El negocio privado de medicamentos comienza a tomar forma en Cuba. Al menos 14 proyectos ya superaron una primera evaluación oficial y podrán continuar el proceso para operar farmacias bajo gestión no estatal, una actividad que permaneció durante años fuera del alcance legal de las mipymes y otros emprendedores.
La cifra forma parte de un grupo mucho mayor: el Ministerio de Salud Pública (Minsap) estudia actualmente 36 iniciativas relacionadas con servicios farmacéuticos, mientras tres proyectos se encuentran en proceso de constitución.
Esto no significa, sin embargo, que existan ya 14 nuevas farmacias funcionando. Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Minsap, confirmó que ningún establecimiento de esta modalidad ha comenzado todavía a atender al público.
La apertura representa un cambio relevante en un país donde la venta formal de medicamentos ha estado históricamente concentrada en la red estatal y ocurre, además, en medio de las prolongadas dificultades para encontrar fármacos básicos en las farmacias cubanas.
Una apertura privada con fuertes límites estatales
Las nuevas empresas podrán ofrecer medicamentos y otros artículos relacionados con la salud, pero no funcionarán con independencia absoluta del Estado. Para recibir autorización deberán disponer de instalaciones capaces de garantizar las condiciones de conservación de los productos y contar con profesionales responsables de la actividad farmacéutica.
Tampoco podrán utilizar los locales donde funcionan actualmente las farmacias estatales. El Minsap aseguró que esas instalaciones continuarán en manos del Estado, por lo que los emprendimientos tendrán que desarrollar sus negocios en espacios diferentes.
La regulación también establece límites sobre lo que podrán colocar en sus estantes. Quedan excluidos los medicamentos reservados para uso hospitalario, las drogas y otros productos sometidos a controles especiales.
Además, los fármacos necesitan autorización sanitaria para venderse en Cuba. Como parte del nuevo esquema, las autoridades contemplan un registro temporal de hasta dos años, que permitiría comercializar determinados productos mientras se evalúa posteriormente su registro definitivo.
El Estado conservará una pieza clave del negocio
Uno de los elementos que muestra hasta dónde llega realmente la liberalización es el mecanismo para traer medicamentos desde el extranjero. Los propietarios de estas farmacias no podrán importar directamente los fármacos que deseen comercializar. Las operaciones deberán canalizarse mediante Medicuba, perteneciente al Minsap, o Farmacuba, vinculada a la industria farmacéutica estatal.
También podrán contratar servicios de Emcomed para almacenamiento, transportación y otras operaciones logísticas. De esta manera, el Gobierno permitirá la participación privada en la venta minorista, pero conservará un importante control sobre la entrada de los productos al país.
El cambio se hizo posible después de que el Decreto 160, publicado a finales de julio, flexibilizara las actividades permitidas al sector no estatal. Entre ellas fueron incorporados los servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidado y rehabilitación, siempre sujetos a autorización gubernamental.
La gran incógnita será el precio de los medicamentos
La aparición de estas farmacias podría ampliar las opciones para quienes hoy dependen de familiares que envían medicinas desde el extranjero, compras informales o establecimientos donde determinados productos alcanzan precios elevados.
Pero la apertura plantea otra cuestión especialmente sensible: cuánto costarán los medicamentos y qué parte de la población podrá pagarlos. Las autoridades sostienen que la red estatal continuará operando y que las nuevas formas de gestión funcionarán como complemento, no como sustituto.
El verdadero alcance de la medida, por tanto, no podrá medirse únicamente por el número de farmacias privadas que finalmente abran. También dependerá de su capacidad para mantener abastecimiento, de los precios que establezcan y de si esos productos terminan siendo accesibles para una población cuyo poder adquisitivo continúa severamente limitado.
Por ahora, hay 36 proyectos sobre la mesa y 14 con autorización para seguir avanzando, pero todavía ningún nuevo establecimiento de este tipo ha abierto oficialmente sus puertas.
