La crisis epidemiológica no se resuelve solo con mensajes tranquilizadores ni con llamados generales. En Matanzas, hoy, esa brecha es justamente lo que ha encendido a los internautas: una distancia incómoda entre el relato oficialista y la calle que, a juzgar por los comentarios, ya no están dispuestos a aceptar sin cuestionar.
Un alud de críticas, reproches y testimonios de ciudadanos enfermados por arbovirosis se desató en redes sociales luego de que el Periódico Girón publicara un resumen de una reunión “de máximo nivel” en Matanzas, presidida por autoridades del Partido y el Gobierno, donde el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó —según esa nota— que el dengue y el chikungunya que circulan en la provincia “ni son nuevos, ni son raros, ni son desconocidos”, y negó “categóricamente” la existencia de fallecidos por estas causas. La publicación, lejos de calmar los ánimos, funcionó como chispa en un polvorín: cientos de comentarios rebatieron el enfoque oficial y denunciaron una realidad diametralmente opuesta en barrios, policlínicos y hospitales.
“Cambio climático” vs. basura, salideros y apagones
Uno de los puntos más cuestionados fue la explicación atribuida al ministro sobre las “condiciones tropicales” y el “cambio climático” como factores de la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Para muchos usuarios, esa narrativa invisibiliza la insalubridad cotidiana.
“¿En serio? ¿Solo por eso?”, escribió una lectora, aludiendo a los vertederos, fosas reventadas y salideros que —según múltiples testimonios— marcan el paisaje urbano. Otros insistieron en que el agravamiento coincide con “largas horas de apagón” que obligan a dormir a la intemperie y multiplican las picaduras, en casas sin mosquiteros, repelentes ni electricidad para al menos encender un ventilador.
En esa línea, se repiten denuncias sobre la acumulación de basura por semanas, el desbordamiento de alcantarillas y la presencia de aguas estancadas en baches y solares. “La recogida de basura tiene que ser diaria, aunque ayudemos; con ‘trabajos voluntarios’ no se resuelve”, reclamó un comentarista. Hubo incluso propuestas concretas: aumentar salarios y estímulos a comunales, fumigar intradomiciliariamente y estudiar opciones de fumigación aérea “por la salud del pueblo”.
La frase “no hay casos graves ni críticos ni fallecidos por esta enfermedad” fue el otro epicentro de la indignación. Varias personas sostuvieron haber perdido familiares en las últimas semanas o conocer de decesos “por complicaciones asociadas” a las virosis.
“¿Cómo se diagnostica el fallecimiento?”, preguntó un usuario: si el paciente tenía comorbilidades y muere tras una arbovirosis, ¿se atribuye a su enfermedad de base? Esa suspicacia conecta con recuerdos todavía recientes del manejo de cifras durante la COVID-19 y el temor a un subregistro.
Otros relatos apuntan a la saturación de servicios: policlínicos atestados, tiempos de espera largos y hospitales sin insumos ni reactivos diagnósticos. “¿Cómo se afirma que no hay graves si abren consultas para secuelas transitorias y refuerzan capacidades de ingreso?”, interpeló un comentarista, cuestionando la coherencia entre el discurso y las medidas anunciadas.
El post oficial asegura más de 4 000 pesquisas diarias con apoyo estudiantil, así como la garantía de fumigación extradomiciliaria y el refuerzo de la red de atención primaria. Sin embargo, numerosos vecinos de zonas como Versalles, Playa, Milanés y barrios de Cárdenas replicaron que en sus cuadras “no ha pasado nadie”: ni pesquisadores, ni fumigación, ni entrega de abate.
“Aquí no ha venido ni el que cobra el CDR”, ironizó una usuaria. Varios padres denunciaron infestación en escuelas y una asistencia estudiantil mermada por los mosquitos en aulas y techos.
Se repite la queja de que las acciones “se concentran en el centro” y no alcanzan a los extremos de la ciudad o a los municipios; también la percepción de que el énfasis comunicacional recae en “reuniones” y “convocatorias” más que en un despliegue efectivo y sostenido en la calle.
Más allá del vector, muchos comentarios describen una vulnerabilidad acumulada: dietas precarias, estrés por los apagones, falta de agua para la higiene básica y escasez de analgésicos, antipiréticos y sales de rehidratación en la red estatal.
“Nadie quiere ir al médico porque ni receta te dan; lo que consigas es en particulares, según tu economía o la ayuda de familiares en el exterior”, escribió una usuaria, señalando el costo de medicamentos en el mercado informal. Otros mencionan largos trayectos sin transporte, o el precio del mismo, para llegar a un policlínico.
Esa precariedad, advierten, pega más fuerte en ancianos, encamados y crónicos.
“Estas arbovirosis son peligrosas, dejan secuelas. Ni un ultrasonido te puedes hacer, ni un chequeo de seguimiento”, lamentó otra persona, reclamando empatía y protección específica para grupos vulnerables.
Una parte de la conversación interpela no solo a Salud Pública, sino también al papel del propio medio local.
“La noticia de si hay o no muertos deben darla ustedes como periodistas, con ética, no repetir como papagayos lo que dicen los funcionarios”, le exigió una lectora al Periódico Girón. Otros reclaman publicar datos históricos comparables —por ejemplo, promedios de fallecidos— para dimensionar si hay exceso de mortalidad coincidente con el brote.
Voces más duras piden “menos muela y más acción”: recoger basura, asegurar agua, reducir apagones, fumigar “por aire y tierra”, proveer insumos en hospitales y farmacias. “El papel aguanta todo lo que le pongan; la batalla se gana cumpliendo medidas y fiscalizando en el terreno”, resumió un usuario.
El discurso oficial insiste en la “participación de todos” como imprescindible. En redes, la ciudadanía no niega ese principio —muchos cuentan que limpian patios, tapan tanques, organizan brigadas—, pero cuestiona que se les descargue el peso de una crisis que vinculan con funciones públicas no resueltas: recogida de desechos, saneamiento, drenajes, disponibilidad eléctrica y de agua.
“Si somos determinantes, escúchenos. Hagan reuniones con el pueblo y recorran cada rincón”, piden.
También emergen alertas sobre el riesgo de normalizar la crisis: que la epidemia lleva “meses”, que las medidas llegan tarde, que Matanzas “siempre al límite”. Se repite un sentimiento de fatiga y desconfianza: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.
En la avalancha de testimonios hay diferencias de tono —desde la indignación frontal hasta la crítica propositiva—, pero converge un hilo conductor: el reclamo de acciones visibles y sostenidas que ataquen las causas inmediatas de la transmisión. La lista se repite: recogida diaria de desechos, control de salideros y fosas, fumigación intradomiciliaria sistemática, abatización, protección a escuelas y ancianos, y abastecimiento básico de medicamentos y diagnósticos.
La crisis epidemiológica, recuerdan, no se resuelve solo con mensajes tranquilizadores ni con llamados generales. Exige coherencia entre el parte oficial y lo que la gente ve —o no ve— al abrir la puerta de su casa. En Matanzas, hoy, esa brecha es justamente lo que ha encendido a los internautas: una distancia incómoda entre el relato y la calle que, a juzgar por los comentarios, ya no están dispuestos a aceptar sin cuestionar.
