El régimen cubano se encuentra nuevamente en el centro de la controversia internacional, señalado por brindar refugio a terroristas y prófugos de la justicia estadounidense.
Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una contundente declaración emitida recientemente, acusó al gobierno cubano de seguir ofreciendo protección a criminales que han perpetrado actos de violencia y terror, tanto en territorio estadounidense como en otras partes del mundo.
En el marco del 50 aniversario del atentado a la taberna Fraunces, Rubio emitió un comunicado en el que enfatizó la necesidad de que los fugitivos protegidos por Cuba enfrenten la justicia. “Le debemos a las víctimas y al pueblo estadounidense nuestro compromiso irrestricto de pedir cuentas al régimen cubano”, declaró. Además, recordó que el atentado, además de ser un acto de terrorismo brutal, también buscaba dañar símbolos históricos de Estados Unidos, como la taberna donde George Washington negoció la paz tras la Guerra de Independencia.
Rubio también hizo alusión a los aproximadamente 70 prófugos que se estima residen en Cuba, protegidos por el régimen. Entre ellos se incluyen no solo criminales estadounidenses, sino también miembros de organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y otros grupos insurgentes latinoamericanos.
On the 50th anniversary of the tragic bombing at Fraunces Tavern, we honor the memory of those who perished. Cuba continues to harbor and provide safe haven to U.S. fugitives and terrorists. We demand that wanted U.S. fugitives under the Cuban regime’s protection be brought to…
— Secretary Marco Rubio (@secrubio) January 25, 2025
Un largo historial de asilo a perseguidos
Desde la década de los 70, Cuba ha acogido a figuras asociadas con el terrorismo y otras actividades delictivas. Entre los nombres más destacados están Joanne Chesimard, conocida también como Assata Shakur, y William Morales. Ambos figuran como ejemplos emblemáticos de esta práctica controversial del régimen cubano.
Chesimard, miembro del Black Liberation Army, es buscada por el asesinato de un policía estatal en Nueva Jersey en 1973. Escapó de prisión en 1979 y ha vivido en Cuba desde entonces. Su inclusión en la lista de los terroristas más buscados del FBI ha mantenido su caso en el foco de la opinión pública. Por su parte, William Morales, vinculado a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), un grupo nacionalista puertorriqueño, es responsable de una serie de atentados, incluido el trágico bombardeo de la taberna Fraunces en Nueva York en 1975, que dejó cuatro muertos y decenas de heridos.
Morales logró escapar de la justicia tras ser arrestado en 1979 por posesión de explosivos, huyendo primero a México y posteriormente a Cuba. En La Habana, encontró refugio bajo la protección del régimen de Fidel Castro, donde se asentó y formó una familia.
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Cuba tiene un largo historial de apoyo a movimientos insurgentes y terroristas. Desde la Conferencia Tricontinental de 1966, el régimen ha proporcionado entrenamiento, logística y refugio a una variedad de grupos armados, incluyendo a los Montoneros argentinos, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, y las FARC de Colombia. Incluso durante los años 80, militares cubanos participaron activamente en conflictos como el de Nicaragua, apoyando al Frente Sandinista en su lucha contra la dictadura de Somoza.
En el ámbito internacional, Cuba también ha albergado a figuras de movimientos como el Frente de Liberación Nacional de Vietnam, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, y organizaciones separatistas como la ETA en España. Este historial le ha valido al régimen cubano su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, una designación que ha sido objeto de debate durante varias administraciones en Washington.
Una relación tensa y compleja. ¿Qué sigue?
La administración de Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida que había sido revertida previamente por Barack Obama en un intento por normalizar las relaciones bilaterales. Sin embargo, la persistencia del régimen cubano en ofrecer asilo a figuras como Morales y Shakur ha dificultado cualquier avance significativo en las relaciones entre ambos países.
Por su parte, el gobierno cubano considera esta designación como injusta, argumentando que se trata de una maniobra política para justificar las sanciones económicas que pesan sobre la isla. Sin embargo, las denuncias constantes desde Washington y los testimonios de familiares de las víctimas, como el caso de Joe Connor, hijo de una de las víctimas del atentado a la taberna Fraunces, mantienen el tema vivo en la esfera pública.
A pesar de los llamados a la justicia, la extradición de estos fugitivos parece poco probable en el corto plazo. El régimen cubano ha demostrado ser reticente a colaborar en este ámbito, reforzando su postura de que tales acciones forman parte de su política exterior soberana. Mientras tanto, las víctimas de los actos terroristas y sus familias continúan esperando justicia, mientras la sombra de estos crímenes históricos sigue proyectándose sobre las tensas relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
