Este viernes 5 de junio el juez federal John J. McConell Jr. consideró ilegal la pausa impuesta por la administración de Donald Trump a los procesos migratorios de asilo, residencia permanente y permisos de trabajo, y ordenó reanudar de inmediato la revisión de los casos congelados a miles de solicitantes ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).
El fallo del juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island deja sin efecto cuatro políticas específicas de USCIS.
La primera es la política que bloqueaba la adjudicación final de solicitudes de asilo, permisos de trabajo, green cards y ciudadanía para nacionales de los 39 países incluidos en el llamado travel ban; la pausa de asilo, que suspendía todas las decisiones sobre asilo y protección contra deportación, independientemente de la nacionalidad del solicitante; la revisión de beneficios migratorios ya aprobados para personas de esos países que habían ingresado a Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021; y la que instruía a los funcionarios de USCIS a usar el país de origen como factor negativo significativo al decidir solicitudes migratorias.
“𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑈𝑆𝐶𝐼𝑆 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜́ 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜, 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑜́ 𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 𝑀𝑎́𝑠 𝑎𝑙𝑙𝑎́ 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑜, 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠, 𝑏𝑎𝑠𝑎́𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑢́𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑖́𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝑀𝑎́𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒́𝑠, 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜, 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑢 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜”, señala la conclusión de una orden de 135 páginas que acaba de emitirse por un tribunal federal, citada por Café Fuerte.
“𝐸𝑛 𝑢́𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜. 𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎́𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠. 𝑆𝑖𝑛 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑔𝑜, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑔𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦. 𝑇𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛𝑎́𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠, 𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖́ 𝑦 𝑞𝑢𝑒, 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜”, apuntó la orden.
Este fallo se suma a una cadena de decisiones judiciales adversas a las políticas migratorias de Trump a lo largo de este año, como la del pasado 25 de abril, cuando el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. declaró ilegales las políticas de asilo de la administración, y la de dos días después, cuando un juez federal en Maryland ordenó reanudar los trámites de residencia para 83 personas cuyos expedientes estaban congelados.
