el diario Granma.
No pocos cubanos que confían en las palabras del gobierno con relación al tema del robo de medicamentos, piden sanciones más enérgicas contra estos individuos que se dedican a la comercialización ilícita de los mismos. Mientras, entre los grupos de activistas que desde la isla se articulan para hacer llegar desde Pinar del Río hasta Guantánamo medicinas llegadas en maletas por concepto de donación humanitaria preocupan dos aspectos: uno, que el régimen en un alarde de fuerza y desconocimiento bruto considere que estos receptores de ayuda, también sean de los que comercializan los medicamentos ilegalmente; y dos, que el gobierno no los tenga identificados y colabore con ellos en su humanitaria labor.
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