España y Reino Unido han abogado por que se respeten las libertades de expresión y manifestación pacífica en Cuba, luego de que el gobierno de la isla impidiera una marcha cívica prevista para el pasado 15 de noviembre.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió este viernes que se respeten los derechos a la libre expresión y manifestación en Cuba, además de reclamar la “devolución de las credenciales a los periodistas de Efe, que están ya todas devueltas menos una».
De acuerdo con un reporte de Efe, Albares salió al paso a las críticas recibidas de voceros del partido Vox, que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar normalizar la imposibilidad de expresar libremente ideas, de formar partidos, sindicarse, crear empresas, la situación de los presos políticos, la miseria o la prohibición de salir de Cuba.
El titular de Exteriores aclaró que el dramaturgo disidente y líder del grupo opositor Archipiélago, Yunior García, viajó a España con un visado del Consulado español en La Habana.
De acuerdo con una publicación que compartió en su cuenta de Twitter, Albares recibió este viernes a García, a quien le manifestó “el compromiso de España con las libertades”.
Por su parte, el Reino Unido también reivindicó el derecho de los cubanos a protestar pacíficamente, al tiempo que manifestó preocupación por el «uso de las detenciones y del sistema penal» para restringir la libertad de expresión en la isla.
“Todo el mundo en Cuba debería tener el derecho a protestar pacíficamente. Y nos inquietan particularmente las detenciones y el uso del sistema penal como instrumentos para restringir la libertad de expresión en el país”, declaró una portavoz de Downing Street.
El Gobierno británico, añadió la portavoz, ha seguido transmitiendo su preocupación en privado a las autoridades cubanas en Londres y La Habana, así como también de manera pública.
La reacción de Reino Unido ocurre días después del fracaso de la protesta del 15N, que fue atribuido por los organizadores a la “intensa campaña de interrogatorios, amenazas de cárcel y actos de repudio llevada a cabo por las autoridades cubanas”.
