El reciente arresto en Miami del presunto represor cubano Daniel Morejón García no fue producto de la casualidad ni de una investigación espontánea de las agencias federales. Como en otros casos similares, el punto de partida fue una denuncia. En esta ocasión, vino de la activista cubana Diasniurka Salcedo, que fue quien primero advirtió, desde sus plataformas, sobre la presencia en Estados Unidos de este individuo presuntamente vinculado al aparato represivo del régimen de La Habana.
Morejón, un cubano de 57 años, fue arrestado el pasado viernes. Según dio a conocer ICE en un comunicado ayer lunes, el arresto ocurrió en su domicilio, y fue efectuado por agentes de ICE, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tras una investigación de la unidad de Seguridad Nacional (HSI).
Friday HSI, @EROMiami, @FBIMiamiFL & @CBPSoutheast administratively arrested Daniel Morejon Garcia, 57. The investigation centered on fraudulent claims he allegedly made when entering the country. Morejon Garcia failed to disclose his membership in the Cuban Communist Party pic.twitter.com/mK3iPX9OrZ
— HSI Miami (@HSI_Miami) April 14, 2025
Según los documentos oficiales y los múltiples reportes de prensa, al entrar al país Morejón habría omitido declarar su membresía en el Partido Comunista de Cuba y su rol como agente cubano del Ministerio del Interior (MININT).
Pero, además, habría participado en la represión de manifestantes durante el levantamiento del 11 de julio de 2021, en calidad de miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida y presidente del Consejo de Defensa Municipal en Artemisa.
Aquí un video del momento de su arresto, publicado en Facebook por el activista cubano Saúl Manuel.
Según su ficha en la página Represores Cubanos, existe un video que lo muestra el 11 de julio, en una calle de Artemisa, bajándose de una motocicleta y golpeando a un manifestante.
El video, fue publicado hace unas horas por la activista Diasniurka Salcedo, quien alega además que Daniel, no solo golpeó a un manifestante, sino que compareció como testigo en juicios contra varios de ellos. Daniel es el del pullover blanco.
La historia de este caso no se puede contar sin mencionar que fueron las denuncias públicas las que encendieron la mecha. Fue Salcedo quien, con nombres, apellidos y dirección, expuso a Morejón en redes sociales en agosto de 2024, aludiendo a su historial represivo y alertando a las autoridades.
Lo mismo ha ocurrido en casos anteriores, como el del un ex primer secretario del Partido Comunista, Tomás Urra, quien fue identificado en Estados Unidos tras una simple pero contundente solicitud lanzada en redes por la activista Saily González Velázquez.
Urra es mencionado en una publicación digital del diario Granma correspondiente al 20 de julio del 2003, como «Primer Secretario del Comité Municipal del Partido» en Varadero.
Urra, aunque ya se encuentra en libertad según fuentes extraoficiales, también habría sido investigado tras las alertas lanzadas por miembros del exilio cubano.
Lo cierto es que, sin esas alertas, sin esas publicaciones incómodas para muchos, y sin el eco que encuentran en la prensa independiente, probablemente muchos de estos casos jamás habrían llegado a los escritorios del ICE o el DHS.
Es aquí donde se entrecruzan varias capas de un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en el sur de la Florida: una red de colaboración, más organizada o más caótica según el día, entre activistas, periodistas independientes, influencers del exilio y organizaciones como el grupo Represores Cubanos, que lleva años documentando los rostros de la represión en la isla.
En muchos de estos casos, los periodistas —como Mario J. Pentón y otros colegas en medios como Cubanos por el Mundo, Martí Noticias y América TeVé, e influencers como Alex Otaola, y otros muchos cuya labor es desconocida y sus nombres no son tan mediáticos por decisión propia o porque no tienen tanta presencia en las redes o no poseen un canal de Youtube, entre otras herramientas digitales — amplifican la voz de los denunciantes y ponen en la agenda mediática nombres que de otro modo pasarían desapercibidos. Esta labor, que a veces se tacha de persecución o linchamiento digital, es en realidad el último recurso de una comunidad que ha sido víctima de esos mismos nombres y rostros cuando ejercían el poder y el miedo en Cuba.
Por supuesto, quienes tienen la última palabra son las agencias federales. ICE, DHS, HSI, CBP y otras entidades son las encargadas de verificar los datos, cruzar información con documentos oficiales, abrir expedientes y, si procede, detener a los implicados. Pero sería ingenuo pensar que las autoridades cuentan con un radar omnisciente que detecta automáticamente quién fue oficial del MININT, del DTI o del PCC. Esa información, en la mayoría de los casos, proviene del exilio, de gente que no olvida.
Y ahí entra en juego otro factor: muchas de las personas que colaboran con estas denuncias lo hacen desde el anonimato. Por miedo, por discreción, por vivir aún con familiares en Cuba. Pero ese primer ladrillo en el muro —la denuncia— es lo que permite que luego se levante toda la estructura legal que puede llevar a la deportación de un represor.
No deja de resultar contradictorio y hasta incomprensible si se quiere, que algunos de estos periodistas e «investigadores», hayan sufrido en carne propia los recortes presupuestarios del Departamento de Estado (DOGE), lo cual ha afectado también a varios medios de prensa independientes en el exilio. A pesar de ello, continúan documentando, cruzando fotos, comparando imágenes y preguntando en redes si alguien reconoce a “este tipo que ahora vive en Hialeah pero antes andaba con uniforme de policía en Holguín”.
La detención de Morejón, quien ahora está recluido en el centro de detención de Krome en espera de ser deportado, podría no ser la última. Según reportes de CBS, Fox, NBC, Local10 y el Miami Herald, las agencias federales tienen abiertos múltiples casos en los que se investiga la entrada irregular de ciudadanos cubanos con presuntos vínculos con organismos de represión. El congresista cubanoamericano Carlos Giménez ha enviado una lista al Departamento de Seguridad Nacional en la que se incluyen decenas de estos casos, muchos recopilados con apoyo del utilísimo grupo Represores Cubanos.
Todo esto refleja que, si bien es el gobierno estadounidense quien ejecuta las detenciones y los procesos migratorios, el motor inicial sigue siendo la comunidad. Es el activismo, el periodismo valiente y las denuncias ciudadanas lo que hace posible que la justicia —o algo parecido a la justicia— llegue a quienes, sin arrepentimiento ni consecuencias, participaron en actos de represión en Cuba y hoy viven en Estados Unidos como si nada hubiera pasado.
Por eso es tan importante reivindicar a quienes, con más o menos recursos, con más o menos visibilidad, siguen aportando información vital para impedir que los victimarios se disfracen de víctimas. A quienes envían un mensaje privado con una foto; a quienes publican un hilo en X (antes Twitter); a quienes cruzan un rostro con un archivo PDF del Granma. Sin ellos, muchas de estas historias jamás saldrían a la luz.
Porque en esta nueva etapa del exilio cubano en EE.UU., no se trata solo de hablar de libertad, sino de exigir que los que ayudaron a negarla en Cuba no la disfruten aquí como si nada. Y ese muro, para proteger la memoria y la justicia, comienza con un solo ladrillo. Que casi siempre lo pone un cubano.
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